El TSJ de Murcia investigará al presidente de Murcia por prevaricación y malversación
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha decidido hoy asumir el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística, e investigar al presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó aquel edificio.
En el auto, notificado hoy, se designa al magistrado Julián Pérez-Templado Jordán, instructor del procedimiento sobre el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras.
La Sala extiende su competencia para instruir y, en su caso, enjuiciar, a las otras personas investigadas por los mismos hechos en las Diligencias Previas 316/2015 del juzgado de Instrucción número 1 de Lorca.
Ordena, además, a dicho órgano que, si en curso de las investigaciones que se acometan en la pieza separada que se instruye en Lorca aparecieran datos que guarden relación y que aconsejaran una investigación o enjuiciamiento conjunto, se comunique a la Sala para la adecuada coordinación de ambos procedimientos.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se ha declarado competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado de Sánchez, tras estudiar la exposición motivada elevada por el juzgado instructor de Lorca, que considera que Sánchez pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
C's retirará voto al gobierno si se confirma imputación
Esta noticia supondría el principio del final de la etapa como presidente murciano de Pedro Antonio Sánchez. El requisito principal por el que el Partido Popular se mantenía al frente del gobierno de la Región de Murcia era el beneplácito de Ciudadanos, que votó a favor del PP si apartaba a sus cargos imputados.
De confirmarse la imputación, la cual será solicitada en los próximos días por el fiscal jefe de Murcia Manuel López Bernal, Ciudadanos retiraría, como han repetido los últimos meses, su voto al Partido Popular, lo que dejaría en minoría al actual gobierno y con la posibilidad de una moción de censura por parte de los diputados de la Asamblea Regional.
El portavoz de Ciudadanos en la Región de Murcia, Miguel Sánchez, celebra la noticia, ya que supone “el fin de la incertidumbre política sobre el presidente”, aunque considera que la investigación por cuatro delitos al presidente “no es una buena noticia”. Al mismo tiempo, lamenta que la querella presentada por el Ministerio Fiscal haya estado hibernando desde hace dos años y que haya estado “a punto de volver al juzgado de Lorca, lo que hubiera significado más incertidumbre para la Región”.
Aunque se ha mostrado respetuoso con la justicia y sus tiempos, Miguel Sánchez ha manifestado que si es imputado, Pedro Antonio Sánchez no podría faltar a su palabra y al compromiso que adquirió con todos los murcianos: “Si resulta imputado, exigiremos que cumpla ese compromiso y se aparte de la política mientras se defiende”, ha concluido.
Desde la oposición, tanto el Partido Socialista como Podemos exigen la dimisión del presidente murciano. Oscar Urralburu, portavoz del partido morado, opina que “estamos asistiendo al final del presidente regional”. Cabe destacar que Podemos es el partido que denunció la situación del auditorio de Puerto Lumbreras, y Urralburu preside la comisión de investigación del mismo caso.
Por su parte, Rafael González Tovar, portavoz socialista, califica de “inaceptable” que la Región de Murcia tenga un presidente que “pone trabas a la justicia”. Asimismo, se ha mostrado “satisfecho” con el trabajo que en este caso ha realizado la justicia murciana y ha pedido “respeto” con las decisiones que se tomen.
Dos años de investigación
El 'caso Auditorio' lleva dos años en liza, desde que en 2015 la jueza de Lorca Consuelo Andreo citara a declarar al presidente, pocos días después de su investidura, por el proceso de adjudicación de las obras del auditorio de la localidad de Puerto Lumbreras cuando era alcalde en 2006.
Ese mismo día, Pedro Antonio Sánchez aseguraba que si era investigado por delitos de corrupción política, abandonaría la presidencia y la política, en relación al acuerdo de investidura con Ciudadanos.
El caso del auditorio de Puerto Lumbreras fue denunciado por el PSOE de la localidad, porque entendió que se estaba incurriendo en múltiples irregularidades durante el proceso de adjudicación de las obras, que recibieron cerca de seis millones de euros de dinero público, así como en la construcción y posterior recepción del edificio cuando aún no estaba terminado. A la denuncia se sumó el grupo parlamentario Podemos, con su portavoz Oscar Urralburu al frente de la presidencia de la comisión de investigación.
Los supuestos delitos de los que la Fiscalía acusó a Pedro Antonio Sánchez fueron los siguientes:
Prevaricación, por “haber contratado verbalmente el proyecto del Teatro Auditorio, la aprobación del expediente y del pliego de clausulas administrativas particulares, la aprobación de la propuesta de adjudicación, la declaración de la urgencia del procedimiento, la declaración de validez de la licitación y la adjudicación de los contratos celebrados con Martín Lejarraga (concurso de Proyectos) y la representación de Ecisa,S.A. (de adjudicación de las obras)”.
Malversación de caudales públicos, por “el pago a la empresa Ecisa S.A. de 338.916,04 euros más de lo estipulado en el contrato suscrito con la empresa constructora”, cantidad según indica el Fiscal, “sospechosamente coincidente, al céntimo, con la rebaja realizada por Ecisa.SA sobre el precio de licitación y la devolución de avales a la citada empresa por importe de 2.254.068,68 euros”.
Fraude contra la Administración, “al concertarse con la empresa Ecisa, S.A.”, según señala el Fiscal en su escrito, “perjudicar al ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para recibir unas obras inacabadas”.
Y falsedad en documento oficial, por la “aprobación del proyecto de ejecución de la obra Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras por parte de los miembros de la Junta de Gobierno Local” de fechas 14-2-08, “redactado por el arquitecto Martín Lejarraga con un presupuesto de ejecución de contrata de 5.998.514,00” y de 25-3-08 por la que se acordó “declarar válida la licitación y adjudicación del contrato de obras”.
