Este lunes entra en vigor el primer plan del Gobierno estatal para dificultar la implantación de pisos turísticos en suelo residencial. La Ley de medidas urgentes para el alquiler de viviendas, anunciada por el ministro portavoz, José Luis Ábalos, incluye -además de medidas para favorecer el alquiler a largo plazo y contener la escalada de precios- varias actuaciones para que los habitantes de una vivienda no tengan que convivir con el trasiego de maletas y llamadas al timbre a horas intempestivas si no lo deseean.
El decreto del Gobierno, que entra en vigor de forma inmediata aunque después tendrá que ser validado en el Congreso, dicta que las comunidades de propietarios podrán vetar la existencia de de apartamentos y viviendas turísticas. Lo podrán hacer a través de la votación de tres quintas partes de los propietarios (el 60%) en lugar de necesitar la unanimidad para cambiar los estatutos, como sucede hasta ahora. El objetivo, según el gobierno, es “favorecer la convivencia en los edificios de viviendas”.
Además, en el caso de que permitan la existencia de pisos turísticos, las comunidades de vecinos les podrán exigir hasta el 20% de los gastos compartidos en la escalera, publica hoy El Mundo. Todo ello independientemente de su cuota.
Estas medidas se complementas en Madrid con las que está llevando a cabo el Ayuntamiento, inmerso en una campaña de inspecciones para cerrar los miles de pisos turísticos que operan sin licencia actualmente en la capital. En Malasaña ya ha ordenado la clausura de 178 pisos que no cuentan con permiso para poder albergar un negocio hotelero en su interior.
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