El PP y Ciudadanos pactan en Madrid impulsar una tarjeta sanitaria única que ya existe desde 2005

PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid han acordado en su programa conjunto de gobierno impulsar una medida creada hace 14 años y cuya última actualización data de 2013: la tarjeta sanitaria al que le ponen el apellido de “única”.

Fue una de las propuestas aireadas por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate electoral televisivo del 23 de abril donde mostró un modelo en el que la mayoría de la superficie de la tarjeta estaba cubierta por los colores de la bandera de España. Sin embargo, el Real Decreto que regula la “tarjeta sanitaria individual” en todo el Estado es de 2005. En esa primera versión, revisada hace seis años, ya se introdujo la leyenda: “Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud.”

El punto 3 del acuerdo entre Ciudadanos y PP en Madrid dice: “Apoyaremos la creación de una Tarjeta Sanitaria Única para que los madrileños tengan los mismos derechos en el acceso a la atención sanitaria en toda España”.  La norma, según su modificación de 2013 que ya la regula, explica que se crea para “disponer de datos normalizados de cada persona, en su condición de usuaria del Sistema Nacional de Salud” con independencia de la administración que la emita.

Y especifica que ese documento incorporará “los rótulos de Sistema Nacional de Salud de España” además de que obliga a las autoridades sanitarias encargadas del servicio a que sus modelos “deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado”

Las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas que gestionan los centros de salud o los hospitales además de contratar el personal sanitario. El beneficiario del sistema con una tarjeta de Andalucía o Castilla-La Mancha no tiene que obtener otra tarjeta para ser atendido en Madrid o Castilla y León aunque conlleve procedimientos burocráticos para que las administraciones hagan un balance de gastos entre ellas. 

La explicación de esta medida (que por otra parte no está en la mano del Ejecutivo de Madrid si se aspira a convertirlo en estatal) es la siguiente: “Ningún español debería ser considerado un desplazado dentro de su propio país, menos aún en relación con un derecho fundamental como es la salud”.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid que gobierna el Partido Popular ininterrumpidamente desde 1995 y con un acuerdo de investidura con Ciudadanos durante la última legislatura, la Consejería de Sanidad tiene activado el Documento de Asistencia a Desplazados de otras Comunidades Autónomas. Se trata de una especie de alta en el sistema regional de personas con tarjeta de otra administración que residen temporalmente fuera: un trámite para ingresar en el circuito ordinario de citas de Atención Primaria, por ejemplo, mientras se pasa una temporada en esta comunidad autónoma. No se refiere a una atención puntual urgente. 

Además del proyecto de tarjeta, el acuerdo entre las formaciones toca otros aspectos del sistema sanitario madrileño.

Listas de espera

El plan sanitario que los dos partidos han firmado lanza sospechas sobre la gestión de la lista de espera quirúrgica tal y como se viene haciendo hasta ahora ya que, en lo que denominan Plan de Choque para reducirlas, incorporan el compromiso de “publicación de todos los datos reales sobre las listas de espera”.

Entre sus soluciones, vuelven a sacar una medida clásica: la “ampliación de funcionamiento programado de los centros hospitalarios, habilitando la apertura de quirófanos en jornada de tarde y fines de semana”. 

Lo cierto es que esa “actividad extraordinaria” ya está operativa mediante los denominados contratos-programa que el Servicio Regional de Salud firma con distintos centros hospitalarios: “Con motivo de la participación en los objetivos de reducción de listas de espera” que se traduce en la asignación de fondos que organiza la dirección del hospital.  

Infraestructuras

En cuanto a infraestructuras, el acuerdo repite que acometerá “una reforma integral de mayor calado” en los hospitales 12 de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, La Princesa, Ramón y Cajal y Niño Jesús. Ese proyecto, con los mismos centros nombrados, fue anunciado por la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, el 21 de febrero de 2018. Aunque lento, incluso algunos gastos se han comprometido ya: en enero pasado, la Comunidad de Madrid adjudicó por 4,5 millones de euros la redacción del proyecto de remodelación intregral del 12 de Octubre en un proyecto anunciado en septiembre de 2018 por el entonces presidente regional Ángel Garrido. El de La Paz se publicitó en marzo de 2018 por 359 millones de euros –para abril de 2019 había pasado a 504,5–. A esto se le une un Plan de Infraestructuras de Atención Primaria 2020‐2024, con actuaciones en más de 30 Centros de Salud, pero sin esbozar cuántos fondos pueden ser precisos.

Rehabilitación sin edificios

El documento contiene algunos otros puntos como el que asegura que crearán “la Red de Hospitales de Cuidados y Recuperación Funcional de la Comunidad de Madrid”. Hoy hay dos centros con unidades específicas de Recuperación Funcional: el de la Fuenfría y Guadarrama.

Al hablar de esa futura nueva red, ambos partidos echan mano de un centro que no es propiedad de la Comunidad: el hospital militar de Moncloa que pertenece al Ministerio de Defensa (“que se incorporará a la red pública tras las negociaciones que mantendremos con el Ministerio de Defensa”, apostillan).

Y le añaden al proyecto el antiguo hospital Puerta de Hierro cuyo edificio lleva abandonado y en pésimo estado desde que la Comunidad de Madrid trasladó el servicio en 2008 al municipio de Majadahonda. Allí aplicaron el modelo PFI: una empresa construyó el edificio y gestiona la parte no sanitaria a cambio de un canon anual público durante 30 años.

El antiguo Puerta de Hierro es propiedad de la Seguridad Social (es decir, del Estado) aunque estaba cedido a la Comunidad de Madrid. En caso de devolución, el convenio exigía que las instalaciones estuvieran en buen estado. Ante el gasto que suponía rehabilitar el edificio (unos 75 millones de euros), el Gobierno del PP de Cristina Cifuentes decidió reabrirlo tras convertirlo en centro de media estancia. En 2017 anunció las obras para 2019.

Otros puntos que los aspirantes a regir la Comunidad han redactado en su acuerdo en materia sanitaria han sido la “humanización de los servicios sanitarios”, un “Plan de Atención Integral en longevidad, fragilidad y soledad que incluirá dos proyectos novedosos en la atención sanitaria y social: Proyecto para la prevención de la fragilidad y la Estrategia regional de la soledad”, según su texto. Y un nuevo Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid 2020‐2023 (con aumento de plazas para la especialidad infanto-juvenil). El plan en vigor caduca el año que viene.