La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, recientemente ha calificado de “irresponsable” seguir con la política del Trasvase Tajo-Segura, y ha anunciado que, como la ley actual del Memorándum no es interpretable respecto a las transferencias de agua del Tajo al Segura, pues ha de cambiarse mediante la aprobación de una ley de transición hidrológica para fin de año.
De este modo seguiremos con el paraíso de la inseguridad jurídica en que se ha convertido España. Si no me gusta una ley, la cambio. Precisamente ahora que la ley del Memorándum había conseguido aportar seguridad jurídica a esta infraestructura, al compatibilizar las demandas de la cuenca cedente y las necesidades de la receptora, y al eliminar la discusión entre las partes al obligar la ley a enviar agua cuando hay, y a que no haya trasvase cuando no la hay.
Días antes, el Gobierno de García-Page de Castilla-La Mancha, tras finalizar una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, declaró que el Ministerio se había comprometido a estudiar la elevación del nivel no trasvasable hasta los 800 hm en la cabecera del Tajo, el doble de los 400 actuales. Para hacernos una idea de lo que esto puede suponer, tan sólo hay que observar los niveles embalsados en la cabecera del Tajo en los últimos 5 años, esto es, en los 60 meses que van desde diciembre de 2013 a noviembre de 2018. En este período los actuales 400 hm3 se han superado en 43 de los 60 meses, esto es, en el 72 % de ocasiones se ha podido trasvasar. Sin embargo, si el listón se hubiera colocado en 800 hm3, esa cantidad sólo se habría superado en 3 meses de los 60, por lo que tan sólo se hubiera podido trasvasar en el 5 % de ocasiones, lo que hubiera provocado la muerte cerebral del Trasvase.
Estamos presenciando, por tanto, cómo la política ministerial en materia hídrica nos está dirigiendo hacia una auténtica transición eco-agónica del Trasvase, cuya idea principal es ir sustituyendo paulatinamente el agua trasvasada por agua desalada. El problema es que el agua desalada, por su composición, ha de mezclarse con el agua superficial de la cuenca y el trasvase, y con la subterránea salobre para mejorarla, por lo que el agua del Trasvase Tajo-Segura es irrenunciable, entendiéndose la desalación, siempre, como un complemento al resto de recursos.
Además, el coste energético de la desalación es muy elevado en comparación con cualquier agua trasvasada, fundamentalmente por dos motivos. De una parte, convertir agua salada en agua dulce conlleva un costoso proceso de ósmosis inversa que requiere de un elevado consumo eléctrico. Por otra parte, el agua dulce resultante se produce a nivel del mar, por lo que sólo se puede conducir a pocos kilómetros de la costa y sin elevaciones apreciables, pues de lo contrario, el coste se dispararía aún más debido a que se requeriría realizar impulsiones mediante potentes equipos de bombeo. En el agua trasvasada sucede a la inversa, se suele captar a cotas topográficas elevadas y se conduce a cotas inferiores a través de canales por donde el agua discurre por gravedad, siendo muy puntual la necesidad de recurrir a impulsiones.
Por cierto, la desalinización empieza a ser competitiva siempre que se establezca el correspondiente precio social. El Congreso de los Diputados aprobó en febrero, a través de la ley de la Sequía, un precio subvencionado del agua desalada por el que estableció una tarifa de 0,30 Eu/m3, sensiblemente interior a los 0,52 Eu/m3 que se facturan de media. Nada más se supo. El Gobierno anterior no lo aplicó, pero es que el actual, tampoco.
En definitiva, sin renunciar a ninguna fuente en la captación de recursos, la solución del agua pasa por una combinación inteligente de la desalación, la reutilización, los acuíferos y los trasvases, pero no decantando la balanza sólo hacia una de esas fuentes.
Y por último, conviene tener presente y no olvidar lo que señala nuestra Constitución Española. Por una parte, el principio constitucional de solidaridad entre regiones, que se manifiesta de forma indiscutible en la interconexión de cuencas mediante trasvases, y por otra, la competencia exclusiva del Estado para ordenar y conceder los recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una Comunidad Autónoma, de ahí la importancia que se aborde, de una vez por todas, el Plan Higrológico Nacional que está siendo postergado, una y otra vez, por los sucesivos gobiernos de España.
0