La oposición fuerza a Cifuentes a explicar en la comisión de corrupción cómo se “traspapeló” la providencia del juez

Los tres grupos de la oposición van a forzar a la presidenta de la Comunidad de Madrid a explicar en la comisión que investiga la corrupción, y que el PP ha abandonado, cómo se “traspapeló” la providencia del juzgado que le daba vía libre para entregar documentación del Canal de Isabel II que negó a la oposición.

Lo ha acordado esta tarde la mesa de la comisión por unanimidad, que ha fijado el viernes 2 de febrero como fecha. Los diputados llaman a comparecer también a otras tres personas: el abogado general de la Comunidad de Madrid, Carlos Moro; Fernando Luque, subdirector general de lo Consultivo y Asuntos Constitucionales (también de Abogacía); y el subdirector general de Régimen Normativo cesado, Sebastián Sánchez.

La oposición ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que la Abogacía de la Comunidad de Madrid firmó en diciembre un informe que obviaba que la resolución del juez hubiera llegado e instaba al Gobierno regional a enviar una nueva consulta a la Audiencia nacional.

La decisión tiene que pasar ahora por la mesa de la Asamblea de Madrid, el último filtro que tiene que dar el visto bueno a la propuesta. Será el próximo lunes.

Según la explicación ofrecida por la Comunidad de Madrid, el fax llegó a dependencias de la Abogacía (el mismo número lo comparten cuatro áreas distintas) y este se remitió al subdirector general de Régimen Normativo, que lo pasó de largo por “error humano”. El mismo día, el 18 de agosto, llegaron dos fax, según la documentación a la que ha accedido eldiario.es: uno a la 1:55 que comunicaba que el juez aceptaba la acusación particular del PP en el caso Lezo y otro, dos minutos más tarde, con la providencia. La primera noticia llegó a los medios el 22 de agosto; la segunda, cinco meses después y tras preguntar este medio por ella al Ejecutivo.

Esta será la segunda vez que Cifuentes pase por este órgano. La primera fue en junio, cuando tuvo que explicar cómo se adjudicaron en 2009 y 2011 los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid a la empresa de Arturo Fernández, investigados por la UCO por presuntas irregularidades en el marco de la Púnica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid negó el lunes su responsabilidad política en lo ocurrido. “Es una negilicencia administrativa grave, por la cual ya el subdirector ya ha sido cesado. Nadie puede pensar que no tenemos voluntad de cooperación o que estamos intentando ocultar algo. No hemos tenido constancia de la misma, ha sido un error, una negligencia administrativa. Ya podrán usted comprender la gracia que me hacen a mí estas cosas”, dijo ante los medios.

Paralelamente el PSOE ha registrado siete preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno regional con las que piden explicaciones pormenorizadas sobre lo ocurrido, como el procedimiento por el que el primer receptor lo envió al segundo o el motivo de que la providencia se mandara de manera horizontal entre subdirecciones y no a los superiores. Los socialistas también se preguntan por qué el Gobierno no conoció la providencia pese a que tenía acceso a ella al estar personados en el caso (concretamente en el tomo 48).

El grupo socialista ha pedido, además, una reunión a la Diputación Permanente para que convoque un pleno extraordinario para que Cristina Cifuentes informe sobre “la no remisión en tiempo y forma de la documentación del Canal de Isabel II, relativa al caso Lezo, solicitada por la comisión”.

El PP deja formalmente la comisión

El grupo popular se ha dado este jueves de baja formalmente de la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción en la región. Han pasado nueve días desde que lo anunciaron públicamente aunque los diputados ya habían dejado de ir a las reuniones de la mesa. Son seis en total, uno de ellos en la vicepresidencia, que ahora queda vacante y tendrá que ocupar un representante de otro grupo.

En el escrito dirigido a la mesa de la Asamblea y firmado por el portavoz Enrique Ossorio, el grupo popular repite los argumentos que ha empleado para justificar su marcha de la comisión: su prolongada duración, los “continuos insultos y el acoso que sufren las personas llamadas a comparecer” y por “haber quedado demostrada la completa ausencia de voluntad de los otros grupos de analizar los hechos de una manera objetiva en busca de la verdad”.