En una misma semana ha salido el juicio por la trama de abuso a menores en Murcia y el documental de Carles Tamayo 'Cómo cazar a un monstruo' y las dos historias que, desgraciadamente son reales, destapan para la gente de a pie qué es lo que tenemos por justicia. A mí no me sorprende nada de lo visto, aunque me indigna. Os voy a contar por qué sucede esto de manera muy simplificada.
La justicia de nuestro país es una herramienta (casi) bien pensaba y mal desarrollada. No voy a decir que no es culpa de nadie y que cada uno hace lo que puede porque es mentira: hay culpables y muy pocos hacen lo que les corresponde.
En el asunto de Murcia la instrucción se dilató diez años. ¿Cómo es posible? Cualquier abogado defensor que vea un proceso con varios implicados, muchos folios y mucha prueba por practicar puede decir a su cliente: “Tranquilo, que para cuando salga esto ya estás jubilado”. Lo mismo sucede con el asunto del pederasta que documenta Tamayo: su instrucción fue eterna, pasaron doce años desde que el primer denunciante tuvo fuerzas para ir a comisaría hasta que finalmente detienen al monstruo en cuestión.
No voy a achacar esta espera a todas las posibilidades de recurso que hay en esa fase del proceso porque son garantías de los acusados que no se deben vulnerar, pero si que hay un problema grave: mientras el juzgado está investigando ese delito, está al mismo tiempo investigando otros 60 y haciendo juicios rápidos y delitos leves. Todo eso con diez funcionarios y un juez (con suerte, a veces son menos funcionarios). La carga de trabajo no solo repercute en la espera, que es larga, repercute en la imposibilidad de leer todo, de pensar en el asunto, de redirigir la prueba y de realizar entrevistas e investigaciones tal y como hace Tamayo en el documental. Cuando lo ves tienes claro que eso lo debería estar haciendo la policía.
Ese es uno de los motivos por los que decimos que faltan medios en justicia. Pero el problema es que también hay falta interés: muchas de las personas que trabajan en este ámbito hacen brazos caídos. ¡Cuidado!, no he dicho todas. Esto es algo que en mi profesión da pánico decir en voz alta, pero hay personas dentro de la administración de justicia que están ahí igual que podrían estar mirando el campo. No les apetece ni les gusta su papel en el teatro social o no ven la fundamental importancia que tiene. Incluyo también en altas instancias, no solo en funcionarios. Vaya bomba acabo de soltar, pero esta es mi experiencia y la de muchos compañeros, es un secreto a voces y no estoy aquí para caer bien.
Otro problema es que el dinero todo lo mueve y que no hay dinero para hacer cumplir el estatuto de la víctima. Este estatuto regula que la víctima no tiene que cruzarse con el agresor en juicio, por ejemplo. Pero tu abogado ya te dice que en el pasillo os tendréis que ver, aunque dentro se ponga un miserable biombo. Si cuando llega el juicio sabes que tendrás que ver a ese indeseable que te ha hecho “lo que te ha hecho” lo mismo no quieres ir y no tendremos la prueba principal para condenarle.
Sobre el dinero privado que puede caminar por asuntos judiciales de gran importancia no voy a decir mucho más porque no me corresponde, pero el mero hecho de que existan tantas habladurías nos indica la sensación de impunidad que tiene la sociedad y lo desprotegida que se siente con su administración de justicia. Una administración de justicia precaria, maltratada por el poder ejecutivo de manera general y en la que intentan sobrevivir unos operadores jurídicos con vocación, con otros completamente hastiados, que se deben regir a su vez por unas normas desordenadas y burocráticas.
Ahí está el otro punto, la Ley: las normas procesales son una parte horrible de la carrera de Derecho, no por complejas, sino porque están mal hechas. Son normas muy antiguas, que se han ido reformando por partes, para añadir garantías, jurisprudencia, mejoras organizativas… Otras se han ido derogando y han surgido, surgen y surgirán contradicciones. Son una ensalada donde no se diferencia el tomate de la lechuga. Hay que dar tantos pasos para que una requisitoria (la orden de búsqueda y captura) se haga efectiva que yo calificaría con un 6 sobre 10 la facilidad de escapar de una condena en España.
Y mientras tanto, hay un grito en las calles que debemos escuchar con atención. La sociedad siente que su justicia no vale para nada. ¿De qué sirve mi vocación, mi preparación, los laberintos que cruzo para conseguir cosas a mis clientes, o este artículo, si piensan que están absolutamente desprotegidos? El mensaje que se manda a la gente con estos dos casos es muy claro: “Es barato ser un pederasta en España, es fácil huir de una condena, los abogados solo buscan dinero, los fiscales son fáciles de sobornar, nadie se preocupa por invertir más medios en justicia, las víctimas no son importantes”.
Me permito hacer de agorera, ya sea para que se le dé importancia a este tema o para que siga habiendo motivos para protestar. Pero un sistema judicial que no funciona y sin recursos da lugar al aumento de la desigualdad. La proliferación de la corrupción, ya que las personas con recursos pueden manipular el sistema aún más, aumentando el ciclo corrupto. Pueden surgir movimientos de justicia paralela, incluso mediante negocios privados, tengamos en cuenta el modelo de la empresa desokupa. La desconfianza en el sistema judicial puede traducirse en una mayor inestabilidad política, imaginad los partidos políticos populistas que pueden aprovechar este malestar para ganar apoyo prometiendo reformas radicales mal planificadas. Por supuesto, habría una fuga de talento y de capital, personas y empresas que pueden buscar otros entornos más estables y justos donde vivir.
Necesitamos que alguien mire la justicia desde la empatía y quiera que funcione como la herramienta que debe ser y no como la que es, o la semilla actual tendrá consecuencias que echarán raíces.
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