Fin de la tregua. El acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para sacar adelante los presupuestos regionales en Murcia hizo desaparecer cualquier conflicto entre las formaciones políticas durante escasas horas. Las intervenciones de las agrupaciones anunciando el pacto han reabierto la lucha interna, al ofrecer versiones dispares sobre el blindaje del 'pin parental' y su futuro en los colegios e institutos murcianos.
Pese a que Vox y PP se han apresurado en felicitarse por llevar adelante los presupuestos con la inclusión del 'pin parental' y su futuro endurecimiento a través de decretos, Ciudadanos se ha situado en las antípodas discursivas. Los naranjas, un día después de ratificar la solicitud de autorizaciones paternas para actividaes escolares, solicitó “estudiar su posible paralización” hasta que se aclare su legalidad. De hecho, pedirán en el Consejo de Gobierno murciano un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma que lo aclare.
El escrito firmado por los tres partidos no aclara el blindaje técnico que el 'pin' tendrá, pero el partido de extrema derecha aseguró que se aprobarían tres decretos para regularlo, cada uno para un nivel educativo. Los de Abascal aseguraron que la medida ya estaba en marcha: “Se han introducido las modificaciones por cauce legal”.
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, también se enorgulleció del pacto a tres bandas a primera hora de la mañana: “Se ha alcanzado un acuerdo en aras de la libertad”, defendió el jefe del Ejecutivo, que aseguraba haber firmado unos presupuesto que huyen del “dirigismo, el adoctrinamiento y de una fiscalidad injusta y desproporcionada como otros intentan imponernos”.
López Miras calificó la polémica con respecto al 'pin parental' de “ficción, interesada, partidista y con aras de intentar menoscabar un acuerdo”. En la línea de la extrema derecha, indicó que, a partir de ahora, se intentaría implementar el control sobre las actividades escolares a través de órdenes y decretos, que permitan que los padres y madres sepan “sin duda” a qué charlas irán sus hijos, para autorizar o no su asistencia. No obstante, el presidente no tiene claro “cuáles van a ser los trámites legislativos ni administrativos”.
“No apoyaremos esos decretos”
El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, aseguró que su partido bloqueó las exigencias de Vox sobre el 'pin parental', e insistió en que desde un primer momento, cuando la Consejería de Educación envió la instrucción a los centros educativos, mostraron su disgusto y alega que no se les consultó al respecto. “Lo más sensato sería paralizar esta orden hasta que se sepa si es legal, y parece ser que no lo es”.
Según señaló Molina, la intención de Vox era introducir en el acuerdo de presupuestos un anexo en el que se recogía la reforma de los decretos y el formulario con la autorización para los padres. “Esos decretos no los apoyamos, si los hacen y los llevan a Consejo de Gobierno no los suscribiremos”, aunque recordó que ellos no tienen la mayoría. Tal y como recoge el decreto de currículo, las actividades complementarias son obligatorias y evaluables y eso no se puede cambiar con una instrucción, insistió.
La portavoz del Gobierno de Murcia, Ana Martínez Vidal, quiso dejar claro que aunque forman un gobierno de coalición con el PP, “el primero en la Región”, no tienen por qué estar de acuerdo en todos los puntos. “Si consideramos que los consejeros de Ciudadanos tienen que desmarcarse de una decisión lo haremos, y eso tampoco significa que haya una fractura”.
Guerra abierta al 'pin parental'
Mientras los partidos políticos de Murcia debaten sobre la legalidad o no del 'pin parental', el Ministerio de Educación confirmó este jueves que lo recurrirá ante los tribunales. La cartera dirigida por Isabel Celáa señaló que esta norma “vulnera los derechos de los alumnos y alumnas” al “socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado”.
El ministerio indica que el alumnado tiene “la obligación” de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, entre ellas las de diversidad afectivo-sexual, precisamente a las que se dirige la imposición del 'pin parental'. “El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una 'objeción de conciencia encubierta' que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española”, señala Educación.
López Miras criticó la decisión del Gobierno nacional y negó cualquier ilegalidad: “En lugar de cuestionar el derecho constitucional de sus padres a elegir si sus hijos participan en actividades extraescolares podrían ser algo más efectivos en su compromiso, si es que lo tienen, con los murcianos”.
El presidente murciano aseguró que las amenazas de acudir a la justicia tenían el fin “de evitar un buen acuerdo para la Región de Murcia”. En la misma línea, calificó de inaudito “ver la intervención de una ministra y del propio presidente del Gobierno poniendo las instituciones del Estado al servicio de un partido político, con el único ánimo de boicotear una negociación”.