Los documentos que ha ocultado Cifuentes: de las operaciones de González y Gallardón a los pagos al testaferro de Lezo
Son decenas de documentos relacionados con el caso Lezo, la investigación que afecta a Alberto Ruiz Gallardón, que llevó a prisión provisional a Ignacio González y que provocó la dimisión de Esperanza Aguirre. Los documentos del Canal que Cristina Cifuentes niega a la oposición, aunque tiene autorización del juez para entregárselas, recorren todas las irregularidades de la empresa pública que han afectado a tres de los cuatro últimos presidentes de la Comunidad de Madrid.
La oposición las ha pedido en repetidas ocasiones, pero la respuesta de la Comunidad siempre ha sido que estaban protegidas por el secreto de sumario, y que era el juez de Lezo quien tenía que dar autorización. Sin embargo, la Audiencia Nacional dio autorización el pasado mes de agosto porque, argumentó, esas actas no estaban sujetas al secreto de sumario. A pesar de ello, la Comunidad ha seguido negándolas alegando que el juez no había contestado.
El Ejecutivo regional argumenta ahora que la providencia del juez se traspapeló y ha cesado a la subdirectora general de régimen jurídico que la recibió. El Gobierno de Cifuentes se compromete ahora a entregar esa información de “inmediato”, cinco meses después de que el juez le contestase que podía hacerlo.
Entre los documentos que reclaman los diputados de la Asamblea -en el marco de la comisión que investiga la corrupción en Madrid- se encuentran los informes sobre la compra de Emissao, el pelotazo en el que se acusa a González de haberse llevado comisiones, o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que que se realizó bajo la presidencia de Gallardón, y que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Pero también se reclaman documentos sobre los pagos abonados a Edmundo Rodríguez, así como el respaldo documental de su ascenso a presidente de Inassa. Entre las actas que Cifuentes ocultó se encuentra también una relativa a la creación de Canal Isabel II Gestión, en un Consejo de Administración en el que la propia presidenta regional intervino activamente para avalar el proceso y zanjar las criticas de quienes tenían dudas.
El pelotazo de González en Brasil
En el listado de documentos que el juez autorizó a entregar aparece repetidamente el nombre de la empresa Emissao. Los diputados reclaman, por ejemplo, los informes internos en los que se basó la compra, la due diligente sobre la operación o las actas de las reuniones en las que se aprobó que para el proceso se utilizase una sociedad vehículo con sede en Paraguay. Se reclama también la documentación relativa a pago que se hizo al dueño de Emissao, Sabastiao Cristovam, así como todos los detalles de las transferencias para cerrar la compra.
Esa operación está en el inicio del caso Lezo. El juez sostiene que se produjo un sobreprecio en la compra de esta empresa brasileña que fue a parar a los bolsillos de los principales implicados. Un arrepentido confesó que Ignacio González se llevó 1,8 millones de euros, mientras que otros cuatro presuntos implicados se llevaron 900.000 cada uno.
Entre ellos estaba Edmundo Rodríguez, testaferro de González, y la persona que falseó datos ante el Consejo de Administración del Canal para justificar la compra de Emissao. Entre otras cosas, omitió informes en los que se apuntaba que la empresa brasileña conseguía contratos a cambio de sobornos. Además, articuló la operación, preparada con cinco años de antelación, para que se cruzasen empresas pantalla de sus socios y el dinero acabase en bancos suizos.
La expansión con Gallardón
La oposición también reclama documentos relativos a Inassa, la sociedad colombiana que compró el Canal en 2001 por 73 millones de dólares, cuando Gallardón era presidente regional. La operación, según Anticorrupción y el juez, estuvo plagada de irregularidades pudo darse un sobreprecio, al igual que con la compra de Emissao.
La adquisición de Inassa supuso el inicio de la expansión del Canal por América Latina. Según Anticorrupción, Arturo Canalda, el gerente de la empresa pública, preparó la compra meses antes de tener autorización del Consejo de Gobierno. Además, esa autorización no incluía que Inassa se comprase a través de una sociedad vehículo con sede fiscal en Panamá.
Todos los consejeros del Canal que votaron a favor están imputados. Algunos han reconocido que manejaron valoraciones de Inassa muy por debajo de lo que se pagó finalmente, y han dicho no saber nada de la sociedad Panameña. Para ahondar en este asuntos, los diputados piden el acta de constitución de Canal Extensia, la sociedad que luego compró Inassa, y la documentación completa que manejaron los consejeros. Algunos han declarado que apenas tenían detalles y que se fiaron de los informes de Canalda.
Los pagos a Edmundo Rodríguez
El Canal compró Inassa, y en ella acabó de presidente Edmundo Rodríguez Sobrino. Se convirtió en el hombre de González para los negocios en latinoamérica y fue quien comandó el pelotazo de Emissao. Ahora, arrepentido, ha confesado que ingresó en Suiza la comisión que tanto él como el expresidente se llevaron de la compra de Emissao.
Por esa razón, los diputados han reclamado documentación relativa a su ascenso a la presidencia del Canal en 2006, ya con González en la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. Además, Rodríguez Sobrino fue la persona que se vio con José Manuel Serra Peris para tratar de averiguar si había una investigación contra él y González.
Mientras gestaba las operaciones del Canal de las que luego se llevaba una parte, Rodríguez Sobrino tenía un sueldo de 30.000 euros al mes, recibió pagos de la empresa pública a su bufete de abogados, y pretendía llevarse 700.000 euros cuando le despidieron. La oposición ha reclamado toda la documentación relativa a esos acuerdos económicos.
El apoyo de Cifuentes a Canal Isabel II Gestión
Los parlamentarios de la oposición han reclamado todas las actas del Canal entre 2007 y 2015. Hay una que afecta directamente a Cifuentes, porque intervino en un Consejo de Administración como delegada del Gobierno, en la reunión que trató la creación de Canal Isabel II Gestión, una sociedad proyectada en 2008 por Esperanza Aguirre e ideada para atraer el capital privado a la empresa pública de la gestión del agua.
El Consejo estuvo presidido por el entonces presidente regional, Ignacio González, ahora en prisión provisional por presuntos delitos cometidos a través del Canal. La batuta de la reunión la llevó el director gerente de la empresa, Adrián Martín, y el consejero José Manuel Serra Peris, ambos imputados en Lezo.
Algunos consejeros protestaron porque la ingente documentación que tenían que analizar la habían recibido tan solo un día antes del Consejo. Cifuentes intervino para defender la transparencia del proceso: “En este Consejo ninguna información se ha ocultado”. Volvió a intervenir ya al término de la reunión, cuando tomó la palabra para reiterar su apoyo a la creación de esa nueva sociedad.
