La comunidad gitana rememora el intento de genocidio de 1749 y pide la eliminación de las calles dedicadas al marqués de la Ensenada

En España coinciden, en pocos días, dos fechas conmemorativas de acontecimientos históricos vergonzantes contra el pueblo gitano. El próximo 2 de agosto se recordará el Samudaripen o Porrajmos (intento de exterminio gitano durante la Segunda Guerra Mundial) con el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Holocausto Gitano. El 30 de julio se recordó también la Gran Redada de 1749 o Prisión General de Gitanos, un terrible intento de exterminio de los gitanos que vivían en España.

El pasado jueves tuvo lugar el acto institucional de conmemoración del Samudaripen en el jardín Botánico de Madrid, en cuyo transcurso se reivindicó la eliminación de las calles y honores en el espacio público dedicadas al marqués de la Ensenada, responsable de la Gran Redada. Así lo hicieron los responsables del Instituto de Cultura Gitana, la Asociación Memoria Genocidio Gitano o la Unión Romaní Madrid, cuyo presidente, Mariano González, instó a que “se elimine el nombre del exterminador de todas las calles y plazas y se ponga en su lugar los nombres de gitanos y gitanas ilustres.” En Madrid tenemos desde 1876 una calle dedicada al marqués de la Ensenada, en el barrio de Justicia, donde se encuentran ubicados el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.

En 1721, Felipe V había creado la Junta de Gitanos, que llegó a la conclusión de que no se podían eliminar las costumbres propias del pueblo gitano ni someterlos a los mandatos de la iglesia católica, por lo que se imponía expulsarlos de España. Para ello, se negoció con el papado la retirada del asilo eclesiástico al que solían someterse los gitanos y se planificó una prisión general. Se preparaba así una expulsión masiva que luego se pensó imposible a la vista de la que se había intentado ya en el vecino Portugal y fue girando hacia un plan para recluir separadamente a los hombres y a las mujeres, evitando así que tuvieran hijos. Se estima que se detuvo a unas 9000 personas, sobre todo en Andalucía.

Fue un plan meticulosamente preparado. Ensenada envió las instrucciones pertinentes a los destacamentos que deberían llevar a cabo las detenciones en función de listados de vecinos, estableciendo pagas especiales para los soldados. El 30 de julio comenzó la operación a medianoche, sacando a los gitanos de sus casas y separando a los hombres y a las mujeres. Aunque se sabe que no hubo una resistencia generalizada a las detenciones, posteriormente se registraron numerosas huidas y huelgas de brazos caídos en los arsenales donde fueron enviados a trabajar una parte de ellos.

La operación suscitó muchos descontentos, por lo que el 7 de septiembre el rey se reunió en Madrid con personajes de la corte ajenas a la redada y se convocó una nueva reunión de la Junta de Gitanos, en la que se replanteó el plan de exterminio, centrándolo en aquellos que se entendía vivían al margen de las leyes y liberando a quienes pudieran acreditar llevar “una buena forma de vida”.

Ensenada distribuyó a los presos en diferentes destinos, mandando a los varones mayores de siete años a trabajar a los arsenales, y las mujeres y niños a fábricas. Cerca de 4000 personas sufrieron más de quince años de reclusión hasta que se produjo el indulto de 1763, durante el reinado de Carlos III.

Algunas calles dedicadas a Zenón de Somodevilla y Bengoechea, eI marqués de la Ensenada, se han retirado ya en los últimos años (la primera de ellas en Lleida en 2018). Dos años antes, el abogado José Luis Mazón había enviado una carta abierta a la alcaldesa Manuela Carmena pidiendo el cambio de nombre de la calle. “Es una paradoja insólita, una desvergüenza y una violación del deber de dignidad del comportamiento público que la calle del acceso principal a los dos más altos órganos de la Justicia española, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, lleve el nombre de un ministro genocida”, decía la misiva. Sin embargo, en Madrid una de las calles más caras y nobles de la ciudad continúa recordando el nombre de un ministro de la corona que quiso exterminar a los vecinos gitanos.

Distintos historiadores han considerado la Gran Redada como un momento traumático para el pueblo gitano, propiciadora de una gran brecha social y entre comunidades. La Prisión general de gitanos fue un plan de exterminio minuciosamente trazado en el que participaron todas las instancias del Estado moderno, desde la monarquía borbónica hasta las entidades locales, los corregidores y el ejército. Es, sin embargo, un episodio poco conocido –y reconocido– de nuestra historia.