Las subidas de alquiler de la inmobiliaria participada por el Estado vacían pisos en Arganda

El edificio de Arganda del Rey en el que viven Cristian Cazacu, su mujer y su hija se parece cada vez más a un cascarón, porque los vecinos se están yendo. Suele ser los fines de semana. Una furgoneta llega, carga muebles y demás bártulos y se va. “En tres meses, 12 mudanzas”, asegura Ángel, que había ido a pedir un destornillador a José, otro vecino, al que encuentra hablando del tema con Cristian en la puerta. Aquí no hay efecto COVID y los alquileres siguen subiendo, por mucho que la promoción pertenezca a Témpore Properties, la sociedad de alquileres creada por la Sareb, el banco malo del Estado que absorbió el excedente del ladrillo tras la crisis financiera. La empresa está privatizada y cotiza en el mercado alternativo, pero la Sareb sigue siendo propietaria del 21%.

El negocio es el negocio y las compañías quieren ganar dinero, pero en los años del desplome inmobiliario había cierto pudor a la hora de subir los precios de golpe. Cristian firmó el contrato del piso en 2013. Tenía dos dormitorios, 68 metros útiles y estaba sin amueblar, pero con plaza de garaje y calidades aceptables en los materiales, entendió que los 550 euros de renta eran asumibles. En unos pocos meses, sin embargo, la promotora quebró y el piso pasó a la cartera de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Un amigo que trabajaba en el sector le dijo a Cristian que el alquiler seguía siendo alto, así que envió un escrito al ‘banco malo’ y le dieron la razón: le bajaron la mensualidad 45 euros.

Témpore tiene en Arganda 587 viviendas divididas en cinco promociones, según sus propias cuentas. Todas provienen de la Sareb, que desde que asumió la propiedad cedió el día a día de las relaciones con los inquilinos a sucesivas empresas. La primera fue la compañía inmobiliaria de BNP-Paribas, pero con la creación de Témpore en 2017, las viviendas pasaron a integrar el catálogo de la socimi y a ser administradas por una filial de Azora. Con la privatización del 75% de Témpore en 2019, ahora en manos del fondo estadounidense TPG Capital a cambio de 103 millones de euros, el papel de casero cayó en manos de otra compañía, Básico. 

Es esta última empresa la que viene informando de las nuevas condiciones. En el bloque de Cristian el goteo empezó después del verano (la socimi permitió algunos aplazamientos en los pagos durante los meses de confinamiento). En su caso, la carta llegó en noviembre, dos meses antes de que venciese el contrato. El alquiler se disparaba un 38,6%, de 505 a 700 euros, más un seguro del hogar, otro de impago, y la obligación de abonar los gastos de la comunidad a partir del cuarto año. También se exigía, de nuevo, un estudio sobre la situación económica del arrendatario. “Témpore no negocia precios”, zanjaron cuando planteó una rebaja.

A Cristian no le va mal. Tiene un taller con su padre y un buen coche, pero es consciente de la fragilidad económica general. Estuvo a punto de aceptar la subida, pero al final ha decidido marcharse. “Este sigue siendo un país de mileuristas. Aquí ya no vive gente, se van; con estos precios es imposible alquilar nada”. Arganda del Rey es, de hecho, uno de los símbolos del desparrame inmobiliario de la primera década del siglo, con epicentro en el llamado suelo urbanizable 124, una parcela recalificada en 2004 junto a la parada de metro y que fue objeto de uno de los pelotazos urbanísticos más sonados de la trama Gürtel, pendiente ahora de juicio. 

La zona parece hoy el escenario de un terremoto selectivo. Están en pie pequeños chalets y bloques grandes sin orden ni concierto, junto a otros edificios en construcción. Junto al metro, un descampado donde se suponía que iba a haber un aparcamiento, que sirve de campo de béisbol los fines de semana para los jóvenes ociosos. El bloque de Cristian está un poco más al oeste, a 10 minutos a pie por una ruta trufada de carteles que anuncian nuevas promociones inmobiliarias, pisos a buenos precios, oportunidades. Hay una rotonda con una placa conmemorativa en honor a Ginés López, alcalde hasta 2009, hoy a punto de sentarse en el banquillo tras cobrar más de medio millón de euros en mordidas, según el sumario. 

Se supone que los precios del alquiler están bajando en España, también en Madrid. El Observatorio de la Valoración, elaborado por la Asociación Española de Análisis de Valor, calculaba a finales de noviembre que la bajada en la capital estaría entre el cuatro y el 5%. Otros analistas elevan el porcentaje. Un agente inmobiliario del barrio de Las Letras de Madrid hablaba en noviembre de descensos de hasta el 25% en algunas viviendas. En Témpore no lo ven así. “Un porcentaje significativo de inquilinos cuyos contratos han vencido recientemente han aceptado una subida de en torno al 20% en los alquileres respecto a los contratos anteriores, que se habían firmado a finales de 2016 o 2017. Esta subida recoge el movimiento de los precios de alquiler en los últimos años”, traslada una portavoz de la socimi por correo electrónico. Añade, en contra de lo que aseguran los vecinos consultados, que “solamente un número pequeño de los inquilinos cuyos contratos han vencido recientemente ha decidido salir”. 

Témpore acumula pérdidas desde que echó a andar y cerró el ejercicio de 2019 con 3,88 millones de euros de pasivo (2,33 en los primeros seis meses de 2020). Este año ha ampliado capital por valor de 22,7 millones de euros y ha adquirido 358 viviendas, con lo que cuenta ya con más de 2.500 en cartera. Los ingresos por alquileres, por el contrario, no han dejado de aumentar: siete millones en 2018, 11 millones en 2019 y 6,6 millones en el primer semestre de 2020. El consejero delegado, Nicolás Díaz Saldaña, nombrado antes de la venta a TPG, ya avanzaba hace dos años que los nuevos contratos subirían los precios entre el 15 y el 20%. 

Cristian ha encontrado un piso de más habitaciones y menos precio, así que se va. Otros renovaron los contratos antes del cambio de propiedad y aún tienen margen. Pero el bloque se ha quedado sin vida. “La gente no hace nada”, lamenta el aún inquilino, que señala lo paradójico, quizás no tanto, de que uno de los portales de enfrente lleve okupado casi por entero desde 2016, tras años vacío.