Resulta difícil comenzar a escribir la crónica de un disparate contando que la Junta Municipal de Centro y, por ende, el Ayuntamiento de Madrid ha tratado de recuperar la Casa del Cura cometiendo una ilegalidad: al parecer, y según lo manifestado por miembros de la Policía Nacional, que han ejercido de mediadores en el conflicto que se ha desatado en el número 1 de la plaza del Dos de Mayo, el Consistorio habría enviado al inmueble a unos cerrajeros, acompañados por dos policías municipales de paisano, con una orden para cambiar la cerradura de entrada del edificio y retirar de él enseres.
La voz de alarma la dio una vecina, integrante de la asociación que tiene otorgada legalmente la gestión del edificio, que fue la que sorprendió a policías y operarios en pleno cambio de cerradura y les informó de que no podían hacer lo que estaban ejecutando.
Eran poco más de las 16 horas de este jueves e inmediatamente acudieron en apoyo de la vecina varios usuarios del banco de alimentos del barrio, ubicado en el mismo inmueble, que estaban en ese momento en la plaza. Fueron ellos quienes la ayudaron a hacerse valer, mientras llamaban por teléfono a la policía.
Esa acción consiguió que los operarios se retiraran, dejando descerrajados ya los dos accesos al local -donde habían entrado- y abandonando en su interior varias herramientas, bombines y juegos de llaves. Por su parte, los policías de paisano que los acompañaban desaparecieron de la escena sin querer identificarse. Poco después fue la Policía Nacional la que se personó en el lugar de los hechos y tomó el control de una situación que jamás se descontroló, aunque sí resultó violenta.
Los cerrajeros, que también estaban acompañados por un responsable de la empresa Grupo Ortiz, quedaron retenidos por los Nacionales, que trataban de arrojar luz sobre lo sucedido con una actitud y unas formas irreprochables.
Los trabajadores se excusaban diciendo que ellos sólo cumplían órdenes y que contaban con la autorización municipal para realizar el cambio de cerradura. Sin embargo, esa supuesta autorización no aparecía y hubo que esperar a que volvieran a entrar en escena los policías municipales de paisano que se habían esfumado del lugar para que comenzara una revisión de papeles que le fue vetada a los cesionarios del inmueble, quienes a su vez sí presentaron a la Policía Nacional los documentos de cesión que les facultaban poder estar en el inmueble.
Cuando es el Ayuntamiento el que actúa de forma ilegal
Cuando es el Ayuntamiento el que actúa de forma ilegal
La Casa del Cura, como hemos contado en este periódico en numerosas ocasiones, fue cedida legalmente a la Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro, si bien la Junta Municipal de Centro revocó esa cesión y ordenó su desalojo voluntario en el plazo de 10 días. Ese tiempo se cumplió a las 14 horas del día de ayer, pero la asociación decidió no devolver las llaves del espacio ni abandonarlo sin antes recurrir en los juzgados la decisión municipal. Para ello presentó un recurso en el que, además, se pedían medidas cautelares para que el juez le deje seguir ejerciendo la labor social y cultural que está desarrollando en el edificio hasta que una sentencia firme pueda, o no, decir lo contrario.
Ante esa decisión de la Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro, al distrito y al ayuntamiento le quedaban dos opciones para tratar de recuperar cuanto antes el edificio: bien proceder con un lanzamiento administrativo o recurrir a un desahucio judicial. En cualquier caso, tras comprobar que, efectivamente, los cesionarios no habrían abandonado voluntariamente el edifico, algo que manifestaron públicamente que no harían, se debe notificar el desalojo y fijar una fecha para el mismo. En ningún caso está permitido actuar de la manera que lo han hecho en la tarde de este jueves.
Para la abogada de la Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro, lo que ha ocurrido constituye un delito de coacción por parte de la administración y como tal va a ser denunciado.
Tras analizar las órdenes y los papeles presentados por las partes en conflicto, la Policía Nacional decidió dejar marchar sin cargos a los cerrajeros que, según los miembros de las fuerzas de seguridad, eran unos simples mandados, puesto que cumplían con una orden del ayuntamiento. Respecto a la reclamación por los desperfectos que habían ocasionado en las cerraduras y puertas de la Casa del Cura, que les hacían los vecinos, empeñados a su vez en que les dejaran arreglada la entrada al inmueble, los Nacionales informaron que podrían presentar una denuncia, además de asegurarles que ellos habían tomado nota de todo y que lo harían constar en un informe.
Desde la Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro aseguran que entienden que el distrito está en su derecho de seguir los procedimientos legales que les puedan llevar a tomar posesión de la Casa del Cura, pero siempre que actúen dentro de la legalidad, “algo que hoy no habrían hecho” y acusan directamente al concejal de Centro, José Fernández de “saltarse la ley” y de actuar como lo haría cualquier okupa. Anuncian que van a denunciar lo sucedido y que también denunciarán a los policías municipales de paisano que entraron en la Casa del Cura “sin la autorización correspondiente para hacerlo” porque, según afirman, los agentes no pueden cometer una presunta ilegalidad “por mucha orden del concejal de Centro que tuvieran”.
Independientemente de las denuncias que inicien, representantes de la Asociación de Vecinos cesionaria de la Casa del Cura esperan y exigen una explicación oficial por parte del Ayuntamiento sobre lo sucedido.