Un recurso advierte de “grave peligro” en las instalaciones del Ramiro de Maeztu y ruega a Fiscalía indagar en su estado

Errores en sensores, saltos de alarma silenciados o averías en las puertas que permitirían el paso del humo en caso de incendio. Estas son algunas de las deficiencias del colegio Ramiro de Maeztu, en el distrito de Chamartín, que la Fiscalía Provincial de Madrid tendrá que examinar después de que el padre de dos estudiantes presentara un escrito denunciando el estado de las instalaciones. El recurso, con fecha del 4 de febrero y aún sin tramitar, lo ha adelantado la Cadena SER y advierte de un “grave peligro” para estudiantes o trabajadores del centro y pide investigar si el estado de las instalaciones se ajusta o no a la legalidad.

Mario Cordero Benito, que también representa a las familias como consejero escolar, es quien ha iniciado este procedimiento después de que el pasado 29 de enero –siempre según la exposición de motivos– reiterara “sin éxito” su preocupación ante las administraciones competentes a través de la dirección del centro, que se eximió de responsabilidad y señaló a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por el cierre de la segunda planta en uno de sus pabellones.

En concreto se trata del espacio que alberga la biblioteca del centro, por el momento “inutilizable”, así como “la única vía de acceso a la cubierta y algunas instalaciones del edificio”. El escrito reseña que estas zonas permanecen bloqueadas desde que el Gobierno regional decidiera, a instancias de la presión familiar, paralizar la obra para integrar en el edificio una escuela europea de ámbito privado.

Fue este verano, en junio, cuando el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dejó en standby un proyecto recién anunciado que implantaría un centro de élite para hijos de diplomáticos europeos dentro de uno de los dos únicos institutos públicos del distrito. Ante la noticia, las familias iniciaron una serie de protestas que llevaron a dar marcha atrás a la Administración. Al menos, temporalmente.

Pero meses después, versa en el recurso de este padre, los espacios en los que iban a iniciar el proyecto y donde ya se había desplegado material de obra se hallan “sin acondicionar, con materiales o mobiliario almacenados y con las puertas del único recorrido de evacuación cerradas y bloqueadas mediante cadenas y candados”. Preguntados por esta cuestión, desde la Consejería de Educación niegan haber recibido ninguna denuncia formal y reiteran que los trabajos continuarán, pero de momento siguen redactando el proyecto de obras para “incorporar las peticiones del equipo directivo”.

El edificio en cuestión es, además, un Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que esta figura legal de protección exige respetar una serie de parámetros ante cualquier modificación en la estructura base del inmueble. Sobre el mantenimiento del sistema antiincendios, apuntan que este “corresponde a la Junta Municipal del Distrito”, de ámbito local y no regional; pero en el escrito presentado ante la Fiscalía se incide en que estas obras autonómicas mantienen “bloqueada” la sala que permite salir a la cubierta, donde están las calderas.

En caso de iniciarse un fuego, los trabajadores tendrían que utilizar un ascensor antiguo “que no es de emergencia” para evacuar el edificio. “Sé que parece un problema pequeño, pero para nosotros es una cuestión que ataña al día a día de nuestros hijos. Si no hay incendio no pasará nada, pero si un día salta la alarma no estaremos preparados”, añade el denunciante, Mario Cordero, en declaraciones a Somos Madrid.