El tráfico privado en Madrid lleva meses creciendo. El coche ha vuelto a ser la opción para muchos ciudadanos que reniegan del transporte público en pandemia, pero hasta ahora los aumentos aún no eran suficientes para rebasar la intensidad circulatoria precovid. Eso ha cambiado en el mes de mayo: el tráfico en el centro de la capital y en la M-30, la vía de circunvalación que rodea la almendra central, ya supera los niveles de 2019. Este punto de inflexión coincide con la anulación de las restricciones de Madrid Central por los tribunales y la paralización de las multas por entrar indebidamente desde el 11 de mayo. También con el fin del toque de queda.
Los datos, analizados por elDiario.es, revelan una subida del 22% en la circulación en el distrito Centro -Madrid Central representa el 95%- entre abril y mayo. El aumento es sostenido desde enero, pero en este periodo se ha producido la escalada más notable. La subida coloca el tráfico de esta zona un 1,8% por encima del mismo mes de 2019, según las cifras ofrecidas por el Ayuntamiento. 2020 en este caso no se ha empleado para comparar los datos porque el confinamiento distorsiona la evolución. El volumen de coches también ha crecido un 1,6% en la M-30, la autovía de circunvalación que rodea la almendra central. Sin embargo, en el conjunto de la capital sigue estando por debajo de la etapa anterior al coronavirus.
La sentencia que anulaba definitivamente Madrid Central se conoció el 11 de mayo. Los días siguientes fueron una sucesión de mensajes inciertos por parte del Gobierno de PP y Ciudadanos, que desconocía el alcance del auto del Tribunal Supremo. Primero se afirmó que las multas por entrar indebidamente en la zona de bajas emisiones, la medida estrella de la corporación Manuela Carmena contra la contaminación, seguirían notificándose; pero 48 horas después, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, confirmó que se paralizaban. En estos momentos no hay base legal para ponerlas.
El Gobierno de Almeida desvincula el aumento del tráfico con la decisión judicial y asegura que el número de entradas indebidas fluctúa según el día. “Algunos días el tráfico es un poco mayor y otros menor al periodo previo a que se conociera el resultado de la sentencia”, dicen fuentes municipales, que precisan que la intensidad circulatoria ha bajado desde finales de junio un 1,5% coincidiendo con el inicio del periodo vacacional. Las cámaras siguen registrando los accesos aunque las multas no se emiten.
En el Ayuntamiento hay preocupación por la escalada del tráfico desde el comienzo de la desescalada, cuando empezó a evidenciarse que la recuperación del uso del transporte público iba a ser mucho más lenta que la del privado. Pero el fin de Madrid Central, y consecuentemente la barra libre de coches en las 472 hectáreas donde estaban limitados, ha disparado esa inquietud. El auto judicial cogió por sorpresa al equipo de Almeida y ha obligado a la corporación a acelerar para aprobar una nueva Ordenanza de Movilidad que recomponga la zona de bajas emisiones lo antes posible. Madrid está en el punto de mira de la justicia europea porque lleva más de una década incumpliendo los valores límite para la protección de la salud que marca la UE. Incluso en el confinamiento, aunque fue por la mínima.
Aparte de dar respuesta a las 6.000 alegaciones que se han presentado sobre la norma (no se recuerdan tantas en ninguna ordenanza municipal), el Gobierno tiene que conseguir una mayoría para aprobar esta ordenanza, que incluye nuevas restricciones en otra zona (Plaza Elíptica), en el Pleno. De momento PP y Ciudadanos no tienen los apoyos necesarios. La izquierda no está dispuesta a respaldar la ordenanza porque esta abre Madrid Central a 15.000 comerciantes. Tanto Más Madrid como PSOE consideran esta medida un recorte en las restricciones que aumentará el tráfico.
Por su parte, Vox no está por la labor de apoyar la restauración de Madrid Central y recuerda a Almeida, en público y en privado, que llegó a la alcaldía con la promesa de acabar con la zona de bajas emisiones. Es más, la anulación de Madrid Central es el resultado de la batalla judicial que el PP emprendió en 2018 contra esta medida, puesta en marcha para sortear una multa europea por exceder los niveles de tóxicos en el aire.
“Tienen la oportunidad de replantearse las cosas y no maquillarlas para perpetuar el sistema sancionador. El candidato José Luis Martínez-Almeida se comprometió a revertir Madrid Central y se ocupó en dejarlo por escrito en el programa del PP y también en el acuerdo con Vox. Revertir según la RAE es devolver una cosa al estado que tuvo antes”, espetó el concejal de Vox, Fernando Martínez-Vidal, al primer edil este miércoles. El partido de extrema derecha considera que apoyar al Gobierno en esto -como de un modo u otro siempre ha terminado ocurriendo- provocaría el desconcierto de sus votantes y en el PP ya asumen que a su socio le “sale gratis” no respaldar a la corporación en esta ocasión.
La corporación solo ve viable una última opción. Los concejales que rompieron con Más Madrid se abrieron hace tres semanas a dar sus cuatro votos -los mismos que tiene Vox- para sacar adelante la zona de bajas emisiones. Entonces, los ediles encabezados por Marta Higueras concretaron que no pedirían “imposibles”, aunque exigirían que que la zona de bajas emisiones “quede blindada” por norma para el futuro y un compromiso de que se ampliará en el próximo mandato. La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar el texto definitivo de la ordenanza el próximo jueves y solo convocará al Pleno para refrendarla en agosto si ata los apoyos.
El área de Movilidad y Medio Ambiente, gestionada por el PP, advierte de que no reducirá las prohibiciones actuales para obtener la mayoría tras el intento fallido de permitir la entrada de más vehículos. Aquella idea fue rechazada por Ciudadanos, lo que obligó al PP a dar marcha atrás. Decaía así la principal promesa con la que José Luis Martínez-Almeida se presentó a la alcaldía de Madrid.