La moción de censura de Ciudadanos y PSOE en Murcia pone fin a 26 años de gobierno popular

“Atraco” o “nueva era”: dos lecturas diferentes para indicar que, en pocos días, el Partido Popular abandonará el Gobierno de la Región de Murcia después de 26 años. Se consuma así un pacto que llevaba cocinándose desde hace “semanas” entre el PSOE y Ciudadanos: dos mociones de censura ya registradas para desbancar al PP en la Comunidad y en la capital murciana. Los números dan. Ambas formaciones suman 23 escaños en el parlamento –mayoría absoluta–, y en el gobierno local precisan de Podemos –que ya ha anunciado su apoyo a ambas mociones– para conseguir los 15 votos necesarios para la mayoría. Una decisión que ha pillado desprevenido a más de uno, pero que no sorprende. La relación entre PP y Ciudadanos era mala desde hacía meses.

No es de extrañar la falta de 'mano izquierda' del PP a la hora de compartir el poder. El expresidente popular Ramón Luis Valcárcel ostentó el máximo cargo durante 19 años –cuatro mayorías absolutas con las que gobernó desde 1995 hasta 2014– antes de partir al 'cementerio de elefantes' del Parlamento europeo, cuya vicepresidencia abandonó en 2019.

La sombra de la corrupción que pesa sobre Valcárcel y el PP murciano sigue dirimiéndose en los tribunales. Además de la reciente investigación de la UDEF sobre los contratos firmados por el Ayuntamiento de la capital, otros casos como La Sal, Auditorio, Barraca, Novo Carthago, Pasarelas, Púnica o Umbra son causas que continúan su recorrido judicial a la espera de sentencias firmes. Otras como Camelot, Tótem, Zerrichera y El Roblecillo, que también implicaron al Partido Popular, han acabado con condenas.

Llegó el multipartidismo y con él los problemas para el PP, que precisaba de apoyos externos para mantenerse el Gobierno. Ciudadanos, que se postuló como adalid de la lucha contra la corrupción, estuvo a punto de darle al PSOE la Presidencia de la Comunidad a cambio de que el partido naranja se quedara con la alcaldía de la capital durante las negociaciones tras los comicios autonómicos y municipales de 2019. La balanza se decantó finalmente, como en el resto de comunidades donde gobernaría, del lado del PP, incluso a expensas de depender de Vox para alcanzar la mayoría.

Las promesas electorales de Inés Arrimadas en la plaza del Cardenal Belluga para que el PP no gobernara “hasta 28 años” cayeron entonces en saco roto, pero con la moción de censura del miércoles se ha dado una vuelta de tuerca a aquellas negociaciones de 2019: la alcaldía de la capital irá a parar a manos de un socialista mientras que la presidencia de la Comunidad será para Ciudadanos.

Ana Martínez Vidal, coordinadora de Ciudadanos y ahora candidata a la presidencia regional, ha hecho currículum con las tensiones recientes. Fue la primera en pedir la dimisión del exconsejero de Salud Manuel Villegas (PP), tras saberse que se había vacunado fuera de protocolo junto con 600 altos cargos y funcionarios del Servicio Murciano de Salud. Y lo hizo a través de un tuit: “Es muy importante que seamos ejemplares. Este comportamiento no es admisible, señaló Vidal, invitándole a irse del cargo. Villegas duró solo 24 horas más, por la presión de Ciudadanos, la oposición y los medios. Sus palabras no cayeron muy bien en un Ejecutivo del que formaba parte.

Otro eje de conflicto fueron los presupuestos regionales de 2021. La semana pasada los socios conseguían aprobar el techo de gasto gracias al apoyo del único diputado leal a Santiago Abascal de los cuatro que obtuvo en las urnas –los otros tres rompieron con la dirección nacional–. Una rúbrica que se queda en papel mojado después de la moción de censura.

Para aprobar las cuentas anuales había dos exigencias sobre la mesa: modificar la ley de presidencia para que Fernando López Miras, todavía jefe del Ejecutivo, se pudiera presentar nuevamente a las elecciones; y la reestructuración del equipo de Gobierno que la naranja Ana Martínez Vidal había reclamado en público y privado en más de una ocasión con el objetivo de sustituir a Isabel Franco en la Vicepresidencia.

Ciudadanos, no obstante, dio su brazo a torcer y presentó el cambio en la ley que sustituiría la permanencia de los consejeros y del presidente ocho años en lugar de dos mandatos. Algo que convenía a López Miras: aterrizó en el cargo a media legislatura, tras la huida de Pedro Antonio Sánchez en 2017, perseguido por corrupción. Pero Cs optó finalmente por amenazar con la retirada de la norma si no había retroactividad para que el presidente murciano no pudiera gobernar 14 años seguidos.

Denuncia por corrupción en el Gobierno local

En octubre del pasado año, el vicealcalde y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, decidió denunciar a su equipo de Gobierno por corrupción, según desveló en exclusiva hace unos días elDiario.es. Una decisión que le costó un “acoso personal” y una querella de los populares por infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. 

El PP insistía a Ana Martínez Vidal en dejar caer a Gómez. Para sentarse a hablar del tema desde la dirección regional naranja exigían el cese o dimisión de Francisco Coello, el concejal de Salud del PP que se había vacunado irregularmente. Una destitución que se produjo horas antes de anunciarse el pacto entre PSOE y Ciudadanos, en un último intento por mantener “la gobernabilidad municipal”. Desde la coordinadora regional mostraron su apoyo a Gómez. Su denuncia se convertiría en el epicentro de un terremoto que ha afectado a más comunidades donde gobiernan ambos partidos.

Veto parental

La última muesca en la relación de PP y Ciudadanos, antes de precipitarse la moción de censura, llegó de la mano del veto parental, que volvió a la primera línea de la política pese a las dudas legales de su aplicación, como una condición sine qua non  para que Vox apoyara los presupuestos murcianos.

Los naranjas se enteraron por la prensa de que el Partido Popular estaba negociando con Vox volver a reimplantar el mal llamado ‘pin parental’ y rechazaron de forma tajante apoyar una medida que estuviera fuera de la legalidad. Una postura que también contrasta con la aprobación de los presupuestos de 2020, cuando consagraron el veto exigido por la extrema derecha. Por ese entonces el Ministerio de Educación no había recurrido las autorizaciones parentales para actividades curriculares ante la justicia, consiguiendo que se anulara su aplicación durante el resto del curso lectivo.

“No puedo entender que la denuncia de Gómez en el Ayuntamiento haya alcanzado también a la Comunidad de Murcia en estos momentos de pandemia, ni cómo el líder del PSOE en Murcia, Diego Conesa, haya aceptado no ser presidente de la Región”, dijo el politólogo Francisco Javier López Carvajal a este periódico. “Tampoco entiendo que el murciano Teo García Egea, secretario general del PP, no le diera a López Miras el visto bueno para convocar elecciones anticipadas cuando le avisara la noche anterior de que se estaba fraguando una moción de censura”, añadió. De forma abrupta, según unos, o a fuego lento, según otros, se ha cocinado la moción de censura que acabará con más de cinco lustros de gobierno popular en Murcia.