El Partido Popular ha descalificado los informes de la UCO de la Guardia Civil desde que estos relacionaran a la élite popular murciana con la Trama Púnica. Tanto a nivel regional como nacional, distintos representantes del PP hablan de “linchamiento” cuando los informes contrastados relatan seria y contrastadamente las intenciones del gobierno murciano de pagar con dinero público a la empresa de Alejandro de Pedro tareas de lavado de imagen.
Ahora, el juez Velasco ha dado validez judicial a los informes de la Guardia Civil, que informan que un diputado de Cristina Cifuentes cobró 60.000 euros de la Trama Púnica. En Murcia, el juez ha citado como investigadas a cinco personas de la vertiente murciana de esta causa, entre ellas David Conesa, el que fue jefe de gabinete del actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando éste era consejero de Educación de la Región.
El próximo 4 de octubre tendrán que ir a declarar Conesa, así como a Eduardo Contreras, exalcalde de Molina de Segura; Marta García Rivas, que trabajó con Contreras; Francisco de Asís Ferreño, exjefe de gabinete de la alcaldía de Cartagena, y María del Mar Conesa, funcionaria de este Ayuntamiento.
El juez les imputa delitos de malversación de caudales públicos, fraude y revelación de información y cita ese mismo día a las empresas EICO y Madiva, del “conseguidor” de la trama Púnica Alejandro de Pedro y dedicadas a trabajos de reputación “online”.
Según Velasco, la tramá pagó con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo de Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital y los honorarios por los trabajos de un periodista, y para ello contó con la ayuda de la funcionaria del consistorio imputada. “Contratos ”redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado“, según ha recogido la agencia EFE.
Necesidad de más explicaciones
La limitada respuesta de los populares se ha reducido a enviar el mismo discurso desde la portavocía como desde la presidencia. El presidente de la Comunidad ha destacado, respecto a su presunta relación con la trama 'Púnica', que ya se entregaron “los certificados oficiales que aclaraban que nunca se hizo ningún contrato, ni se pagó una factura, ni se pidió un presupuesto”, según ha recogido Europa Press.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha advertido esta mañana que “alguien tendría que pedir disculpas por ningunear el informe de la UCO, que ahora hace propio el juez Velasco”. Sánchez se ha referido así a las declaraciones que hizo el Ejecutivo regional y el Ministro de Interior sobre el informe del 'caso Púnica'.
El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu considera que el presidente “algo tendrá que ver” con la decisión del juez Velasco de llamar a declarar a cuatro jefes de gabinete tanto del presidente, en su etapa como consejero de Educación, como de la ahora senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha manifestado la evidencia de que si el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, y la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro no estuvieran aforados “ya estarían imputados” por el caso Púnica.