Tres medidas para asegurar la movilidad de los más vulnerables
La prestigiosa consultora Pons Mobility ha presentado cuatro alegaciones al proyecto de Real Decreto en materia de protección a usuarios vulnerables de la vía de la Dirección General de Tráfico (DGT), actualmente en fase de consulta pública y que modificará el Reglamento General de Circulación con el objetivo de mejorar los indicadores de siniestralidad vial de nuestras carreteras.
Entre las propuestas más destacadas, Pons Mobility aboga por la creación de dos nuevos conceptos jurídicos que denomina el carril 25 y el estacionamiento 25, en línea con la creciente demanda de una nueva movilidad que sea sostenible, segura, económica y digitalizada.
Para conseguirla, la micromovilidad urbana se postula como una de las mejores soluciones para los ciudadanos, argumenta la consultora, y habilitar un carril limitado a 25 km/h daría cobertura especial al creciente grupo de vehículos cuya velocidad sea inferior a la mencionada, incluyendo una serie de espacios específicos que puedan ser utilizados para quienes elijan esta forma de desplazarse con el fin de promover así una movilidad sostenible y eficiente.
El primero de los aspectos recogidos en la propuesta es la señal de carril 25. Esta se referirá al espacio en el que “el conductor de una bicicleta, o en su caso de un vehículo de dos ruedas accionado por motor eléctrico con limitación por construcción de hasta 25 km/h, cuando circule por un carril 25, tiene preferencia de paso respecto a otros vehículos”.
En cuanto al otro concepto que se pone sobre la mesa, estacionamiento 25, “indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de ciclos y vehículos de dos ruedas accionados por motor eléctrico con limitación por construcción de hasta 25 km/h”.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, nos recuerda la firma especializada en la gobernanza pública de la movilidad -según se autodescribe-, hace referencia al consumo de alcohol al volante, que se mantiene como la segunda causa de siniestralidad más frecuente.
Dicha ingesta ha estado presente en el 14% de los siniestros de tráfico con víctimas registrados en 2022 y, como factor concurrente, en el 29% de aquellos que tuvieron como consecuencia víctimas mortales. Para contener estas cifras, Pons se declara partidaria de bajar la tasa general de alcohol en sangre para los conductores desde los 0,50 gramos por litro actuales a 0,20 gramos por litro.
Contra los atropellos en vías rápidas
Además, dentro de las alegaciones presentadas, se trata de abordar un problema creciente y recurrente en las vías de gran capacidad como autopistas y autovías, el de los peatones atropellados. Si bien se habían realizado importantes avances en la reducción del número de atropellos, según datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico el número de peatones fallecidos en ese tipo de vías se ha incrementado, pasando de 37 en 2014 a 56 en 2023, lo que supone un 66% más.
Solo en los siete primeros meses de este 2024 se han producido 24 víctimas mortales, frente a los 20 del pasado año, de los cuales un porcentaje importante corresponde al colectivo de profesionales de auxilio en carretera y operadores de la vía.
Como medidas para combatir este problema concreto, Pons realiza dos propuestas adicionales:
-Ampliar en el uso de las luces V-1 (azules) a los vehículos grúa de auxilio en carretera, añadiendo implantar la obligatoriedad de reducir, al menos en 20km/h, la velocidad aplicable en ese tramo específico de la vía cuando el conductor se aproxime a estos grupos. La implantación de la luz azul permite llamar la atención de los usuarios de la carretera, que reaccionan generalmente minorando de manera drástica la velocidad a la que circulan.
-Adelantar la obligatoriedad de incorporar la señal V16 (señal luminosa conectada), prevista para el 1 de enero de 2026, a los nuevos vehículos matriculados a partir un año antes, el 1 de enero de 2025. Carece de sentido, señala la consultora, que los modelos nuevos incorporen triángulos de emergencia, aunque sí pueda tenerlo que los lleven aquellos que ya los tienen. Además, no graduar la entrada de vigor de estos dispositivos puede provocar, a su juicio, el incremento de precios y la falta de stock pocos meses antes de enero de 2026, del mismo modo que ocurrió en la década de 1990 con los propios triángulos.
