Los negocios del PP murciano envueltos en la manta de la corrupción
La Región de Murcia es el centro de las miradas de toda España por motivos nada favorecedores a su imagen. La citación para el próximo 6 de marzo del juez al presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez como investigado por cuatro presuntos delitos de corrupción política relacionados con el caso Auditorio, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras dan visibilidad a 20 años de gobierno del Partido Popular en Murcia bajo la sombra de la corrupción urbanística y política. El propio ex fiscal anticorrupción en Murcia Manuel López Bernal aseguraba que la fiscalía de Murcia es de las que más casos de corrupción ha llevado en toda España.
La sombra de la corrupción se cierne, aun más, cuando han asaltado hasta en dos ocasiones la vivienda de Juan Pablo Lozano, fiscal anticorrupción y que destaca su trabajo en los casos Umbra y Novo Carthago, aun en instrucción y que afectan directamente al Partido Popular murciano. El propio López Bernal asegura que el trabajo de la fiscalía anticorrupción no ha sido cómodo, con continuas interferencias y presiones contra su labor, como la creación en Madrid de una asociación con la única finalidad de querellarse contra él mismo.
Con esta situación como contexto, destacan en la Región cuatro casos abiertos con diversos cargos institucionales del Partido Popular investigados por presunta corrupción: Novo Carthago, Caso Auditorio, Caso Umbra y la Desaladora de Escombreras.
'Novo Carthago', explotación urbanística en una zona protegida
Además de Pedro Antonio Sánchez, la actual senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, está relacionada con el caso 'Novo Carthago'. Este caso investiga la denominada Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, con la que se permitió a la promotora Novo Carthago impulsar un gran proyecto urbanístico de más de 10.000 viviendas, centro de convenciones y campo de golf en unos terrenos protegidos junto al Mar Menor.
Aunque hace unos meses el Tribunal Supremo exculpara a Pilar Barreiro de cualquier posibilidad de delito político, el archivo es provisional ya que la mayor parte de las diligencias del 'caso Novo Carthago' siguen siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia por lo que podría aparecer cualquier pista que Pilar Barreiro pudiera volver a verse imputada en un futuro quedará abierta durante bastante tiempo.
En el contexto de Novo Carthago, también aparecen las figuras de Rosario Valcárcel Cruz y su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, familia directa del expresidente Ramón Luis Valcárcel en un auto de la jueza del caso Miriam Marín García. El auto, dictado el pasado 15 de junio, señalaba que “del conjunto de lo instruido resultan indicios que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la reclasificación urbanística que era necesaria para el proyecto Novo Carthago, se entregasen por Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto, entre ellos, al anterior Presidente de la Comunidad, que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur”.
La jueza del caso también incluye el actual vicepresidente del Parlamento Europeo, ya que existen indicios de una “actuación coordinada” entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente -dirigida por Antonio Cerdá y Francisco Marqués, también imputados- y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio“, que estaba presidida por el también imputado Joaquín Bascuñana.
Un auditorio de 10 millones vacío
Puerto Lumbreas es una localidad de 14.000 habitantes situada en la frontera con la provincia de Almería. En junio de 2015, pocos días después de la investidura de Pedro Antonio Sánchez, el presidente murciano aseguraba a sus valedores en el cargo, Ciudadanos, que dimitiría en el momento en el que fuera imputado por el 'caso Auditorio'. El lunes 6 de marzo ha sido citado por el Tribunal Superior de Justicia para declarar como “investigado”, lo que anteriormente se conocía como “imputado” tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El 'caso Auditorio' parte de una querella de la Fiscalía Superior, que ve presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración y falsedad en documento oficial en la construcción del Auditorio de Puerto Lumbrera, que costó la friolera de seis millones de euros a las arcas públicas a través de una subvención de la Comunidad y que apenas recibe espectáculos de renombre o que justifiquen su precio.
Lo que destaca de este caso es la falta de documentación oficial para la adjudicación del proyecto de construcción del Auditorio, concedido al estudio de arquitectura Martín Lejárraga a través de una acuerdo verbal, sin firmar ninguna documentación. Además, los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio cambiaron de destino o aplicación, “sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente (…), desconociéndose cuales fueron esos usos”, como escribió la jueza en el auto para separar las actuaciones.
Caso Umbra
El Caso Umbra afecta directamente a la capital, Murcia, e investiga una presunta trama corrupta en la que está imputado el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y su exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y que investiga las recalificaciones y convenios urbanísticos de la zona norte de la ciudad durante los últimos diez años.
Dirigida por el juez David Castillejos, magistrado instructor del juzgado nº 8 de Murcia, a instancias de la Fiscalía del TSJ, el caso Umbra investiga seis convenios urbanísticos suscritos sobre más de 9 millones de metros cuadrados para la construcción de 120.000 viviendas en la zona norte de la ciudad, por los que las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar unos 500 millones de euros, con la consiguiente y presunta malversación de caudales públicos.
La clave sería la valoración a la baja de los terrenos por parte de la Concejalía de Urbanismo, que situó el precio en 120 euros por metro cuadrado, lo que quedaba muy por debajo los 600 euros por metro cuadrado que fijaba el mercado. De ese modo, el 10% del aprovechamiento urbanístico pagado por los promotores de los convenios habría sido muy inferior a lo que correspondería.
El TSJ investiga ese presunto trato de favor a empresas constructoras de Murcia, que podría recalar en un posible delito de tráfico de influencias, además de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. En el tintero se han quedado los viajes a Estambul de Cámara y Roque Ortiz, concejal de Fomento, fletados por un constructor ilicitano que habría llevado a cabo la remodelación del Teatro Circo de Murcia, entre otras obras.
Una desaladora que se pagará hasta 2034
La desaladora de Escombreras se habría ideado a partir de 2004 ante la escasez de agua de la Región de Murcia, pero la finalidad oculta de su construcción, según la comisión de investigación de la Asamblea Regional, era puramente explotación urbanística. El portavoz de la comisión, Miguel Sánchez, detallaba que ha quedado demostrado que hubo una “trama” para recalificar 180 millones de metros cuadrados y cambiar el modelo económico de la Región, sorteando la Ley de Aguas y firmando “contratos leoninos”, que van a costar a las arcas autonómicas “seis veces más” que el coste de la planta.
El caso de la desaladora no se encuentra en instrucción judicial, pero se aprecian posibles delitos políticos, sobre todo en las figuras de Ramón Luis Valcárcel, expresidente regional, y Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura. El motivo, la creación unilateral del Ente Público del Agua para autorizar la construcción de la desaladora, ya que el organismo competente en esa época, la Confederación Hidrográfica del Segura, se negaba a la creación de la misma.
El resto, un entramado de empresas públicas y privadas que no han permitido que la desaladora trabaje a su máximo desde hace diez años, cuando se finalizó su construcción. Como explica el artículo 19 de dicha comisión de investigación:
“Existe una evidente responsabilidad política, económica y social por los perjuicios ocasionados al erario público por parte de los señores Valcárcel, Cerdá y restantesmiembros de los Consejos de Gobierno que tomaron parte en las decisiones, los representantes y miembros del ENTE PÚBLICO DEL AGUA y de los diferentes Consejos de Administración de las sociedades HYDRO MANAGEMENT SL,TEDAGUA, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, MANCOBRA SA,DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU e HIDRONOSTRUM SAU, que participaron en una trama público privada para una desaladora sin que existiera ningún estudio de necesidades sobre la construcción de esta infraestructura, sin que se haya cumplido la normativa de contratación pública, asumiendo la Administración Regional obligaciones muy gravosas para las arcas públicas regionales sin justificación alguna, y todo ello para beneficiar a empresas privadas y mantener un modelo urbanístico especulativo en la Región de Murcia”.
Latigazos de la Operación Púnica en Murcia
Tanto caso de corrupción ondeando en los círculos del Partido Popular ha acabado por llevar a uno de los casos de corrupción más importantes a nivel nacional, el caso Púnica, a afectar directamente a la Región de Murcia. Entre otros, también afecta el caso directamente a Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, que habrían autorizado trabajos de reputación online y lavado de imagen con fondos de la Consejería de Educación.
La acusación atribuye a Sánchez la comisión de delitos de fraude, cohecho y revelación de información. Las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez aprecian que en 2014, cuando Sánchez era consejero de Educación “temía por las consecuencias de una posible imputación penal (relacionado con el caso Auditorio) , por lo que habría acordado con empresas de la trama Púnica (Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic) hasta 36.800 € para lavarle la imagen en las redes sociales de cara a la campaña para alcanzar la Presidencia a costa de fondos públicos enmascarados como ”formación“, según denunciaba la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
En este caso, la fiscalía anticorrupción de Murcia se ha opuesto a la imputación del presidente murciano, porque consideran que no hubo perjuicio para las arcas públicas “al no llegar a contratar con la trama para mejorar su reputación”.
Por parte de Pilar Barreiro, se considera que en su etapa como alcaldesa de Cartagena y con la ayuda de Francisco de Asís Ferreño, jefe de gabinete, trabajaron para la creación de un diario digital local, que se sufragaría con facturación al Ayuntamiento de Cartagena, y tenía como propósito difundir informaciones favorables a la entonces alcaldesa. El juez Eloy Velasco estima que pudo incurrir en delitos malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
