Queridos lectores y lectoras, pronto se cumplen 25 años del asesinato de la catana, el primer acontecimiento que puso de moda el true crime como algo mediático, susceptible de seguir en cualquier programa de tarde, sin barreras a comentarios indolentes y sin pensar en sus consecuencias. Ocurrió aquí en nuestra región y conmocionó a todo el país. Un menor asesinaba de manera brutal a toda su familia, un niño.
Entonces había una serie de programas dedicados al true crime, pero esto no interesaba al conjunto de la sociedad, no había tertulias de tarde ni noticieros con la novedad sacada ilegalmente de un sumario secreto sobre el caso de turno.
Los que me conocéis sabéis de mi pasión por la divulgación: hace unos días entrevisté para Youtube al que fue el abogado defensor del niño que cometió el crimen, Pedro López Graña. Creo que cambia mucho ver este asunto con un margen de tiempo tan amplio y en el contexto de la sociedad actual donde todo se mediatiza con titulares que no suelen corresponder con la realidad en las redes sociales.
Os hago una advertencia, en este artículo me refiero a acusados que no tienen un perfil psicopático, esto merece mención aparte.
Dejadme deciros que este crimen nos dio grandes lecciones como sociedad, lecciones que hoy día aún no hemos aterrizado. Muestra de ello será que a más de uno os habrá chirriado un poco que me refiera al 'niño' que cometió el crimen.
Las tres lecciones:
La primera es que el dolor, lo atroz y el morbo que estos crímenes generan son un combustible para la crispación social.
Y la crispación social vende, y donde algo vende la ética supone un freno al capital, por lo que la ética sobra. Ya lo hemos visto con el asunto de Rocío Wanninkhof, quien fue asesinada cruelmente. Por esto cumplió condena una mujer inocente que fue juzgada por los medios y la sociedad, lo cual hizo que no tuviera un proceso justo, Dolores Vázquez.
También lo vemos con el asunto reciente de asesinato de Gabriel Cruz, el Pescaito, y la incansable lucha de su madre, Patricia Ramírez, por traer justicia a la memoria de su hijo. Netflix ha intentado crear un documental partiendo de lo que más morbo puede dar: el relato de la autora.
Sobre esto, como abogada, como madre, creo que solo con la ética por delante nos debería interesar el true crime. Es absolutamente posible hacer periodismo e informar sobre los sucesos sin arrancar la dignidad de las víctimas y respetando la presunción de inocencia.
La segunda lección es que estos sucesos son un punto de inflexión del debate social y de los límites que marcamos como comunidad. Sobre todo de las necesidades que tenemos para sentirnos seguros, para que nuestros hijos crezcan en un espacio protegido.
No me refiero solamente al hecho de sentirnos seguros frente a asesinos, me refiero a sentirnos seguros en el caso de que nuestro hijo, o nosotros mismos, juguemos ese papel. Ya lo comentábamos en la entrevista al abogado Pedro López, es una necesidad social que exista el derecho de defensa, lo merecemos como sociedad.
Os pongo un ejemplo: la última mujer ejecutada en España fue Pilar Prades, la “envenenadora de Valencia”, en 1959. Una criada, condenada a muerte por asesinato y ejecutada mediante garrote vil. La ejecución se demoró porque el verdugo se negó a ejecutar la sentencia y hubo que buscar a otro, a quien se emborrachó y se forzó a subir al patíbulo. Desde entonces ha sido posible la pena de muerte en nuestro derecho hasta 1995 (sí, tras la Constitución aún era viable en el ámbito militar), pero no se ha utilizado.
La tercera lección de este caso viene 25 años después: la reinserción social es inevitable. No solo es que el sistema deba aspirar a que las personas que cometen crímenes puedan arrepentirse y reincorporarse a la sociedad sin reincidir, es que es inevitable que cumplan su condena y vuelvan a las calles.
José Rabadán fue juzgado en mitad de uno de esos cambios sociales importantes, la promulgación de la ley del menor, se le pudo aplicar esta nueva norma: garantista, conforme a la convención de derechos del niño. Una norma que en su momento suponía un insulto para algunas personas que veían el telediario y decían que debía ser depurado de la sociedad, ajusticiado de por vida.
Años atrás vemos que esta persona tenía un trastorno mental, un contexto desfavorable y que el sistema de justicia le proporcionó un espacio en el que prosperar con medidas de seguridad adecuadas que velaron, aunque sea precariamente, por su reinserción social.
Podríamos haberlo enviado a la cárcel 20 años y que saliera de ahí un delincuente con problemas mentales agudizados, pero prevaleció el avance social para dar a nuestros hijos una sociedad donde crezcan en un espacio más seguro, como víctimas y como acusados.
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