Diez calles, 118 pisos turísticos ilegales: Más Madrid alerta del aumento de alojamientos sin licencia en Arganzuela

El distrito de Arganzuela y, en concreto, el barrio de Palos de la Frontera, es uno de los puntos negros de los pisos turísticos ilegales en la capital. 118 alojamientos operan sin licencia en un radio de tan solo diez calles. Estas son las cifras que Más Madrid presentaba el pasado lunes durante un paseo por la zona en el que han participado la portavoz del partido en la Asamblea, Manuela Bergerot, y su homóloga en el Ayuntamiento, Rita Maestre y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Los tres representantes políticos alertaban del aumento de este tipo de alojamientos que funcionan “sin ningún tipo de control, sanción o inspección por parte del Ayuntamiento”. En Madrid, indicaba Maestre, funcionan actualmente 15.000 pisos turísticos ilegales “sin que el Almeida haga nada para evitarlo”.

La portavoz de Más Madrid en la capital también lamentaba el desmantelamiento que sufren los barrios y las comunidades de vecinos por la actividad de viviendas turísticas ilegales: “Antes, había familias, niños y trabajadores madrileños teniendo aquí su vida. Hoy hay turistas que residen en lugares que, repito, no tienen ningún tipo de inspección”. Y cirticaba la actuación del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que asegura “ha mirado para otro lado, ha criticado al Gobierno de España y ha seguido sin hacer nada para acabar con esta ilegalidad”.

La líder municipal de Más Madrid insistía en que el Ayuntamiento es conocedor de esta situación, ya que desde el propio Ministerio de Consumo le hicieron llegar una lista detallada de las ubicaciones de estos pisos ilegales y recordaba que desde el partido han presentado una denuncia ante la Fiscalía por “un posible delito de prevaricación porque conoce estas ubicaciones, su actividad y no está haciendo nada para cerrarlos”.

Tanto Maestre y Bergerot como Bustinduy coincidían en que urge aplicar “de forma inmediata” la nueva Ley de Vivienda, que permitiría mejorar la emergencia habitacional en Madrid mediante políticas que incentiven la oferta y limiten los precios del alquiler, en un contexto en el que el precio de la vivienda “se ha multiplicado en un 100%”.

Por su parte, Manuela Bergerot destacaba las “políticas” del Ministerio de Consumo como “un ejemplo de cómo se puede plantar cara” al descontrol de los pisos turísticos desde el Gobierno de España frente a la “pasividad” de Ayuso y Almeida o “la tibieza” del Ministerio de Vivienda. La portavoz autonómica hacía referencia a la situación en otros puntos de la Comunidad como Alcalá, San Sebastián de los Reyes o El Escorial, donde también operan cientos de viviendas turísticas ilegales, algo que “afecta directa y gravemente a los precios de la vivienda en esas ciudades”.

Bergerot se dirigía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para exigir la creación de un archivo o un registro regional de todas las viviendas de uso turístico que sea “transparente y accesible para saber cuántas operan, dónde y si lo hacen bajo la normativa”. En este sentido, ha exigido a la dirigente madrileña que aumente todas las inspecciones y las sanciones y defendía que “hay un consenso social” en cerrar los alojamientos ilegales, además de recordar que las competencias autonómicas y municipales “son de la señora Ayuso y el señor Almeida”.

El ministro se ha sumado a las palabras de ambas dirigentes madrileñas y ha reiterado que envió al Ayuntamiento de Madrid documentación detallada sobre los 15.000 pisos turísticos ilegales que operan actualmente en la capital. Hace unas semanas, cuando el Ministerio presentó el listado, Almeida afirmó que el 40% de las viviendas identificadas habían sido inspeccionadas, algo que esta mañana ha vuelto a reiterar, puntualizando que solo 1.200 de los 15.000 pisos ilegales mencionados tenían dirección y que de esos el Ayuntamiento ya ha inspeccionado 400.

“Yo no tengo constancia de que eso sea así”, ha asegurado el ministro, que ha instado al alcalde a inspeccionar el 60% restante de los alojamientos cuyas direcciones postales ya se han facilitado. “El Ayuntamiento puede inspeccionarlas hoy mismo”, ha remarcado.

Según ha indicado Bustinduy, el Ministerio de Consumo tiene actualmente tres expedientes sancionadores abiertos a una gran plataforma de comercialización de pisos turísticos por publicidad ilícita de pisos sin licencia, a grandes compañías gestoras de pisos turísticos que se hacen pasar por particulares, violando así el derecho a la información de los consumidores, y a una gran inmobiliaria por cobrar honorarios ilegales a las personas arrendatarias, en contra de lo establecido en la Ley de Vivienda. “Desde el Ministerio actuamos dentro de nuestras competencias y vamos a seguir actuando con toda la firmeza necesaria ante esta crisis de vivienda”, ha advertido.

Más denuncias ciudadanas y menos anuncios en plataformas turísticas

El ministro ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a toda la ciudadanía: “Si alguien se ve afectado por cláusulas o prácticas abusivas —por ejemplo, que le cobren un mes de alquiler solo por firmar un contrato— debe denunciarlo”. Ha explicado que los afectados pueden hacerlo ante las autoridades de consumo autonómicas y locales o ante organizaciones de defensa de los consumidores.

Ha insistido en que “no deberemos normalizar prácticas abusivas, fraudulentas o ilegales” y ha reclamado a todas las administraciones públicas que intervengan para garantizar algo tan básico como que se cumpla la ley. “En España hay leyes que protegen a los consumidores y a los inquilinos, y no puede ser que los intereses de grandes operadores comerciales pasen por encima de los derechos de las mayorías trabajadoras”, ha denunciado.

Por otro lado, ha propuesto a Almeida y Ayuso que empiecen por retirar los anuncios de pisos turísticos ilegales, porque “sin comercialización, no hay negocio ilegal”. Además, ha pedido al Partido Popular que actúe, tanto en Madrid como en otras comunidades, y que apliquen la Ley de Vivienda, incluyendo la limitación de precios de alquiler, tal como ha demostrado ser efectivo en Cataluña.

Bustinduy ha reiterado la plena disposición del Ministerio de Consumo a colaborar en lo que sea necesario, no solo con el Ayuntamiento de Madrid, sino también con todas las instituciones públicas, para acabar con una situación que está afectando gravemente al derecho a la vivienda de millones de personas en el país. Por ello, insta a poner en marcha un plan de choque de inspecciones, a abrir expedientes sancionadores y a proceder al cierre de los apartamentos turísticos ilegales.