Llegada la época de las elecciones, solemos oír como un estribillo aquello de la fiesta de la democracia, y así podría considerarla pues decidimos de forma pacífica y respetuosa a quienes van a representarnos; personas en quienes delegamos la gestión de lo público y la resolución de posibles conflictos que pudieran surgir. En sus orígenes griegos la democracia estaba relacionada con ciudades donde, quienes podían –porque no todas tenían derechos ciudadanos- se reunían en asambleas y decidían, con cargos rotatorios y una corresponsabilidad admirable.
Sin embargo, la democracia ha adquirido diferentes formas a lo largo de la historia y hoy el sufragio universal no se ve como suficiente. La gente consciente de su ser político –que va más allá de los partidos- empieza a exigir más a sus candidatos. La corrupción ha hecho daño a la imagen general de los políticos y al mismo tiempo ha ahondado en el perfil ético de quienes optan a ocupar un puesto de representatividad ciudadana.
Somos conscientes, quienes estamos inmersos en la campaña, que los instrumentos para hacer llegar a la gente los programas o propuestas van modificándose conforme crece el interés (o desinterés) de las y los votantes. El clásico mitin se está quedando anticuado, pero hay un recurso también antiguo cuya actualidad se vuelve una exigencia por el formato, el DEBATE. Ha saltado de la arena política a la razón pedagógica: en los centros educativos, cada vez con más frecuencia, se promociona el debate por su valor argumentativo, de capacidad de exponer buenas razones y vencer con las mismas antes que con las malas artimañas o la imposición de quien ostenta el poder en un momento dado. El buen diálogo o el diálogo político no se improvisa, se educa. Hay que trabajarlo para ahondar en unas relaciones sanas, pacíficas, que favorezcan una búsqueda sincera de la verdad, que nunca es única sino rica en matices.
Pero chocamos con una triste realidad: quienes deberían estar dispuestos a presentarse ante sus vecinos y vecinas para contrastar ideas y programas electorales, se esconden en distintas 'razones' (pobres razones) para esquivar lo que debería ser una exigencia democrática: la exposición pública de ideas y la posibilidad de confrontarlas con otras perspectivas de los mismos asuntos a tratar, sumado a la necesidad de evaluar el trabajo hecho desde opciones o ideologías diferentes.
Un ejemplo de este empobrecimiento democrático lo ha protagonizado recientemente el presidente de la Región de Murcia, el señor López Miras. Y en un territorio más cercano a quien escribe, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández. Preguntado un concejal de su mismo grupo popular sobre la posibilidad de ofrecer a nuestro municipio un debate, se nos respondió que tenía la agenda completa. Como si los demás estuviéramos sin hacer nada. La audiencia de los últimos debates televisados ha vuelto a demostrar que las y los votantes desean ver a sus candidatos y candidatas frente a frente, demostrando respeto entre sí y ante la ciudadanía, poniendo los programas en la balanza de la conciencia de quienes escuchan y buscan razones para optar por un voto u otro. No vale ninguna excusa, o me muestro o me escondo. Y esto debería ser también un elemento a tener en cuenta a la hora de decidir.
Llegada la época de las elecciones, solemos oír como un estribillo aquello de la fiesta de la democracia, y así podría considerarla pues decidimos de forma pacífica y respetuosa a quienes van a representarnos; personas en quienes delegamos la gestión de lo público y la resolución de posibles conflictos que pudieran surgir. En sus orígenes griegos la democracia estaba relacionada con ciudades donde, quienes podían –porque no todas tenían derechos ciudadanos- se reunían en asambleas y decidían, con cargos rotatorios y una corresponsabilidad admirable.
Sin embargo, la democracia ha adquirido diferentes formas a lo largo de la historia y hoy el sufragio universal no se ve como suficiente. La gente consciente de su ser político –que va más allá de los partidos- empieza a exigir más a sus candidatos. La corrupción ha hecho daño a la imagen general de los políticos y al mismo tiempo ha ahondado en el perfil ético de quienes optan a ocupar un puesto de representatividad ciudadana.