La caída de la inversión en la Región de Murcia según los Presupuestos Generales del Estado para 2016 es la mayor de España, con un 22,75% menos, aunque en términos totales no es la que menos recibe: la comunidad murciana será objeto del 3% del total de las inversiones, es decir, 330 millones de euros, situándose en el décimo lugar.
Encabezando las inversiones en términos absolutos y más allá de su comparación con lo recibido en 2015, la comunidad autónoma en la que el Gobierno prevé más inversión es Andalucía, que con 1.820 millones de euros recibirá un 16,5% del total. A continuación se sitúan Castilla y León con una inversión de 1.451 millones (13,1%), Galicia con 1.363 millones (12,3%) y Cataluña, donde el Estado invertirá 1.179 millones (10,7%). También por encima de los mil millones de euros está la Comunidad de Madrid, donde el Estado prevé invertir 1.019 millones (9,2%).
Siguiendo por orden de más a menos inversión en términos absolutos, detrás está la Comunidad Valenciana con 879 millones (8%), Castilla-La Mancha con 583 millones (5,3%), País Vasco con 449 millones (4,1%), Aragón con 418 millones (3,8%) y Extremadura con 363,99 millones (3,3%), antes de encontrar a la Región de Murcia con 330 millones y el 3% del total.
Cerrando el listado están el Principado de Asturias con 307 millones (2,8%), las Islas Canarias con 261 millones (2,4%), Cantabria con 205 millones (1,9%), las Islas Baleares con 159 millones (1,4%), Navarra con 106 millones (1%) y La Rioja con 89 millones (0,8%). En el último lugar de la distribución territorial del sector público estatal se sitúan las dos ciudades autónomas. El Gobierno contempla una inversión de 32 millones en Melilla y casi 30 millones en Ceuta, un 0,3 por ciento en cada caso del total estatal.
“Comparaciones frecuentemente sesgadas”
Pese a estos datos, el Gobierno aclara que existen limitaciones que pueden llevar a que las comparaciones entre territorios o entre años dentro de un mismo territorio estén “frecuentemente sesgadas” e induzcan a errores en las apreciaciones.
Una de las explicaciones de este hecho, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, es que las inversiones se imputan al territorio en el que tienen lugar independientemente de aquellos a los que beneficia, como por ejemplo puede suceder las obras de la alta velocidad. A juicio del Gobierno, esto introduce “un sesgo en la información”, ya que muchas de las actuaciones del sector público estatal “generan efectos positivos para el conjunto del país o para partes amplias de éste”, una realidad que “ignoran” los datos territorializados.
Pero además, el Gobierno defiende que las comparaciones intertemporales son con frecuencia “poco significativas”, ya que muchas de las inversiones públicas tienen un carácter “singular e irrepetible”. Podría ser el caso de un aeropuerto o una línea de alta velocidad, que eleva de forma importante la inversión en un determinado territorio cuando se inician y provocan el efecto contrario una vez concluidas.
“Pero ni lo uno ni lo otro puede interpretarse como un cambio a corto plazo en el esfuerzo realizado en ese territorio”, defiende el Gobierno, que sostiene que “sólo considerando periodos relativamente largos puede valorarse la actuación de la inversión pública en un determinado territorio”.