El Wow de Gran Vía intenta legalizar por segunda vez su restaurante construido sin licencia sobre dos pisos de oficinas

Segundo intento de Wow para abrir un restaurante en sus dos últimas plantas de Gran Vía. El local abierto hace un año bajo una licencia temporal para escuela de cocina fue clausurado por el Ayuntamiento de Madrid en septiembre, pero la marca impulsada por Dimas Gimeno se resiste a desmantelar las instalaciones. El expresidente de El Corte Inglés acaba de iniciar otro plan especial para conseguir legalizar su terraza de hostelería, después de que el primero fuera tumbado por el consistorio después de las alegaciones de Más Madrid.

La nueva estrategia del Wow pasa por que el Ayuntamiento permita abrir sobre las dos últimas plantas de su edificio de Gran Vía 18, con licencia para oficinas, un “establecimiento para consumo de bebidas y comidas” y “salas de reunión” a las que considera que tiene derecho según su interpretación de las normas urbanísticas municipales. La marca considera que este tipo de usos, al que está obligado en su quinta planta y ático, puede dar cabida a “otros servicios terciarios”, según los detalles de la petición a las que ha tenido acceso Somos Madrid.

El plan especial incluye la petición de montaje de cocinas completas, con fuegos, hornos, campanas de extracción o cámaras frigoríficas que ya están instaladas desde hace meses en la zona alta del Wow sin autorización municipal ninguna. La empresa sigue adjuntando imágenes de las dos plantas afectadas por el plan como si estuvieran vacías en un documento que asegura que se trata de su “estado actual”, pese a que todos los elementos propuestos fueron construidos hace más de un año, se estuvieron usando como restaurante durante meses y no han sido desmontados.

La nueva zona de restauración tendría aforo para 198 personas y, pese a que suele ser habitual en este tipo de proyectos, se tramita sin detallar su coste a través de un estudio económico-financiero, ya que la compañía no lo considera necesario, a la vista de las características del nuevo proyecto.

El nuevo intento de legalización fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Madrid en su última Junta de Gobierno del año pasado y salió a información pública hace unas semanas, durante las que ha recibido alegaciones. Entre ellas, las de Más Madrid, que ya tumbó el anterior restaurante y ahora también se opone, por considerar que se salta la normativa.

“Ya denunciamos este pelotazo y la respuesta del alcalde a esta denuncia ha sido intentar colar la misma ilegalidad por la puerta de atrás... que el negocio no pare”, lamenta Álvaro Fernández Heredia, concejal de este partido de la oposición que presentó hace unos días las alegaciones que enmiendan el cambio de uso al completo.

Más Madrid asegura que el uso terciario recreativo que pretende introducir Wow en su espacio cerrado “no puede localizarse en otro sitio que no sea la planta baja, planta inferior a la baja o planta primera” y que la propuesta de legalización “queda fuera de ordenación al no poder ser autorizable por las normas urbanísticas”, explica el texto de las alegaciones, al que ha tenido acceso este periódico.  Además, el nuevo plan especial no incluye documentación alguna sobre las medidas correctoras y limitaciones que deben aplicarse en el edificio al estar incluido en la ZPAE del Distrito Centro de protección contra el ruido.

Además, la alegaciones alertan de que faltan informes sectoriales y dictámenes de las comisiones de patrimonio sobre el nuevo uso. Y que el promotor debe desarrollar para esta tramitación un programa de actividades concreto para el cambio de uso que se solicita, “indicando el destino de cada espacio y para qué actividades concretas y cuáles están excluidas”.

También considera el partido de Rita Maestre que todo el expediente contiene “información errónea” y, por ello “el acuerdo de admisión a trámite y aprobación inicial debe revocarse”.

El concejal Fernández Heredia se queja, en declaraciones a Somos Madrid, de que “el Gobierno de Almeida se hace siempre el remolón a la hora de perseguir y castigar los delitos urbanísticos, bajo la excusa de que su objetivo es restituir la legalidad y no la sanción. En cambio, con este expediente, hecho a la medida de los infractores, lo que hace Almeida es retorcer la legalidad a favor de los que incumplen”.  

“Este Ayuntamiento no trabaja para la ciudadanía, no, trabaja para sus amiguetes, a los que aplica un rasero muy diferente que al resto. Si eres amigo del alcalde el que la hace no la paga, se le da otra oportunidad, otra y si hace falta se le adapta la norma”, añade.