Murcia mantiene el pulso con el Gobierno y activa el mecanismo legal para blindar por decreto el veto parental

La Consejería de Educación y Cultura del Ejecutivo murciano mantiene su pulso con el veto parental y sigue adelante para convertir en norma la autorización familiar que exige Vox a cambio de su apoyo parlamentario al Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos. El Gobierno de Fernando López Miras ya anunció el pasado 28 de enero que no daría su brazo a torcer con el veto parental.

El siguiente paso ha sido publicar en el portal de la Oficina de la Transparencia y Participación Ciudadana la consulta ciudadana necesaria en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos abierta desde el pasado 3 de febrero y hasta el próximo día 22. El proceso se cerrará, sin embargo, cinco días después de cumplirse el plazo que dio la ministra de Educación, Isabel Celaá, para derogar la instrucción de principios de curso sobre el veto parental por vulnerar el artículo 27 de la Constitución y varios tratados internacionales suscritos por España. 

Según la consulta publicada en el portal del Gobierno murciano, la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional tiene previsto proceder a la modificación de los tres decretos de currículo de Infantil, Primaria y Secundaria, por lo que se abre un proceso para posibilitar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley.

En la memoria justificativa de la reforma se especifica que las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma podrán pronunciarse acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y posibles soluciones alternativas.

En los últimos días distintos sectores de las comunidades educativa y científica de la Región están manteniendo debates internos sobre su posicionamiento al respecto del veto parental. Una de ellas, la Universidad de Murcia (UM) tiene previsto un claustro extraordinario el próximo 19 de febrero para debatir su adhesión institucional al Manifiesto por la eliminación del pin parental en Murcia.

Según el documento, con la reforma se pretende aumentar la colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos, “en el marco de los principios constitucionales” y señala que  la realidad educativa y la experiencia de cursos anteriores “aconsejan la modificación de los decretos de referencia”.

El proyecto de modificación pretende adoptar las medidas “adecuadas” para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares esté presidida “por la objetividad, neutralidad, el respecto al pluralismo y el uso de criterios científicos”.

Además, se prevé en la modificación propuesta una “mejora” en la definición de las actividades complementarias, así como la necesidad de recabar el consentimiento de las familias para aquellas actividades programadas por los centros y desarrolladas en horario lectivo por personas ajenas a los mismos que no sean empleados públicos.

Ahí está uno de los matices del blindaje por decreto de la norma: A diferencia de la instrucción vigente, que es una orden de rango menor y que da a los centros un mayor margen de actuación, el decreto obligará a asistir a la actividad complementaria salvo que haya un no expreso de los padres. Además, en el caso de que las charlas sean impartidas por empleados públicos no será necesaria dicha autorización familiar. El segundo punto implica que, por ejemplo, las acciones formativas coordinadas desde la Consejería de Salud, que son impartidas por enfermeras y médicos, no podrán ser prohibidas por los padres.