Siete familias de ancianos muertos en residencias de Madrid vuelven al juzgado que investiga los protocolos de Ayuso

Múltiples juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid investigan las muertes de miles de ancianos en residencias de toda la región durante lo peor de la pandemia de coronavirus. En los próximos días uno de ellos, que analiza el fallecimiento de varias personas en las residencias Amavir Arganzuela y Adolfo Suárez de la capital, tomará declaración a representantes de siete familias de ancianos fallecidos en ambos centros. Un juzgado en el que ya han declarado antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid así como personal sanitario y las directoras de ambas residencias.

Miles de ancianos fallecieron en las residencias públicas y privadas de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus. Unos meses en los que el ejecutivo regional puso en marcha los protocolos de no derivación, bautizados por las familias afectadas como “protocolos de la vergüenza”: los criterios “de exclusión” para no trasladar a ancianos enfermos desde residencias no medicalizadas a hospitales.

El juzgado de instrucción número 4 de la Plaza de Castilla de Madrid es uno de los que investiga no solo la puesta en marcha de los protocolos sino su aplicación concreta en varias residencias de la capital. Una de ellas es la Adolfo Suárez, residencia pública en San Blas, y la otra es Amavir Arganzuela, centro privado con plazas concertadas. En la primera, los familiares denuncian que fallecieron hasta 85 personas.

Fuentes del caso explican a este periódico que el juzgado ha llamado a declarar a familiares de siete de las personas fallecidas para el próximo jueves. Desde hace más de un año, la Fiscalía ya pidió a sus delegados territoriales que obtuvieran “información de mayor calidad” sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia, apoyándose sobre todo en una diligencia que considera esencial: escuchar a los familiares de los fallecidos, considerados “víctimas indirectas” por el Ministerio Público.

Se trata de una causa que lleva abierta más de un año y en la que han declarado ya varias personas con cargos de responsabilidad tanto en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso como en las residencias. Testimonios que han girado en torno a la creación e implantación de los protocolos de no derivación como, también, en torno a su aplicación efectiva en estas dos residencias, una privada y otra pública.

Declararon, como en otras diligencias abiertas en juzgados de toda la región, Alberto Reyero y Carlos Mur. El primero fue Consejero de Políticas Sociales en el gobierno madrileño que el PP de Ayuso compartió con Ciudadanos. Responsable de las residencias en ese momento, Reyero ha sido muy explícito a la hora de criticar la puesta en marcha de los protocolos, tanto dentro como fuera del juzgado.

Tanto él como Mur, director general de coordinación sociosanitaria en la administración regional madrileña en 2020, han testificado en varios juzgados a lo largo del último año. Juzgados que investigan por lo penal si la implantación y aplicación de estos protocolos fue delictiva. Si Reyero ha repetido en varias ocasiones que advirtió a la Comunidad en contra de su puesta en marcha, Mur ha dado detalles sobre por qué se crearon: eran, según su versión, voluntarios y fueron redactados para que los sanitarios y responsables de las residencias tuvieran un criterio al que agarrarse en pleno escenario de guerra.

Una versión distinta a la que han dado, en esta y en otras causas, las personas que aplicaron de forma directa los protocolos en casos concretos: directoras de las residencias, geriatras de referencia y personal sanitario. Según han dicho en esta y en otras causas, los protocolos se aplicaron, y fueron recibidos como algo de obligado cumplimiento procedente de la autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Causas reabiertas contra la Comunidad

Durante el primer año de pandemia, la Fiscalía llegó a contabilizar más de un centenar de diligencias de investigación y causas penales en todo el país, con distintos juzgados de la Comunidad de Madrid acaparando la mayoría de ellas. Muchas de ellas acabaron en el archivo y otros pleitos, impulsados por la vía contencioso-administrativa, han rechazado reclamaciones de indemnización por parte de familiares. Pero en varios casos la Audiencia Provincial ha ordenado la reapertura de diligencias con el objetivo de analizar la actuación de la Comunidad de Madrid y sus dirigentes.

Es el caso de un juzgado de la localidad de Collado Villalba, que a instancias de este tribunal investiga las muertes de ancianos en una residencia de un municipio cercano del norte de Madrid. Una causa en la que también han testificado Reyero y Mur y en la que una sanitaria confirmó que los protocolos impidieron la hospitalización de un anciano que falleció en Torrelodones.

Más de 7.000 ancianos fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. La Comisión Ciudadana por la Verdad, presidida por el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, emitió recientemente un informe en el que, según sus cálculos, más del 20% de los mayores que vivían en estos centros fallecieron por la mala atención y por no haber sido derivados a hospitales.