La Policía Nacional investiga las instalaciones de la Desalanizadora de Escombreras

La Desalanizadora de Escombreras se encuentra desde esta mañana bajo registro policial. Los supuestos delitos a los que responde la investigación son malversación de fondos públicos, fraude o administración desleal, entre otros. Las gestiones que se han llevado a cabo desde el inicio en 2006-2007 ha sido motivo para la reciente creación en la Asamblea Regional de una Comisión de Investigación, con el objetivo de que se analicen todas las operaciones que se han realizado con relación a esta planta y la razón por la que se construyó, así como los perjuicios que ha acarreado esa decisión.

La petición responde a la querella presentada hace meses y admitida a trámite en 2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura: “Lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público”.

La Consejera de Cultura y Portavocía de la Región, Noelia Arroyo, ha pedido “celeridad y agilidad para aclarar cuanto antes el asunto de la desaladora”. Tras ello, ha recordado el trabajo del Gobierno regional: “Desde el primer momento cuando se nos requirió información, se la mandamos a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea Regional para la Comisión de Investigación” de la desalinizadora de Escombreras.

El presidente de dicha comisión, Miguel Sánchez, lleva tiempo cuestionando por qué el gobierno regional “no está siguiendo las indicaciones de sus servicios jurídicos y de la Intervención General para disolver la sociedad Desalinizadora de Escombreras y abrir un expediente de responsabilidad contable”.

El también portavoz regional de Ciudadanos aseguró hace unos meses que “no nos gustaría pensar que el presidente de nuestra Comunidad Autónoma está intentando con esta actitud proteger intereses de terceras personas y no los de todos los murcianos, por lo que le exigimos que abandone su actual actitud de pasividad”.

El abogado Diego de Ramón: “la desaladora de Escombreras es el mayor escándalo de corrupción de la Región”

El abogado murciano Diego de Ramón, que fue el primero que interpuso en 2010 una querella a la Fiscalía para instar a la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la desaladora de Escombreras, afirma que se trata del “mayor escándalo de corrupción” de la Región de Murcia, al suponer un “agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional”.

De Ramón, que será citado próximamente a declarar en la Comisión de Investigación de la Desaladora puesta en marcha por la Asamblea Regional, ha reprochado en declaraciones a Europa Press que fue el Ejecutivo del ex presidente Ramón Luis Valcárcel el que generó una deuda de 600 millones de euros al asumir un coste “altísimo” por la construcción de la desaladora. Y es que reprocha que ACS, la empresa constructora, pidió un préstamo y la Comunidad Autónoma lo subrogó.

A todo ello se suma “el coste de un millón de euros para pagar a asesores externos”, una labor que podrían haber asumido los servicios jurídicos de la Comunidad ahorrando esa cantidad, lamenta De Ramón, quien añade también el gasto de ocho millones de euros anuales que se le paga en concepto de mantenimiento a Tedagua, que es una sociedad “creada por la propia empresa”. “La empresa ha creado todo un entramado de sociedades que se encargan de todo el proceso de producción, desde la desalación hasta los servicios jurídicos”, lamenta De Ramón, quien critica que la factura “corre a cargo de la Comunidad Autónoma”.

En este sentido, De Ramón critica que las turbinas de la desaladora “están funcionando solo al 20 por ciento” y la infraestructura supone “unas pérdidas diarias de entre 40.000 y 70.000 euros diarios”, reprocha el letrado. “Todo ello gracias a Valcárcel y a su Equipo de Gobierno”, añade.