Si nadie lo remedia, antes de que termine el mes de marzo, el PP habrá conseguido avanzar otro paso de gigante en su proyecto privatizador. Se trata ahora de seguir privatizando la enseñanza. Se ha avanzado ya mucho camino en la sigilosa y continua privatización de los dos servicios básicos: Sanidad y Educación. Pero el proceso no tiene fin.
El presidente, Pedro Antonio Sánchez (imputado/investigado) y su Consejera de Educación, María Isabel Sánchez-Mora (reprobada por la Asamblea Regional), es decir, dos personas que deberían haber dimitido, que no tienen la confianza ni el apoyo de nadie, han decidido ahora que no solo van a subvencionar con dinero público a las empresas privadas que ofrecen Enseñanza Obligatoria, sino que también van a hacerlo con las que ofrecen Enseñanza Secundaria no obligatoria, es decir, el Bachillerato y la Formación Profesional.
Además, conscientes de su precaria situación política, lo van a hacer mediante un procedimiento de urgencia. No se va a votar en la Asamblea Regional, no se va a debatir ni a votar en el Pleno del Consejo Escolar Regional, simplemente, inventándose una situación de “urgencia”, van a aprobar una ley que supondrá un enorme desvío de fondos del presupuesto de la Consejería de Educación que, en lugar de destinarse a ofrecer más y mejores plazas en la Escuela Pública, se van a destinar a las empresas privadas de educación.
Y no solo eso: el contrato por el cual estas empresas privadas recibirán una subvención pública integral se va a ampliar con esta nueva y “urgente” ley, de cuatro a seis años, bloqueando así cualquier posibilidad de que, si entrara un nuevo Gobierno que decidiera apostar por los servicios públicos en lugar de las subcontratas privadas, pudiera revertir este desvío presupuestario hasta pasados esos seis años.
La urgencia, la falta de consenso, de debate, de votación, de publicidad, con la que se está tramando este saqueo del dinero de todos para el beneficio de unos pocos, demuestra que es una ley que deliberadamente atenta contra el bien común. Muestra también la intención de este tambaleante Gobierno de aprobarla de forma rápida y silenciosa, sin hacer ruido, sin que demasiada gente se entere de la trascendencia de esta nefasta ley.
Por supuesto, como sucede siempre que hay que justificar lo injustificable, asistimos a la perversión del lenguaje, a la mentira, al engaño. No los escucharemos decir la única verdad que los mueve. No los escucharemos decir: sí, queremos privatizar la educación, queremos subcontratarla, que se encarguen otros; no queremos una escuela pública independiente, con profesores y maestros que hayan pasado por una oposición; queremos empresas privadas, queremos empresas católicas y del Opus encargándose de la educación, contratando a los profesores que ellos consideren adecuados, sin oposición alguna, fáciles de controlar, de asustar, de ajustar, también, claro. Queremos que, desde pequeños, los niños sepan lo que son las clases sociales, dónde está su sitio, “como Dios manda”.
No, no nos dicen eso. Adivinen qué palabra viene a sus bocas siempre que quieren justificar esta privatización. Sí. Esa. Libertad. Por supuesto. Libertad. La sagrada libertad de los padres a elegir dónde quieren matricular a sus hijos. ¿Tiene esta ley algo que ver con la “libertad”? ¿Ha visto alguien a la policía o al ejército en la puerta de los colegios privados impidiendo a los padres matricular a sus hijos en una enseñanza NO OBLIGATORIA como es el Bachillerato o la Formación Profesional? Los padres que quieran que sus hijos estudien Bachillerato en un centro religioso pueden hacerlo, libremente. Tienen toda la libertad del mundo para pagar el centro educativo que más les convenga. Pero es una aberración que TODOS, todos los murcianos, tengamos que pagar el capricho de esos padres que han decidido que sus retoños estudien el Bachillerato en un centro católico, o budista, o de enseñanzas alternativas.
Insisto: el Bachillerato y la Formación Profesional no son obligatorios. Uno se matricula porque quiere. Hay plazas públicas de sobra. Nunca se ha subvencionado el Bachillerato de los centros privados, y nunca han faltado plazas públicas. ¿Por qué ahora es “urgente” hacerlo? ¿Hay una avalancha demográfica desconocida para todos, una avalancha de jóvenes deseosos de ampliar sus estudios que acaba de descubrirse, justo ahora? ¿De verdad? ¿Queréis que nos creamos eso?
Pero, vale, supongamos que Pedro Antonio Sánchez maneja unos datos ocultos que indican que sí, que el próximo curso habrá muchísimos más alumnos queriendo estudiar Bachillerato y FP de los que ha habido en los últimos cuarenta años en la Región. ¿Y bien? Si hace falta contratar a más profesores, se contratan. No olvidemos que en los centros “concertados”, el sueldo de los profesores es el mismo que el de los públicos, y que reciben su nómina directamente de la Consejería de Educación. ¿Por qué pagar a una empresa privada, cuyo objetivo es ganar dinero, para ofrecer ese servicio? Todos los centros de nuestra Región pueden atender a los alumnos que quieran estudiar Bachillerato. Si a alguien no le gusta el Bachillerato de la Enseñanza Pública, que se pague un Bachillerato privado; de su bolsillo, claro.
Y también queda otra pregunta importante, con lo de la “libertad”. A ver, presidente, consejera, dígannos, por favor, por qué, cuando las subvenciones a las empresas privadas de educación SIEMPRE han tenido una duración de cuatro años, ahora es “urgente” ampliarlas a seis. ¿Seremos así todos más libres? ¿Es esa losa que dejan para futuros gobiernos, y para todos los murcianos, un monumento a la Libertad?
No nos engañemos. De lo que se trata aquí es, simple y llanamente, de una privatización. Es el objetivo del PP, tanto en Murcia como en España. Cierto que, en Murcia, somos la avanzadilla, los pioneros, los más fieles sirvientes de esta ansiedad privatizadora. España es uno de los países de Europa que más subcontrata las plazas educativas. La media europea es de un 81% de plazas públicas. La media española, solamente del 68%.Y, dentro de unos años, llegaremos, con Murcia a la cabeza, por supuesto, al 50%.
Ese parece ser el objetivo. En Murcia, además, mientras los centros públicos han estado sufriendo unos brutales recortes, es donde más ha aumentado el gasto presupuestario en subvenciones a centros privados: ha subido un 24% en Infantil y Primaria, y un 26% en Secundaria, según un informe de CCOO.
Si alguien no se fía de CCOO, podemos dar unas cuantas cifras del Portal de Transparencia, para que se hagan una idea. Solo una pequeña muestra del dinero que en el año 2016 se ingresó a empresas privadas de educación: Monteagudo/Nelva (sí, el del Opus que segrega a los estudiantes según su sexo): 4.064.444,22 euros; La Merced-Fuensanta: 5.063.449,38 euros; Cristo Crucificado: 3.707.902,13 euros. Por citar solamente tres, de la ciudad de Murcia. Ahora piensen en toda la Región. Piensen en los 360 centros privados que están recibiendo estas subvenciones de dinero público. Piensen, además, que estas cifras son de Enseñanzas Obligatorias. Aquí todavía no hay subvención para los Bachilleratos o los Ciclos de Formación Profesional. Imaginen ahora las cifras que habrá en los próximos años, cuando también estas enseñanzas no obligatorias estén subvencionadas. Piensen cuánto dinero va a quedar, del presupuesto de la Consejería de Educación, para la Escuela Pública.
Sí, estamos hablando de una privatización en toda regla. Y viene amparada desde el Gobierno de España. Está planeada a gran escala. Ya está dando sus frutos, y dentro de unos años el panorama de la educación será irreconocible. Hay un detalle de la LOMCE en el que no se insiste demasiado, y es de los más graves. En todas las leyes previas, siempre había un párrafo, pura rutina, al que nadie daba importancia, que decía que las Administraciones se encargarían de que hubiera siempre un número suficiente de plazas públicas para escolarizar a los alumnos. En la LOMCE se ha suprimido lo de “públicas”. Ahora la Administración se compromete solamente a que haya “plazas”.
¿Qué significa esta “pequeña omisión”? Pues algo que ya está pasando, por cierto. Y que, ¡oh, sorpresa!, resulta que no respeta precisamente la sagrada “libertad de elección” de los padres a la hora de matricular a sus hijos. Significa que es muy probable que, tal vez, usted quiera matricular a sus hijos en un centro público donde tenga la seguridad de que los profesores están ahí porque han aprobado una oposición, y no porque sean el sobrino o la cuñada de alguien. Significa que puede que no obtenga plaza en ningún centro público, y se vea obligado a llevar a sus hijos a un centro concertado. Eso está pasando ya.
Una amiga pidió, el año pasado, los ocho colegios más cercanos a su casa. Puso en primer lugar los seis públicos de la zona y, en último lugar, dos concertados cercanos. No obtuvo plaza en ninguno de los públicos. Su hijo ahora estudia en un concertado. El uniforme, obligatorio, de compra exclusiva, cuesta 200 euros. Ese centro ha recibido casi un millón de euros de subvención.
Ese es el futuro al que nos enfrentamos. Esa es la sagrada libertad. No podemos quedarnos quietos mientras desmantelan uno de los mejores inventos de nuestra sociedad: una Escuela Pública de calidad, con profesionales cualificados, sin ánimo de lucro, que ofrece a todos, sean quienes sean, igualdad de oportunidades. A eso es a lo que yo llamo libertad.
Este artículo no es un artículo. Es un llamamiento. Es una llamada de socorro. En las últimas movilizaciones hubo mucha gente, fueron un éxito, pero había sobre todo profesores y alumnos. Esto va más allá. No es un problema interno, laboral, docente: es una cuestión social elemental. Habrá más manifestaciones, encierros, concentraciones. Este artículo es una llamada a toda la sociedad, a todos los padres y madres que quieren algo más que una educación segregada y clasista para sus hijos. Es una petición de ayuda, a todos los murcianos, para que luchen y alcen su voz y que protesten para que no se siga entregando el dinero de todos a unos pocos.
