Reprobaciones de quita y pon en la Asamblea de Madrid

La Real Academia Española define el verbo reprobar como “no aprobar, dar por malo”. En la política española la reprobación se ha utilizado para mostrar la disconformidad con el adversario político. También en la autonómica. En Madrid, la Asamblea ha hecho pasar por este trago a propios y ajenos. Al menos, hasta ahora. El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en la Mesa para bloquear una votación contra el vicepresidente del Ejecutivo, Enrique Ossorio, alegando que no es una figura contemplada en el reglamento, pese a que la propia formación la utilizó en el pasado.

Tras las declaraciones de Ossorio sobre las muertes de ancianos en residencias durante lo peor de la pandemia de COVID-19, en las que afirmó que las familias ya lo habían superado, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos registraron sendas peticiones ante la Mesa de la Asamblea en las que instaban al Gobierno de la Comunidad a mostrar su rechazo por estas palabras y a reunirse con los familiares de las personas fallecidas. Este órgano es el encargado de gestionar qué llega al pleno de la Cámara, pero para ello debe atender únicamente a cuestiones jurídicas. Tras la petición de la formación que lidera Mónica García, decidió su no admisión a trámite “por contener el escrito una reprobación individual encubierta”, lo que a juicio de los grupos de izquierdas supone una valoración.

La Mesa, en la que el PP disfruta de una mayoría absoluta que no tuvo en las urnas ni tiene en la Asamblea, justifica su negativa en que la reprobación es “una iniciativa que no está contemplada en el Reglamento” de la Cámara. Aunque en ese texto no se recoge esta figura, los populares no utilizaron este argumento cuando en julio de 2020 colocaron en la picota al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

“Hemos registrado una iniciativa para solicitar la reprobación del delegado del Gobierno en Madrid”, presumían entonces desde el grupo parlamentario popular en la Asamblea. Su entonces portavoz y ahora secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, justificaba su petición en “numerosos motivos”. El principal, decía, era “la dejación de funciones los días previos al estado de alarma permitiendo numerosos eventos y actos multitudinarios sin medidas de prevención ni de seguridad, todo ello para garantizar la agenda política con respecto al 8M por parte del Gobierno de España”.

Inicialmente, la Mesa frenó esta petición. Entonces no había mayoría absoluta en este órgano y tanto el PSOE como Ciudadanos consideraron que la iniciativa contenía “juicios de valor”. Sin embargo, en una segunda formulación, el socio de coalición de Ayuso en su primera y breve legislatura apoyó la tramitación de la proposición no de ley contra Franco, también secretario general de los socialistas madrileños. No solo eso, esta salió adelante en la Cámara regional apoyada por todo el espectro de la derecha.

La Mesa de la Asamblea lleva toda la nueva legislatura bloqueando la mayoría de iniciativas de la izquierda referentes a asuntos relacionados con la pandemia, sobre todo las que tienen que ver con lo ocurrido en las residencias de mayores en los primeros meses y sobre el protocolo que impedía derivar ancianos desde estos centros a los hospitales. Conscientes de esta situación, desde Más Madrid señalan que basaron su petición de reprobación a Ossorio en la que el PP presentó para Franco. Pero hay alguna salvedad. En la del vicepresidente madrileño ni siquiera se menciona ese término, mientras sí se hacía en la del exdelegado del Gobierno.

Fuentes del PP alegaban tras la decisión de la Mesa sobre Ossorio que permitir la tramitación de la reprobación, que por otro lado no tiene consecuencias más allá de su simbolismo, supondría un fraude de ley y que la decisión correcta era esta y no las del pasado. Pero ni siquiera hay que remontarse a legislaturas anteriores para encontrar más ejemplos. En febrero de este año, y ya con la aritmética nacida de las elecciones de mayo de 2021, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, fue sometida a una votación por el caso de las menores prostituidas que tutelaba la Comunidad de Madrid, de la que se salvó en el pleno por la abstención de Vox.

Entonces, el partido de extrema derecha no amagaba con reclamar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su responsabilidad sobre lo ocurrido en lo peor de la pandemia, mientras la petición de reprobación a Ossorio este octubre se produjo después de que Vox reclamase una comisión sobre este asunto. Aunque finalmente la retiró, su solo registro amenazó con una pinza con la izquierda para esclarecer lo que pasó aquellos meses de 2020 que provocó la respuesta airada de la presidenta. “Otra vez van a ir de la mano con Más Madrid, con Podemos y con el PSOE a otra comisión contra mí. ¿Pero qué hacen ustedes pactando con la izquierda? Esta gente les llama ultraderecha, esta gente querría ilegalizarles a ustedes. ¿Se puede saber cómo pueden ir de la mano con esta gente para hacer semejante despropósito? En esta vida además de ser firme y tener valor hay que tener principios”, llegó a espetarle la presidenta a Rocío Monasterio.

Más allá de la reprobación fallida a Dancausa, la hemeroteca madrileña tiene sobrados ejemplos de actuaciones similares que llegaron al pleno de la Asamblea, aunque las diferentes mayorías que apoyan al Gobierno de turno han conseguido salvarlas. Cuando los grupos de izquierda promovieron este mecanismo contra la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, después de que esta expulsara de un pleno a la diputada socialista María del Carmen López por afirmar que el hermano de Ayuso se dedicaba “a ir por los hospitales a sugerir a qué empresas hay que contratar” durante la pandemia, ya surgió el debate sobre si esta figura se podía aplicar o no.

Vox, cuyo grupo fue el primero en abandonar la Cámara a modo de protesta cuando se expulsó a la socialista, se opuso sin embargo a la reprobación de Carballedo, impidiendo que saliera adelante. “Políticamente ya está reprobada”, se conformó el líder del PSOE, Juan Lobato, consciente de que el efecto sería el mismo en cualquier caso. La prueba es que Franco había seguido en el cargo tras perderla el año anterior.  

La titular de Políticas Sociales en este Gobierno de Ayuso no ha sido la primera consejera sometida a una votación de reprobación en la Asamblea. El propio Ossorio, que la ha esquivado ahora, no corrió la misma suerte en octubre de 2020. Entonces se libró gracias al voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox, aunque tuvo que pasar por el debate en el pleno de la Cámara. La iniciativa había partido de Más Madrid y contaba con el apoyo de los grupos de izquierda a raíz de la gestión del consejero de Educación del inicio del curso escolar 2020/21, el primero con el COVID-19 causando estragos.

Fue el mismo esquema que se vivió en junio de 2020, cuando Unidas Podemos presentó una proposición no de ley que apoyaron PSOE y Más Madrid. En ella se exigía el cese o la dimisión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por “mentir sobre la existencia de un protocolo que prohibía la derivación de los enfermos con sintomatología de COVID-19 de las residencias de mayores a los hospitales para su cuidado y tratamiento”. La petición llegó también en aquel momento hasta el pleno, donde decayó gracias a las tres derechas.

Aunque Ciudadanos votó en contra de la reprobación, aquella sesión parlamentaria evidenció las tensiones en el seno del partido, que compartía Gobierno con el PP. El entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, enfrentado con Escudero, acató la disciplina de voto de su partido pero se ausentó durante el debate y la ovación final a su compañero de Ejecutivo. Fue el propio Reyero quien denunció que los protocolos aplicados eran “posiblemente ilegales”.  

 En la última semana, el PSOE madrileño ya ha venido denunciando el uso que hace el PP de su mayoría absoluta en la Mesa de la Asamblea, donde tiene cuatro de los siete puestos de este órgano que gestiona el funcionamiento de la Cámara. De hecho, los socialistas llevarán al Constitucional dos enmiendas de PP y Vox en la tramitación de la ley ómnibus y estudian la posibilidad de hacer lo propio con el veto a la comisión de investigación sobre las residencias y la reprobación de Ossorio.

“La falta de funcionamiento democrático en esta institución se repite cada día. La Mesa de la Asamblea tiene una mayoría absoluta del PP que no le dieron las urnas. Lo que está haciendo es tomar acciones antidemocráticas, saltándose el Reglamento, como en el caso de la Ley Ómnibus”, afeó el líder del PSM, Juan Lobato. “Es un procedimiento sin precedentes que llevaremos al Tribunal Constitucional porque ya está bien que el rodillo del PP, que no tuvieron en las urnas, lo apliquen en la Asamblea”, avanzó.

Sin reprobación oficial a la vista, por lo que sí ha tenido que pasar el vicepresidente de Ayuso en la Asamblea ha sido por la crítica de toda la oposición, que en el pleno de la semana en la que se produjeron sus polémicas declaraciones, que también han molestado a los familiares de las víctimas, le afearon sus palabras y pidieron a Ayuso su cese. Los diputados del PSOE llegaron a abandonar sus asientos mientras Ossorio intervenía y Más Madrid y Unidas Podemos coreaban gritos de “dimisión”.