Dos centros educativos de Cartagena en riesgo por presencia de metales pesados “potencialmente radioactivos”

El edafólogo, geólogo y doctor en Minería y Desarrollo Sostenible, José Matías Peñas Castejón, ha presentado esta mañana una denuncia en la que advierte de la existencia de metales pesados en dos centros educativos de La Unión (Cartagena): el Colegio Público de Educación Especial Enrique Vivientes, y el I.E.S Sierra Minera. 

En ella expone “una situación de amenaza inadmisible para la salud de los niños que frecuentan los colegios”, que además es “potencialmente peligrosa por riesgo de radiación externa de los residuos”. Según Peñas, el caso lleva un año y cuatro meses judicializado, y ha asegurado en declaraciones a eldiario.es que hasta ahora “no se ha hecho absolutamente nada”.

El escrito presentado es una ampliación de una primera denuncia interpuesta por el investigador en diciembre de 2017, en la que alertó que “los valores obtenidos superan en varios órdenes de magnitud los niveles genéricos establecidos para el plomo, zinc, arsénico y otros elementos potencialmente tóxicos para suelos con uso final educativo,  que suponen un claro riesgo para salud de las personas y los ecosistemas”.

La denuncia hace hincapié en el colegio Enrique Vivientes, al que “acuden 60 alumnos de edades varias con discapacidades tales como autismo, asperger, o trastornos conductuales”, para los cuales los metales pesados, según el experto, “son un factor totalmente negativo”.  

En este sentido, y en referencia al IES Sierra Minera, Peñas alertó que “las instalaciones educativas son frecuentadas por estudiantes de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años”. Muchos de los alumnos acceden a ese centro cuando terminan la educación primaria en el C.E.I.P. San Ginés de la Jara, localizado en Llano del Beal, y caracterizado también por una alta presencia de metales pesados. “Pasan de un centro con una alta concentración de plomo, a otro con con niveles del metal mucho mayores”, puntualizó el investigador. 

Las principales fuentes de contaminación en ambos centros, según ha sostenido el edafólogo, son tres: en primer lugar, la antigua fundición de plomo 'El Porvenir', constituida por “escorias de fundición” que con el transcurso de los años pueden dar lugar a “sales hidrosolubles enriquecidas con metales pesados que acaban alcanzando las instalaciones educativas”, y que además pueden ser “potencialmente radioactivos”. En segundo lugar, el depósito de residuos 'El Descargador', topográficamente ubicado por encima de los centros, en el que “la acción de la erosión eólica” posibilita que las partículas tóxicas los alcancen. Por último, la rambla que discurre junto a las instalaciones, que “transporta los residuos peligrosos provenientes de 'El Descargador' y cubren su cauce”.

En este contexto, en febrero de 2018 presentó una ampliación de la primera denuncia, en la que demostró la superación de “los valores de referencia” en “20.000 veces para el caso del plomo” y “entre 300 y 400 veces para el arsénico”. Los documentos legales fueron presentados ante las Direcciones Generales de Minas, Centros Educativos, y Medio Ambiente, y tal y como ha señalado Peñas, “en ninguno de los casos se ha actuado”.