Una sentencia contra el Gobierno de Gallardón reduce en un tercio el presupuesto de Carmena para obras en 2018
Una sentencia judicial contra una decisión del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón va a reducir el ya recortado presupuesto de Manuela Carmena para obras públicas en 2018. Cerca de 70 millones de euros, de los 210 millones presupuestados para inversiones, tendrán que destinarse en enero a pagar una condena judicial. Esto supone que el Ayuntamiento de Madrid y todas las empresas públicas del mismo solo contarán con 140 millones para esta partida.
La expropiación de unos terrenos de Madrid Río por parte del Gobierno de Gallardón para la construcción de la M-30 es la causante de esta sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de Madrid a pagar indemnizaciones por 63 millones de euros, que ascienden a unos 70 millones por los intereses de demora y las costas judiciales. El Ayuntamiento de Madrid ha tenido que retrasar el pago de la sentencia precisamente por la regla de gasto y el pleito con Hacienda, ya que de haberse asumido el gasto durante este año el incumplimiento habría sido mayor, aseguran fuentes municipales. De modo que el imprevisto se tendrá que asumir en 2018 reduciendo drásticamente la partida.
El plan económico cerrado entre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para sellar la paz entre ambas administraciones supone un recorte en el presupuesto para inversiones de 85 millones de euros para 2018 respecto a este año, un 28% menos, un acuerdo que también le ha costado a la regidora una crisis de Gobierno por el cese de su hasta entonces concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que se negó a apoyar el plan en el Pleno. Si se compara con lo que se destinó en 2016, la reducción en esta partida es de 273 millones: 350 millones de euros en dos años. El pago de esta sentencia judicial supone que unos 70 millones, de un presupuesto que ha menguado considerablemente no puedan destinarse a obra pública o a la compra de autobuses, por ejemplo, y deja la partida en escasos 140 millones.
No es la primera vez que el Consistorio de Carmena afronta el pago de sentencias, un gasto que acaba siendo un imprevisto para un Ayuntamiento como el de Madrid que, teniendo que ajustar su presupuesto a un plan económico, no puede preveer un gasto de estas características dado el limitado margen que tiene. Hay una partida del presupuesto que se destina a estos imprevistos pero, como se comprueba con el plan económico que Carmena ha pactado con Montoro, dista mucho de lo que finalmente suponen estas sentencias: para 2018 la partida 'Fondos de contingencia y otros imprevistos' cuenta con 9,3 millones del presupuesto. En 2016 estos imprevistos por condenas ascendieron a 100 millones de euros.
Pero los 70 millones que Madrid tendrá que restar en 2018 de su presupuesto para inversiones pueden ser más. El Ayuntamiento fue condenado en diciembre de 2016 al pago de otra sentencia por otra mala gestión de gobiernos anteriores del PP por un total de 15 millones de euros. A noviembre de 2017, la cantidad todavía no se había abonado, lo que supone que el montante puede haber aumentado a los 20 millones de euros por intereses de demora y costas. De no haberse hecho efectivo el pago, una cuestión que a día de hoy no ha sido contestada por el Consistorio a eldiario.es, el presupuesto para inversiones puede verse reducido hasta los 120 millones.
Manuela Carmena decidió pegarle tijeretazo a la partida de inversiones, la partida que fundamentalmente se destina a la realización de obras públicas. También se ha visto menguada la de transferencias de capital, que fundamentalmente es el dinero que el Ayuntamiento transfiere a las empresas del sector público (EMVS, EMT,...) fuera de su presupuesto para que estas pueden destinarlo a inversiones: construcción de viviendas sociales en el caso de la EMVS o compra de autobuses en el caso de la EMT, por ejemplo.
El motivo principal para ser las partidas más afectadas por los recortes es que en las demás hay menos margen para reducirlas puesto que son las destinadas al pago de nóminas o gastos corrientes. Otro es que el Gobierno de Ahora Madrid espera poder utilizar su superávit para destinarlo a obras públicas y otras inversiones como ha hecho este año gracias a la disposición en los Presupuestos generales que han permitido a las administraciones con superávit gastarlo en inversiones financieramente sostenibles (IFS).
El plan económico pactado con Montoro recoge que el superávit de 2017 será de 1.260 millones de euros, de los cuales 800 millones podrían destinarse a IFS si las características de las mismas se mantienen en 2018 iguales a las de ese año. Pero las características de estas inversiones, que actualmente no pueden ser de nueva construcción y deben ejecutarse en el año, pueden mejorar pero también empeorar. Es decir, que las condiciones pueden ser menos ventajosas que las actuales y al Gobierno de Ahora Madrid no le dé tiempo a gastar el dinero, pero también pueden cambiar a mejor como sería que se pudiera destinar a nueva obra.
El equipo de Manuela Carmena está a la espera de lo que ocurra este viernes en el consejo de ministros en el que el Gobierno de Rajoy puede anunciar medidas en este sentido para que las administraciones gasten su remanente de tesorería en 2018. De no llegar la buena noticia como regalo de año nuevo, la aprobación de esta disposición puede retrasarse hasta seis meses. El Ayuntamiento de Madrid tiene escaso margen para realizar las inversiones anunciadas durante la legislatura antes de la campaña, entre las que se encuentran las obras de la Gran Vía o Plaza España, per también a escuelas infantiles o la flota de autobuses de emisiones cero.
