En la noche del pasado miércoles, 67 personas retenidas en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Sangonera se fugaron tras un motín. Al día siguiente despertamos con titulares alarmantes que incitaban al pánico y al odio. Por desgracia, esta cuestión no es nueva pero no podemos dejarla pasar por alto en un país donde la bandera de la libertad de prensa se levanta mientras ni si menciona siquiera el derecho a la información de la ciudadanía.
Uno de esos medios recogía las declaraciones del delegado de Gobierno: «Los inmigrantes fugados del CIE de Sangonera actuaron “con extrema violencia”». También afirmaba que la Policía Nacional había creado una alerta para la búsqueda de los inmigrantes. Con todas estas declaraciones de las que los medios se hicieron eco enseguida se creó un estado de opinión y la sensación de alarma, de ahí que se escucharan con frecuencia comentarios sobre la peligrosidad de los “fugitivos”, incluyendo aspectos de contenido racista que me niego a reproducir para no alimentar la espiral de odio.
Pero antes de seguir, paremos un momento. Los CIES, como vienen denunciando desde hace tiempo organizaciones sociales y algunos partidos políticos, se han convertido en cárceles donde se vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos. No hay que olvidar que las personas están recluidas por faltas administrativas, no son delincuentes. De hecho, existen numerosos y demoledores informes donde se detallan las irregularidades y las condiciones de hacinamiento. Hagamos memoria.
La conocida como Directiva de la vergüenza, que se aprobó en 2008 y llegó a España con Zapatero, fue incluida en la Ley de Extranjería con los apoyos del Partido Popular y del PSOE. Además, varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han denunciado que España, Italia y Chipre endurecen la Directiva del Retorno a través de informes en los que relatan que en estos países se cumplen los aspectos más severos de la directiva mientras que las supuestas garantías de retorno que se recogen se violan, así como el régimen de visitas, la atención sanitaria y la detención de menores, entre otros.
Entonces vamos a recapitular para entender la gravedad de ser altavoz del discurso criminalizador de la inmigración. Están por un lado, los partidos políticos haciendo leyes “para controlar la inmigración”; leyes represivas en su mayoría y que si las aplicaran otros estados, los “demócratas” de traje y corbata europeos ya se habrían cogido de las manos y golpeado el pecho. Sin embargo, son ellos mismos quienes aplican estas medidas y, al mismo tiempo, dirigen un discurso racista que permita que estas sean aceptadas por la población sin cuestionar que se vulneran los Derechos Humanos. Este discurso etiqueta de ilegales a personas cuyo único delito ha sido nacer en tierras fértiles y ricas en recursos naturales, pero que sufren la maldición de su propia riqueza; que huyen del hambre y de las guerras auspiciadas por mercaderes que además tienen mucho peso en las instituciones europeas.
Por otro lado, hay ciertos medios que escupen el discurso de las élites políticas contra la inmigración, que en parte es provocada por el tipo de políticas que ejecutan; medios que se convierten en cómplices de la sangre que tiñe el mar Mediterráneo por las heridas que Occidente abrió en África para expoliarla.
Estas élites políticas son las mismas que explotan al pueblo español mientras nos repiten a diario que son los inmigrantes quienes han empeorado nuestras condiciones de vida porque quitan trabajo y prestaciones. Mienten. Usan la palabra para enfrentarnos a “los pobres con los nadies” y emprender una guerra de los de abajo mientras acumulan cada vez más riqueza los de arriba. Pero, ¿por qué los medios se prestan a ese vil juego asesino y creador de desigualdad? Quizás tenga algo que ver con que esos medios son propiedad también de élites políticas que trabajan lavando la cara al orden mundial injusto.
Ante esto nos queda exigir el derecho a la información; nos queda cuestionarnos los caramelos envenenados que recibimos en forma de bombas informativas o titulares tendenciosos. Ante esto, cuando escuches mentiras y tópicos criminalizando la inmigración, debate, desmiente, dialoga y haz entender a tu vecino y vecina que quienes nos roban vienen en yate, viven en casa de lujo, con coches de alta gama y seguridad privada; que muchos están en las instituciones y otros con las puertas giratorias han llegado a grandes empresas.
Esos son los ladrones y no quienes vienen a ganarse la vida trabajando de sol a sol por cuatro míseros euros, y que son también, como la mayoría de nosotros y nosotras, gente trabajadora explotada.
En la noche del pasado miércoles, 67 personas retenidas en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Sangonera se fugaron tras un motín. Al día siguiente despertamos con titulares alarmantes que incitaban al pánico y al odio. Por desgracia, esta cuestión no es nueva pero no podemos dejarla pasar por alto en un país donde la bandera de la libertad de prensa se levanta mientras ni si menciona siquiera el derecho a la información de la ciudadanía.
Uno de esos medios recogía las declaraciones del delegado de Gobierno: «Los inmigrantes fugados del CIE de Sangonera actuaron “con extrema violencia”». También afirmaba que la Policía Nacional había creado una alerta para la búsqueda de los inmigrantes. Con todas estas declaraciones de las que los medios se hicieron eco enseguida se creó un estado de opinión y la sensación de alarma, de ahí que se escucharan con frecuencia comentarios sobre la peligrosidad de los “fugitivos”, incluyendo aspectos de contenido racista que me niego a reproducir para no alimentar la espiral de odio.