Hay para todos en el `Estudio de impacto ambiental sobre el vertido cero al Mar Menor´ recién puesto a información pública por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que hasta hace poco fue de la ministra Tejerina. El texto reparte sonoros jetazos para los involucrados en el desastre en el que ha devenido el Mar Menor. Señala, y bien directamente, con dedo acusador a los causantes del destrozo: agroindustria, ganadería intensiva y presión urbanística. Así, por ese orden.
Además, dados los razonamientos y exposiciones lógicas con gran aporte de datos, el informe viene a colocar la responsabilidad política en quienes gobiernan la Región desde hace casi cinco lustros, han dejado que la cosa llegue a la situación actual y son los mismos que gobiernan (?) hoy.
Con lo cual volvemos a la casilla de salida que estaba clara desde hace años: la connivencia entre los sucesivos equipos gubernamentales del Partido Popular murciano y la agroindustria es la causante principal del desastre. Escribo `connivencia´ a conciencia: la tolerancia de los gobernantes `populares´ hacia el cúmulo de irregularidades e ilegalidades cometidas en el entorno agroindustrial de la laguna ha sido tal que no cabe usar otro término.
Quien tenga dudas, no tiene más que releerse la denuncia del fiscal Díaz Manzanera. No es palabra de Dios. Se le pueden encontrar pegas y, quizá, desenfoques. Pero básica y fundamentalmente el jefe del ministerio Público regional puso los puntos sobre las íes que correspondía… y señaló con nombres, apellidos y razones sociales a casi todos los autores del macrodesaguisado.
Lo craso es que todas estas cosas han venido siendo denunciadas repetida y constantemente por científicos y ambientalistas, por organizaciones ecologistas y por grupos vecinales. Y lo han hecho desde hace tantos años y tantas veces que es realmente sorprendente que los sucesivos equipos `populares´ hicieran oídos sordos, como ahora López, y se limitaran a maquillar las consecuencias del atentado ambiental que se perpetraba. En esto, hay que precisar, fueron maestros el multiprocesado exconsejero Antonio Cerdá y su equipo predilecto de colaboradores que le acompaña en los banquillos.
Lo importante, no obstante, es el futuro. Sobre eso dice el informe que harán falta de 430 a 615 millones de euros para recuperar la laguna. ¿Quién pagará? Si le seguimos la onda al consejero de Fomento, Patricio Valverde, resulta que “quien contamina, paga”, según dijo atribuyéndose esa máxima ecologista.
El estudio ambiental establece que los principales causantes del desastre son los agroindustriales. No los únicos, pero sí los más importantes con diferencia sobre los demás. ¿Seguirá el Gobierno de López la `doctrina Valverde´ y las empresas agroindustriales pagarán la parte del león de la regeneración de la laguna, en colaboración proporcional con los otros causantes del deterioro? Más o menos, 80%, 10%, 10%.
De momento, no asoman muchas razones para la esperanza. El consejero más directamente afectado, Javier Celdrán, de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, se prodiga en declaraciones supuestamente ambientalistas mientras, en la práctica, significados expertos del Comité Científico del Mar Menor lo abandonan por las trabas que desde la administración ponen a su trabajo o critican, con el Instituto Español de Oceanografía, decisiones adoptadas por esa Consejería como la de dragar las golas o usar la llamativa `araña´ finlandesa. Y el consejero se permite el lujo de desear que el cambio de gobierno no frene los proyectos ambientales en marcha. ¿Cuáles?
Está por ver que, tras los 45 días que la propuesta del Ministerio sale a información pública, el Gobierno murciano se decida a “solucionar el problema en origen; es decir, evitar la entrada de nutrientes en el Mar Menor, entre ellos los procedentes de la agricultura intensiva e industrial, una de las mayores causantes del desastre medioambiental de la laguna”, como reclamó la plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor hace casi seis meses.
Y va a ser que no, porque en primera reacción la consejera portavoz Noelia Arroyo ya expresó que su Gobierno «irá de la mano» de la agroindustria para plantear las alegaciones y alternativas. Probablemente, una vez más, la solución tendrá que venir impuesta desde Madrid. Así vamos: de la nada al negacionismo.
