Radiografía de cuatro años de sanciones a residencias en Madrid: un millón de euros y cien centros apercibidos

La Comunidad de Madrid ha ingresado durante los últimos cuatro años más de 1,4 millones de euros en sanciones impuestas a residencias de ancianos. Cerca de un centenar de centros fueron multados por vulnerar la normativa autonómica que regula los servicios sociales autonómicos. El contenido de los expedientes emitidos entre 2017 y 2020 recogen episodios de todo tipo: usuarios desatendidos, instalaciones deficientes, medicación caducada, sujeciones que no están prescritas, falta de información a familiares, residencias que no están registradas y escasa intimidad.

Tres centros —Las Mercedes, Hestia y Sierra de Kanaima—  acumulan las seis multas más elevadas impuestas entre 2017 y 2020, que oscilan entre los 132.000 y los 42.000 euros. Tras varias inspecciones en la primera residencia, los trabajadores de la Consejería alertaron de que no había agua caliente en los cuartos de baño: la dirección del centro había “cortado” el suministro alegando que los residentes solían dejar el grifo abierto. Otro de los puntos que centró la atención de los inspectores fue la precariedad de las instalaciones de este centro de 25 plazas. “Se constata que el centro ofrece una apariencia general de decadencia, con un aspecto mugriento, mobiliario viejo y obsoleto y desorden general en diversas estancias”, alertaron ya en 2016, cuatro años de que aflorara la peor pandemia en un siglo, para emitir la sanción. 

En otra visita a ese centro constataron que entre la cena, que se realizaba alrededor de las siete de la tarde, y el desayuno, previsto a las 8 de la mañana, no se ofrecía a los residentes “ningún tipo de alimentación durante el periodo nocturno, ni siquiera a los diabéticos, salvo puntualmente previa solicitud del usuario”. Las inspecciones certificaron largos ayunos obligatorios: “transcurren más de doce horas entre la ingesta de la noche y la de la mañana del día siguiente”. Ante los hechos descritos, la Consejería optó por revocar a este centro la autorización para su funcionamiento durante diez años e inhabilitar a su directora por no encontrarse “inscrita en el registro” de responsables de centros de servicios sociales.

Información obtenida por el portal de transparencia

Hasta ahora, y siempre gracias a peticiones al portal de transparencia, se había conseguido el listado de centros de mayores sancionados y el motivo principal, pero no se había tenido acceso al contenido de todos los expedientes elaborados por la inspección autonómica, documentos en los que se detallan las debilidades que la red de residencias concertadas y privadas que hay en la región tenían antes de la pandemia. Posteriormente a los hechos recogidos en estos archivos —entre marzo y mayo de 2020— el 18% de los usuarios (7.600) de residencias madrileñas fallecieron. La inesperada expansión del virus provocó que estos centros se convirtieran en el principal foco de la emergencia sanitaria. 

A lo largo del centenar de expedientes emitidos por el departamento de Políticas Sociales se recogen episodios de accidentes de residentes, usuarios desatendidos, instalaciones deficientes, medicación caducada, sujeciones que no están prescritas, falta de información a familiares, residencias que no están registradas y escasa intimidad para los internos. En algunos casos, como en el de la residencia Hestia, los resultados de las inspecciones desembocaron en el cierre del centro tras constatar “graves deficiencias de atención” que durante cuatro años se han producido “persistentemente”, como informó elDiario.es. 

Los documentos recogen además episodios puntuales, aunque los hechos descritos tienen una consecuencia emocional devastadora para la familia del afectado. El centro Palacios, localizado en el municipio de Ciempozuelos, fue sancionado en 2017 con 7.200 euros por no avisar a los familiares de un residente que fue derivado al hospital. El usuario de esta residencia —que cuenta con 84 plazas—  falleció “completamente solo” en el complejo sanitario, según la reclamación presentada por uno de sus hijos. El director del centro reconoció la responsabilidad de la residencia y admitió que “por descuido” nadie avisó a sus familiares. 

Una anciana se escapó y falleció

La falta de información a las familias también acarreó multas. Por ejemplo, una reclamación realizada porque no se alertó de la caída de una anciana en la residencia Magan (Torrejón de la Calzada) es uno de los hechos que motivó una sanción de 6.000 euros. “La residente presentaba hematomas en [la] cara” pero los familiares no fueron alertados del incidente hasta que visitaron a la usuaria en persona, plantea uno de los expedientes emitidos en 2018. Hasta que los seres queridos no comunicaron esta situación, el centro no tuvo constancia en los registros oficiales del golpe.

En el mismo expediente, este último centro también fue multado por colocar, sin estar prescrito, un cinturón abdominal a una usuaria y mantener a otras cuatro con sujeciones “atadas con vendas” —recoge el texto— “en vez del correspondiente imán de cierre”. Este asunto, el de las fijaciones sin pautar, es muy recurrente en el centenar de sanciones emitidas en los últimos cuatro años. Se recogen varios casos de sujeciones que no cuadran con lo que los residentes tienen prescrito. 

Con 18.000 euros se saldó el episodio que saltó en enero de 2019 a los medios de comunicación. Isabel, con 85 años y enferma de alzheimer, se escapó de la residencia Montesalud (Las Rozas). Su cuerpo apareció al día siguiente a pocos kilómetros del centro y con síntomas de congelación, según la información publicada por El Mundo. La resolución de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid concluye que esta mujer “salió del centro atravesando las dos puertas del acceso principal y la reja que da acceso a la calle”. “Ni las puertas ni la reja tenían operativo cualquier dispositivo que impidiera la libre salida del centro”, constataron los inspectores. 

Ese mismo año en la residencia Geriatel se produjo otro siniestro grave. Un usuario “con ceguera bilateral congénita y déficit auditivo” se precipitó por el hueco del ascensor. El usuario tuvo mala suerte y se acercó a la puerta del elevador mientras realizaban tareas de mantenimiento, sin que en ningún momento se colocase alguna “medida de protección”. El incidente se saldó con varias heridas, pero el afectado no perdió la “consciencia en ningún momento”. 3.600 euros abonó el centro a la Consejería por estos hechos. 

Los casos de ancianos que se escapan del centro también están presentes en las infracciones detectadas por los trabajadores del área social de la Comunidad. La Merced de los Peñascales, uno de los centros que sufrió esta situación, reivindicó que la ley no les impone “una obligación de vigilancia individualizada y, menos aún, permanente” de los usuarios del centro. Aún así, terminó abonando 14.000 euros por el expediente emitido en 2017 contra el centro, después de que el inspector constatase la fuga de un residente y viese que algunos usuarios no tenían personal cerca supervisándoles.

Un episodio parecido se vivió en el centro geriátrico de Hortaleza, en este caso el usuario que deambulaba por la calle “fue recogido por un taxi que pasaba por la zona” y trasladado por el conductor “al domicilio de sus familiares”. 12.000 euros asumió la empresa en 2019 por estos hechos. Dos años antes, ya habían afrontado una multa de 7.000 euros. 

Suciedad y falta de intimidad

Capítulo aparte merecen las condiciones de las instalaciones y la limpieza de los usuarios en algunos de los centros sancionados.  Los trabajadores de la Consejería que se acercaron al Centro Arzobispo Morcillo (Soto del Real) —sancionado con 24.000 euros—  detectaron que “todas las habitaciones visitadas presentaban manchas en las paredes” y observaron “suciedad y restos orgánicos en las fundas de las almohadas de las camas de los dormitorios”.

Entre los ejemplos que hay en los expedientes emitidos en los últimos cuatro años, llama la atención la descripción que realizan de los Jardines de Navas: “[Un trabajador] realiza las siguientes tareas sin cambiarse los guantes en ningún momento: suministra cinco recenas, hace tres cambios de pañal y vacía una sonda vesical”. Y continúa con la descripción de lo que se encontró: “El inspector actuante observa que el suelo del salón está pegajoso, que hay moscas en los salones comunes y olor a orín en el salón principal”. 15.000 euros abonó el centro en 2018 por los hechos descritos.

Según la documentación facilitada por la Comunidad de Madrid, hay un patrón que se repite en varios centros sobre la hora a la que arranca el día para algunos usuarios. La Consejería de Políticas Sociales ha reprochado a algunas residencias que despierten a los internos antes de las 7 de la mañana. En una de las visitas del personal autonómico a Orpea Carabanchel detectaron a esa hora a dos usuarias “aseadas y vestidas”. “Según manifiesta la directora al inspector, no se ha informado a las familias sobre el hecho de que sus familiares son levantados a las 6.30h”, recoge el expediente sancionador emitido en 2019. 

“A partir de las 6.30 horas, el personal del turno de noche comienza a levantar y asear hasta un total de 10 residentes, según funciones que tienen asignadas”, detalla la resolución emitida contra Alsean Retiro de Aravaca. Sobre la gestión de este centro, el inspector también destaca las bajas temperaturas registradas en algunas instalaciones durante una visita realizada en diciembre de 2017: “En la habitación denominada Enfermería, se mide una temperatura de 17,6 centígrados. El usuario de esta habitación manifiesta sentir frío, no funcionando tampoco el aparato eléctrico de calor complementario”.

Sobre este asunto, la compañía alegó que las “llaves de apertura y cierre del circuito” de la calefacción “en ocasiones se encuentran manipuladas por los propios residentes” y que su personal no recibió “ningún aviso o queja” por ese asunto. En relación a los madrugones de los mayores, alegaron que lo realizaban por iniciativa propia de los usuarios porque comienzan “a demandar al personal dichas tareas de aseo” a horas tempranas y se realizan “por el posible riesgo de caídas”, continúa el texto. La Comunidad mantuvo su argumentación. El centro fue sancionado en 2019 con 35.000 euros.

La falta de intimidad es otro de los casos que se repiten en las actas de inspección. “Se observa en uno de los baños colectivos de la planta baja, junto al comedor, a una auxiliar atendiendo a dos residentes que se encuentran sentadas en los inodoros con las puertas abiertas, de forma que pueden ser vistas bien al entrar en el mismo o bien desde fuera, reflejadas en el espejo”, relató el trabajador de la Consejería de Políticas Sociales en su visita a Orpea Sanchinarro. El centro hizo frente en 2019 a una multa de 10.800 euros.

Residencias fantasma

Finalmente, los inspectores también alertan de casos de residencias fantasma, centros en los que se desarrollan “servicios sociales para personas mayores, careciendo de la preceptiva autorización administrativa y sin que se reúnan los requisitos funcionales y materiales establecidos en la normativa al respecto”. 60.000 euros abonaron por este motivo los gestores de dos centros ubicados en el municipio Los Santos de la Humosa.

Hace casi dos años, y antes de que irrumpiese la pandemia, el Gobierno autonómico aseguró que haría pública esta documentación. Nunca sucedió. El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, exdiputado autonómico de Ciudadanos, respondió en una entrevista en El País que tanto estos documentos como las actas de inspección iban a estar disponibles en una web para que las familias pudiesen consultar qué residencias estaban “superando los controles”. Desde la Consejería, gestionada actualmente por el PP, aseguran que “la Comunidad cumple escrupulosamente con la normativa vigente en esa materia”.

A pesar de los anuncios del Ejecutivo autonómico, elDiario.es ha tenido que reclamar ante el Consejo de Transparencia esta información para que finalmente la Comunidad de Madrid facilitase un acceso parcial a estos documentos, ya que la Consejería de Políticas Sociales ha tachado partes de los archivos alegando una “disociación de los datos de carácter personal”.