En el siglo veinte se desarrolla la ciencia de la ecología, que muestra las interrelaciones entre el ser humano y el medio natural. El uso del término ecología se inicia a finales del siglo XIX con el zoólogo alemán Ernst Haeckel, y a lo largo del siglo XX se consolida y florece como ciencia. A partir de la década de 1970 aparece la ecología en el ámbito académico, surgen las primeras cátedras y la ecología se estudia como ciencia en las universidades.
La cultura de los pueblos indígenas siempre ha considerado a la humanidad como una parte o elemento de la naturaleza, lo que la ciencia de la ecología pone de manifiesto en el siglo XX. Esta nueva visión de que el ser humano pertenece a la naturaleza y no la naturaleza al ser humano, que la humanidad es una especie más dentro del ecosistema del planeta Tierra, significa un gran cambio en el mundo occidental. Se trata de un avance desde el antropocentrismo, que caracterizó los tiempos modernos en Europa, al ecocentrismo, que pone en el centro el ecosistema, esto es, la naturaleza como unidad básica. El ecocentrismo dice que la naturaleza es el centro de la vida, lo esencial, y que debemos respetar sus límites.
Desde el pensamiento de Rousseau se ha establecido en el mundo occidental una frontera entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Según esta frontera o separación, para las ciencias sociales, como el Derecho o la Economía, la naturaleza ha sido considerada, estudiada y utilizada como un objeto.
Una nueva era geológica de la Tierra comenzó en el siglo XXI, conocida como Antropoceno, que nos dice que el ser humano ha superado los límites de la Tierra y ha provocado la degradación de los ecosistemas y la pérdida del equilibrio ecológico del planeta. En esta nueva era geológica de la Tierra, caracterizada por la pérdida de biodiversidad, la extinción de recursos no renovables y la dificultad de los recursos renovables para seguir el ritmo de crecimiento del consumo ilimitado, así como el calentamiento global y el cambio climático: la Tierra está muy enferma y la causa es el modo de desarrollo del ser humano que no ha tenido en cuenta a la naturaleza, sus necesidades ecológicas y sus límites.
Los indígenas en cambio, vienen diciendo que el río, por ejemplo, está vivo y como tal tiene derechos, como ser vivo.
En el mundo occidental, la gente pensó durante mucho tiempo que la naturaleza es un objeto para su explotación sin límites. Debido al peligro para la vida de los ecosistemas y de las personas, ahora la humanidad debe comprender que sólo es parte de la naturaleza y respetar la vida en su totalidad. El ser humano está en peligro porque ha puesto en peligro a la naturaleza. La responsabilidad del planeta es nuestra, la humanidad tiene la responsabilidad de haber sobrepasado los límites del planeta. Ahora es el momento de dar un paso en una dirección ecocéntrica y reconocer derechos a la naturaleza por sí misma, es una forma de re-evolucionar.
Es en el siglo XXI, la era del Antropoceno, cuando tenemos que cambiar nuestras mentes y avanzar con el conocimiento, con la conciencia ecológica, con la ética ecológica, y con la justicia ecológica, para otorgar derechos a la naturaleza. Esto ya ha ocurrido en el Derecho comparado a partir de 2016: en Colombia, el Río Atrato recibió el estatus de entidad legal para hacer valer sus derechos (la sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia se conoció en 2017). Después otros ríos fueron reconocidos como sujetos de derechos, como el río Ganges, y su afluente el
Yamuna en la India. En el parlamento de Nueva Zelanda se reconoció derechos propios al río Whanganui, y la corona británica se disculpó con los pueblos indígenas por no haber tenido en cuenta sus reivindicaciones de los derechos del río.
Reconocer personalidad jurídica es una técnica del Derecho, un ficción jurídica, que se ha venido utilizando en muchos casos distintos a las personas físicas, como las entidades mercantiles y las corporaciones, porque se ha querido resaltar el valor como entidad para relacionarse en el ordenamiento jurídico.
El camino de los derechos de la naturaleza ha comenzado su andadura en España con la Iniciativa Legislativa Popular para reconocer personalidad jurídica y derechos propios al Mar Menor. La Iniciativa Legislativa Municipal fue aprobada por el Pleno del Municipio de los Alcázares el pasado 23 de julio, y el 29 fue presentada a la Asamblea Regional por su Alcalde. A continuación, el mismo día 29 de julio se presentó la Iniciativa Legislativa Popular para reconocer personalidad jurídica al Mar Menor en el registro del Congreso de los Diputados. El pasado mes de septiembre se admitió a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados, y no se admitió a trámite por la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pero lo ocurrido en el Mar Menor no sólo puede (y debería) llevarnos a reconocer personalidad jurídica a este ecosistema único y gravemente dañado. La otra cara de la moneda es que se puedan juzgar estos desastres ambientales con una medida proporcionada propia y no acudiendo a delitos diseñados para determinados vertidos o emisiones que pueden poner en peligro el ecosistema y nada más, es decir, delitos tipificados para episodios potencialmente contaminantes o que puedan afectar a especies protegidas de fauna y flora e incluso a espacios protegidos.
Lo que está pasando en el Mar Menor y su Cuenca cabría calificarlo de crimen de Ecocidio. En este caso la extensión del daño efectivo a todo un territorio, el ecosistema que se ha visto desequilibrado, la gravedad y la afección a valores ecológicos, sociales, culturales, económicos, justifican que nos preguntemos si el Derecho Penal que tenemos está a la altura de nuestro potencial destructivo en la era del Antropoceno. Las imágenes de la fauna marina muriendo en las riberas del Mar Menor que hace un año quedaron para siempre en nuestro consciente deben ponernos a la búsqueda de una respuesta proporcionada para los seres humanos que han sido capaces de ejecutar y, en su caso, tolerar la hecatombe, y que no prescriba.
Por eso, diversos grupos de juristas y activistas están siguiendo estrategias para colocar el crimen de Ecocidio bien en los Códigos Penales nacionales, lo que sería una opción menor, o directamente como impulsó la abogada Polly Higgings, abrir paso para el enjuiciamiento de estos delitos en la Corte Penal Internacional y preparar este órgano judicial para ello junto a otros crímenes contra la humanidad.
Sea como sea no podemos quedarnos mirando como el Derecho avanza despacio a un lugar donde siempre llega tarde, tampoco debemos conformarnos con institutos jurídicos vigentes que devienen ineficaces antes catástrofes como la ocurrida con el Mar Menor. Sacando lo mejor de nosotros mismos, apostar por el ecocentrismo supone colocar en su sitio a la Madre Tierra que siempre nos ha cuidado y a la cual pertenecemos. Es un buen momento para pedir al legislador que avance como ha avanzado la conciencia de esta sociedad y otorgue derechos a la naturaleza y pida el reconocimiento del ecocidio como crimen.
*Teresa Vicente es profesora de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia. Eduardo Salazar es miembro de la Plataforma Pacto por el Mar Menor
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