Pocas leyes y constante inestabilidad: la legislatura más convulsa de la historia de la Región de Murcia

En el caluroso mediodía del 26 de julio de 2019, Fernando López Miras era investido presidente de la Región de Murcia. Había llegado al poder, aun perdiendo las elecciones autonómicas, después de unas arduas negociaciones con Ciudadanos que obtuvieron el beneplácito todavía más arduo de Vox.

No fue hasta una segunda sesión de investidura cuando los miembros del partido ultraderechista votaron a favor del candidato popular.

Sonriente, visiblemente satisfecho, el reelegido presidente se levantaba de su escaño del hemiciclo de la Asamblea y dedicaba al resto de parlamentarios unas pocas palabras: “Pongamos a la Región de Murcia de una vez por todas en el lugar que merece”. “Tengan la seguridad de que este Gobierno será sólido”.

Con el inicio del curso, veto parental

Durante su campaña electoral, el PP había marcado la educación como uno de los pilares fundamentales en torno a los cuales dirigir sus políticas. En septiembre de 2019, tras las vacaciones de verano, la Consejería de Educación ordenaba a colegios e institutos de todo el territorio la obligatoriedad de presentar una autorización parental de cara a que el alumnado participara, o no, en diversas actividades escolares.

Aquel novedoso mandato tenía que ver con una de las pretensiones más vindicadas por Vox. La formación de extrema derecha se la había exigido a los populares en el devenir de las recientes negociaciones de investidura. Denominado mediáticamente pin parental, se trataba, en la práctica, de un papel que permitía a los padres vetar aquellas actividades complementarias que fueran en contra de sus convicciones.

Para sortear con éxito el primer obstáculo de la legislatura, la aprobación de los presupuestos, el PP tuvo que volver sentarse en la mesa de negociación con Ciudadanos y Vox. Fruto de aquel segundo acuerdo surgió el decreto -ya no una orden de rango menor- del veto parental, aunque con algunos matices que suavizaban la polémica iniciativa. Para entonces, casi mil personas se habían manifestado en Murcia, a principios de 2020, demostrando un rotundo rechazo. Incluso el Ministerio de Educación tachó el pin parental de “ilegal” y lo recurrió ante los tribunales, aunque finalmente fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El Mar Menor, al límite

“Decenas de agentes del Seprona y voluntarios continúan las labores de recogida de los peces muertos que se acumulan en la orilla. Son restos de la masa pestilente y grisácea que evidenció este fin de semana el agónico estado en el que se encuentra el Mar Menor”. Con estas líneas comenzaba la crónica que elDiario.es de la Región de Murcia publicó el 12 de octubre de 2019, en San Pedro del Pinatar, tras el primer episodio de anoxia de la laguna salada, que arrastró a la arena de la playa de Villananitos más de tres toneladas de peces que agonizaban sin remedio.

El consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, defendió en un primer momento que aquel suceso había sido una consecuencia más de la gota fría que días antes había anegado gran parte del litoral de la albufera. Asociaciones naturalistas reivindicaron, tras las declaraciones del mandatario, que las lluvias torrenciales sólo multiplicaron los efectos de un desarrollo agrícola y urbanístico desmedido. El comité de científicos que desde el año 2016 se encargaba de orientar las medidas para revertir el colapso del Mar Menor se resquebrajaba con el transcurso de las semanas. Un total de doce miembros, cuatro tras el desastre de San Pedro del Pinatar, habían abandonado en 2019 el grupo, entre quejas de “falta de independencia” y “manipulación”.

En agosto de 2021, en otra anoxia que a nadie pilló por sorpresa, se recogieron aproximadamente 5 toneladas de peces y crustáceos muertos a lo largo de toda la laguna salada, esta vez sin lluvias torrenciales previas. Aun habiendo pasado dos años desde el primer caso, el Mar Menor seguía encontrándose en una situación límite. Durante su turno de palabra en la primera sesión parlamentaria de septiembre, María Marín, portavoz de Podemos y del Grupo Mixto, subió a la tribuna con un bote lleno de peces sin vida, protagonizando una de las imágenes más icónicas de la legislatura. En septiembre de 2022, el Mar Menor se convirtió en el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia, gracias a una Iniciativa de Legislación Popular que recogió más de 600.000 firmas de la ciudadanía.

Pandemia y ‘vacunagate’: un cambio en el rumbo de la legislatura

Con la expansión del Covid-19 y el consiguiente confinamiento del país, la mayoría de los preceptos impulsados por el Gobierno regional fueron destinados a lo más urgente. Cierres de establecimientos y comercios, mascarillas obligatorias, toques de queda y cifras asoladoras de contagiados y fallecidos fueron los protagonistas de la pandemia.

Los cambios suscitados por el coronavirus conllevaron también el traslado de la ubicación de los plenos, que dejaron de celebrarse en las dependencias neoclásicas del hemiciclo de la Asamblea para hacerlo en su diáfano Patio de las Comarcas. El 19 de enero de 2021, la tranquilidad nocturna e invernal del martes era perturbada por una noticia imprevista: el escándalo de la vacunación prematura de altos cargos -y casi 600 trabajadores- de la Consejería de Salud, entre ellos el propio consejero, Manuel Villegas. Al día siguiente, en la sesión parlamentaria, hubo un continuo ir y venir de declaraciones y peticiones de dimisión, incluida la de la propia portavoz y socia del Gobierno, Ana Martínez Vidal. El consejero, Villegas, abandonó su cargo el mismo 20 de enero por la tarde, en una rueda de prensa en la que alegó, al borde de las lágrimas, que no había “voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor”. La fiscalía abrió diligencias para investigar si se había incurrido en delito, pero terminó, meses después, archivando el caso.

El consejero de Sanidad, Manuel Villegas, y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, se presentan para anunciar la dimisión del consejero.

Del terremoto de la moción de censura al transfuguismo

Que la cúpula de Salud eludiera por completo el protocolo de vacunación desató, como un efecto dominó, la mayor crisis del Gobierno regional en la legislatura. El 9 de marzo de 2021 se conoció que Ciudadanos, junto con el PSOE, tenía la intención inmediata de presentar en la Asamblea una moción de censura con el fin de apartar al PP no sólo de los mandos de San Esteban, sino también del Ayuntamiento de Murcia.

En un ambiente de máxima tensión agravado por la “corrupción” y el “abuso de poder” de su socio, la formación naranja, con Martínez Vidal a la cabeza, había decidido acabar definitivamente con la coalición firmada tan sólo dos años atrás. Al principio parecía que los seis escaños ostentados por Ciudadanos estaban dispuestos a votar a favor de la propuesta, y que ésta saldría adelante. En menos de 48 horas, tres de ellos se habían pasado a las filas populares y habían encontrado, además, acomodo en el Ejecutivo: Isabel Franco continuaba como vicepresidenta, mientras Valle Miguélez y Francisco Álvarez entraban como consejeros de Empresa y Empleo, respectivamente. Se convertían, los tres, en tránsfugas.

El día de la votación de la moción, el 18 de marzo, el transfuguismo siguió ganando adeptos: el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, también de Ciudadanos, se abstuvo. Los diputados díscolos de Vox, expulsados por el partido al inicio de la legislatura, votaron en contra tras unas conversaciones con el PP que se materializaron, semanas después, en el nombramiento de Mabel Campuzano como consejera de Educación. La moción de censura fracasó estrepitosamente y los populares se mantuvieron en el poder sin demasiadas consecuencias. Así lo han hecho hasta el final de esta décima legislatura, que ha sido más bien un círculo continuo de sucesos que serán recordados más por el ruido que provocaron que por haber colocado a la Región de Murcia, como prometió el primer día el presidente López Miras, “de una vez por todas en el lugar que merece”.

El asalto al Ayuntamiento de Lorca

Alejado del devenir cotidiano de la Asamblea, la mañana del 31 de enero de 2022 se tornó agitada e incierta en el Ayuntamiento de Lorca. Medio millar de ganaderos y empresarios locales, con el respaldo de PP y Vox, se manifestaban contra un pleno que se estaba celebrando simultáneamente y que tenía por objeto prohibir la construcción de macrogranjas porcinas junto a terrenos urbanizables. Una treintena de ellos consiguió rebasar el cerco policial que protegía el consistorio y se internó violentamente en él, profiriendo gritos contra el equipo de gobierno y amenazando con quemar el edificio. El incidente se saldó con siete detenidos y con una causa judicial que aún se mantiene abierta.