Desde el primer momento en que allá por el mes de abril el Gobierno empezase a publicar reales decretos ley de protección ante la pandemia, en la PAH comenzamos a denunciar su insuficiencia en materia de vivienda ya que protegían exclusivamente a quienes habían caído en vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, dejando caer a los que ya venían vulnerables de antes, cuya situación tras la pandemia tuvo necesariamente que empeorar. Así se lo hicimos saber al propio Gobierno y a los partidos, incluso en el Congreso: en la Comisión de Reconstrucción pedimos en junio y ante las crisis sanitaria y económica una tregua de desahucios hasta el 31/12/21, y la aprobación urgente de la ley estatal de vivienda.
Sin embargo, no obtuvimos respuesta positiva, al contrario, se nos decía que los desahucios estaban todos prohibidos. Era un espejismo provocado, no por las medidas del Gobierno, sino por la inactividad de los juzgados, que cuando el 4 de junio retomaron su normalidad, ejecutaron 1.383 desahucios sólo entre los días hábiles que van desde esa fecha al 30 del mismo mes.
Cuando a mediados de septiembre el CGPJ publicó esos datos, ya nadie podía tener dudas, y desde la PAH, iniciamos una ronda de contactos con el Gobierno y los partidos del Congreso, reclamando la aprobación urgente de un real decreto ley que prohibiera todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, y recuperase la prohibición de los cortes de suministros básicos, que se cayó en las prórrogas de las medidas de protección aprobadas en dicho mes.
Hablamos con todo el arco progresista, incluido el PSOE y el Gobierno en la persona del Secretario General de Vivienda del MITMA, recibiendo de ambos la callada por respuesta. A pesar del silencio de éstos, y del ensordecedor silencio mediático del hecho, nuestra ronda de contactos cristalizó el pasado día 11 de noviembre, con la firma en el Congreso, por parte de los grupos parlamentarios y diputados de Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, Junts per Catalunya, Más País, Compromís, CUP, BNG y Nueva Canarias de un documento mediante el cual estos partidos daban su apoyo a las medidas de protección solicitadas por la PAH: suspensión de todos los desahucios hasta 31/12/21, o hasta que la futura ley estatal de vivienda establezca alternativas a éstos, y recuperar la prohibición de los cortes de suministros básicos, ambas frente a familias vulnerables y sin alternativa habitacional en el caso de los desahucios.
Una semana más tarde, tres de los grupos firmantes Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu hacen pública una enmienda a los PGE con estas medidas, y de nuevo el ruido mediático-tertuliano se sitúa en aspectos como el tacticismo partidista, la oportunidad de la enmienda, los dos gobiernos… etc. Quizá en parte, aunque sólo en parte, por un grave error de comunicación de los portavoces de estos partidos que, en el anuncio de dicha enmienda, no hacen mención alguna al acuerdo con la PAH de sólo una semana antes, muy poca argumentación de la necesidad de suspender tales injusticias.
Sin embargo, nadie repara en la incongruencia de que tanto el Presidente como otras muchas autoridades sanitarias andan pidiendo a la gente que se quede en sus casas, mientras que cada día se ponen en la puta calle a cientos de familias, frente a las que los poderes públicos incumplen su obligación constitucional de facilitarles una alternativa habitacional, facilitando contagios y la expansión del virus, y dejándolos al intemperie del estado del bienestar, ignorando los Derechos Humanos, la Justicia Social y la Salud Pública, de esto son muy escasos los que han dicho algo.
La suma de los partidos firmantes del apoyo a la PAH, más el PSOE si finalmente lo apoyara, daría mayoría suficiente para validar el real decreto ley. De lo contrario, el PSOE se quedaría junto a Cs, Vox y PP priorizando la propiedad privada frente al derecho a la vivienda frente a los Derechos Humanos y frente a la Salud Pública.
La prohibición debería afectar a todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, aunque el PSOE parece que quiere excluir los de ocupación, comprando el discurso y la campaña mediático/políticas de las derechas. Desde la PAH siempre hemos dicho y mantenemos que sólo ocupa quien no tiene otra alternativa, y sería bueno que el PSOE recuerde que España ya ha sido condenada por el Comité DESC de Naciones Unidas por vulnerar el Derecho Humano a la vivienda, al desahuciar a una familia que venía ocupando una vivienda propiedad de un banco. Que no es establecido ni el juicio de proporcionalidad el derecho subjetivo que el mismo Comité le viene exigiendo para dar cumplimiento a los compromisos internacionales voluntariamente adquiridos por España.
El PSOE no debería quedar junto a Cs, Vox y PP, sino situarse junto al bloque progresista y aprobar el real decreto ley que desde la PAH exigimos por Justicia Social, cumplimiento de la constitución y de los Derechos Humanos, y ahora también por Salud Pública.
Desde el primer momento en que allá por el mes de abril el Gobierno empezase a publicar reales decretos ley de protección ante la pandemia, en la PAH comenzamos a denunciar su insuficiencia en materia de vivienda ya que protegían exclusivamente a quienes habían caído en vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, dejando caer a los que ya venían vulnerables de antes, cuya situación tras la pandemia tuvo necesariamente que empeorar. Así se lo hicimos saber al propio Gobierno y a los partidos, incluso en el Congreso: en la Comisión de Reconstrucción pedimos en junio y ante las crisis sanitaria y económica una tregua de desahucios hasta el 31/12/21, y la aprobación urgente de la ley estatal de vivienda.
Sin embargo, no obtuvimos respuesta positiva, al contrario, se nos decía que los desahucios estaban todos prohibidos. Era un espejismo provocado, no por las medidas del Gobierno, sino por la inactividad de los juzgados, que cuando el 4 de junio retomaron su normalidad, ejecutaron 1.383 desahucios sólo entre los días hábiles que van desde esa fecha al 30 del mismo mes.