Atajar la precariedad, reforzar plantillas y mejorar la atención sanitaria: el desafío pendiente en las residencias, zona cero de la pandemia

La irrupción del coronavirus les ha puesto en el punto de mira, pero los empleados de residencias de ancianos llevan años reivindicando que se mejoren las condiciones laborales de sus puestos de trabajo. En la Comunidad de Madrid solo 25 de los más de 475 centros de mayores que existen están gestionados directamente por la administración pública. Con sueldos de mileurista, una carga de trabajo que aumentó durante la pandemia y la experiencia traumática de ver morir a decenas de mayores a los que han atendido durante años, los trabajadores de centros de la tercera edad continúan reclamando que se aumenten las plantillas. 

“La pandemia ha visibilizado las condiciones laborales que arrastramos desde hace años”, reivindica Juani Peñafiel, responsable en CCOO del área que engloba a las residencias privadas y concertadas de la Comunidad de Madrid. Esta sindicalista insiste en que no solo piden que se incrementen los salarios, también que se refuercen los equipos que atienden a los mayores. “Nuestras condiciones laborales recaen en el usuario”, recuerda. 

Las residencias de la Comunidad de Madrid fueron la zona cero de la pandemia. El 18% de los usuarios (7.690) de geriátricos madrileños fallecieron entre marzo y mayo de 2020, en los momentos más duros de la pandemia. Los centros de mayores se convirtieron en el mayor foco de la epidemia en toda España a lo largo de la primera ola por el efecto letal del virus en estos lugares de concentración de población vulnerable. “Siento que he vivido una guerra, donde no he tenido medios, donde he sido juzgada de antemano como asesina, que he acumulado muertos”, relató la directora del centro de mayores Amavir de Alcorcón, Lidia Sánchez, en una de las jornadas de la Comisión de Investigación que se abrió para conocer lo que sucedió en esos centros entre los meses de marzo y junio.

El Gobierno autonómico tampoco llegó a medicalizar los geriátricos, como prometió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al inicio de la pandemia. El fallido intento duró doce días y fue bautizado por sus promotores como “Operación Bicho”. La estrategia de la administración autonómica consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social, como desveló elDiario.es.

En un análisis publicado en octubre por el grupo de investigación ‘Políticas Sociales y Estado del Bienestar’ del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la gestión institucional de las residencias durante la pandemia destacaron que estos centros “acusan problemas estructurales de capacidad”. Entre los desafíos que debe afrontar el sector, los investigadores citan la “precarización del empleo en el sector de residencias, incluidos los bajos salarios que dificultan la cobertura de algunos puestos, las inadecuadas ratios profesionales por categoría, las carencias de información sobre diferentes aspectos del funcionamiento de las residencias o la mejorable inspección e intervención de las autoridades en algunas comunidades”. 

Raúl Camargo impulsó en 2018, siendo diputado autonómico de Podemos, un proyecto de ley de residencias que no salió adelante con el que pretendía cambiar el modelo autonómico. Tras analizar el sistema de atención a la tercera edad asegura que “el principal fallo” que detectó fue que la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid “es casi en su totalidad privada”. En su análisis, también apunta a la precariedad de las trabajadoras y a unas ratios obsoletas: “Hay residencias donde el 80-85% de los residentes son personas con grado 3 de dependencia [el más elevado], que necesitan que les hagan todo, y tienes un acuerdo del año 2008 que está pensado para residencias donde todavía había un porcentaje elevado de personas mayores que podían valerse por sí mismas”, destaca Camargo, que es miembro de la plataforma Marea de Residencias.

Al igual que el exdiputado autonómico, Peñafiel destaca que las condiciones laborales de los trabajadores no han mejorado. “Vamos a peor”, asegura la portavoz de CCOO. A su vez añade que “en las residencias concertadas de la CAM es raro el día que no falta alguien” porque no se cubren las bajas o días de asuntos propios del personal.

Acuerdo un mes antes de las elecciones

La Comunidad de Madrid anunció en febrero, un mes antes de que la presidenta autonómica convocase elecciones, un nuevo acuerdo marco que estaba previsto que entrase en vigor a mediados de año y que suponía un incremento de 58 millones de euros anuales en la partida presupuestaria destinada al concierto de residencias de mayores de la región. Según difundió la Comunidad, el precio que paga la Consejería por cada plaza en centros de gestión indirecta se incrementará un 37,4%, al pasar de 54,51 a 74,88 euros diarios. Además, aumentará en cinco centésimas — de 0,42 a 0,47 por residente — la ratio de personal de atención directa, un concepto que incluye a médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o psicólogos. 

“El problema de las ratios es que cuentan a todos los trabajadores —desde el director hasta el cocinero— y les cuentan como si estuvieran trabajando todas las horas del día. No es un 0,47 por cada residente, es un 0,47 dividido entre tres porque tienen tres turnos de trabajo”, lamenta Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare).

Durante y después del drama vivido en los centros de mayores, los políticos aprovecharon sus intervenciones públicas para destacar la necesidad de repensar el modelo actual de residencias. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, aseguró en una entrevista en El Confidencial que quería “cambiar el modelo sociosanitario de las residencias, al menos de muchas de ellas”. Aseguró que realizaba esa afirmación por varios motivos: “Viendo lo que hemos vivido en estos días, y sabiendo que podemos tener en el futuro otros coronavirus”. 

Entre los miembros del Gobierno de coalición de Ciudadanos y PP en la Comunidad de Madrid, el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, fue el que expuso públicamente en detalle en qué situación se encontraban las residencias autonómicas. Reyero destacó hace un año en la Asamblea de Madrid, que en los ocho meses que llevaba en el Ejecutivo no había “podido contar con un nuevo presupuesto para introducir algún pequeño cambio”.

Un modelo social o sanitario: reflexiones sobre el futuro de las residencias

El exconsejero recordó que en esas fechas había 135 centros residenciales de mayores sin médico (28% del total) y 106 que solo cuentan con él en turno de mañana (22%). “Deberíamos reflexionar acerca de si el modelo actual de residencias, que es social y muy poco sanitario, es el adecuado para nuestros mayores, y si deberíamos encaminarnos hacia centros de atención verdaderamente sociosanitaria y, por tanto, con un alto componente de medicalización”, destacó. 

Su alegato no se quedó ahí, se mostró muy favorable a la segunda opción expuesta, “sobre todo para el caso de las personas más dependientes”. Y alertó: “Pero entonces llegaríamos a la conclusión de que un modelo como el actual, en el que se paga poco más de 50 euros/plaza/día, en el que todo el presupuesto es a cargo de Políticas Sociales, no nos vale; deberíamos ir a otros modelos, como ya existen en otros países europeos, en los que se diferencia la parte de alojamiento y de asistencia, que es a cargo de Políticas Sociales, y la sanitaria, que es a cargo de Sanidad, lo que, sin duda, elevaría el presupuesto pero también los servicios a las personas y la tecnología disponible”. 

La plataforma Envejecimiento en Red del CSIC elabora anualmente informes en los que desglosa los datos de centros de mayores que hay en toda España. En su última edición, realizada con información de septiembre de 2020, esbozan que en la Comunidad hay 405 residencias privadas y 72 que reciben financiación pública. El 84% de las plazas de centros que tienen conciertos con la Comunidad se encuentran en emplazamientos de gran tamaño, tienen capacidad para albergar a más de un centenar de ancianos. Entre los privados, el porcentaje es inferior (69,5%). 

Menciones en los programas electorales

Repensar el tamaño de las residencias es otro de los desafíos apuntados por Reyero en la comparecencia que realizó en abril en la Asamblea: “Debemos avanzar hacia modelos más centrados en la persona, más convivenciales, más pequeños, que apuesten por la autonomía de las personas y que garanticen su toma de decisiones, sobre todo pensando en las personas más autónomas que no quieren un centro sociosanitario sino que quieren un centro en el que puedan vivir los últimos años de su vida en condiciones de completa autonomía”. 

Algunos partidos han introducido en sus programas este asunto. Más Madrid considera que es necesario “repensar el modelo de atención a la dependencia, especialmente el de las personas mayores”, que abogan por abordarlo “desde lo público, excluyendo tajantemente el lucro como parte de su gestión”. Los socialistas también apuestan por “explorar las posibilidades de los nuevos modelos de servicios sociales residenciales y de cuidados para mayores”. Asimismo, la candidatura de Ángel Gabilondo defiende que hay que dotar a las residencias “de unos servicios de Atención Primaria adecuados a las necesidades de los residentes en estos centros”.

En el resto de partidos, mientras Ciudadanos se limita a asegurar que crearán “planes de formación para los profesionales de las residencias”, el PP defiende que cambiará “el modelo de residencias de mayores con más profesionales”. “Nos comprometemos a ser la región que más personal tenga”, aseguró Díaz Ayuso. Vox no ha incluido ninguna medida sobre este asunto en el programa de diez puntos que tienen publicado en su página web.