Valcárcel defiende su gestión en la desalinizadora de Escombreras y ataca a la oposición
Ramón Luis Valcárcel, que dirigió el Gobierno de la Región de Murcia durante 20 años, ha vuelto a la Asamblea Regional de Murcia para someterse a las preguntas de los Grupos Parlamentarios dentro de la Comisión de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras, cuyo proceso de licitación, construcción y explotación está siendo objeto de análisis político y también judicial.
Durante poco menos de una hora, Valcárcel ha mostrado seguridad en la corrección de los trámites que siguió su Ejecutivo, y con tono severo, incluso se ha permitido atacar a los representantes de PSOE y Podemos y al propio presidente de la Comisión, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, a quien ha acusado de elegirle como rival y meterse con él, “como en el colegio”, circunstancia que el propio Sánchez ha negado.
El expresidente regional ha rechazado que exista un entramado empresarial en todo lo relativo a la planta, tal y como afirman los grupos de la oposición, y ha proclamado que Escombreras es la desalinizadora “más rentable de la Región”, pero que no cuenta con las bendiciones del resto de partidos “porque la hizo un Gobierno del PP”. En esa línea, ha comparado el coste de la infraestructura con otras construidas por Acuamed que, además, gozaron de subvenciones europeas mientras que Escombreras no.
El expresidente ha dicho que “es un bulo que esta desalinizadora cueste 600 millones de euros”, y ha fijado su coste en 180 millones de euros. Si ACS reclamó el lucro cesante, según Valcárcel, fue porque “no había dinero” y por tanto no se le podía pagar, pero ha asegurado que se está pagando y que ya se han abonado 49 millones de euros. También ha querido dejar claro que no hubo improvisación en el proyecto y que fue fruto de seis meses de trabajo. Por otro lado, ha reconocido que se reunió con Florentino Pérez, propietario de ACS, el 23 de diciembre de 2013, porque era su obligación, y ha negado que las condiciones del contrato fueran “leoninas”.
Además, Valcárcel ha culpado a la Ente Público del Agua -EPA- de que no sepa “colocar” el agua a los ayuntamientos, y por eso ha afirmado que la parte privada no tiene por qué asumir las pérdidas de la planta. Según el expresidente, la desalinizadora abastece a 9.000 hectáreas de regadío en el Campo de Cartagena, da trabajo a cuatro mil personas entre empleos directos e indirectos y ofrece agua potable a 28 ayuntamientos.
