Las financieras de iDental se han comprometido a la cancelación de la deuda o bien la posibilidad de ser evaluados sin coste adicional por una clínica alternativa, que posteriormente les permitiría continuar con el tratamiento, según confirmó la Comunidad en un comunicado de prensa.
La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente requirió a estas entidades (Evo Finance, BBVA, Pepper Finance, Sabadell Consumer y Banco Cetelem) que “informaran sobre el número de clientes con los que tenían contrato para sufragar tratamientos de iDental, así como la proporción que ya había sido abonada en cada caso”.
En la Región de Murcia habría unas 2.000 personas damnificadas entre las 100.000 afectadas en España, aunque se desconoce el número de expedientes que han quedado abiertos tras el cierre de la clínica en la pedanía murciana de Cobatillas el pasado 13 de junio.
El pasado lunes el Colegio de Odontólogos presentó una demanda conjunta que incluye los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental.
Los dentistas de estas clínicas daban un presupuesto inflado del coste del tratamiento para los pacientes. El coste medio de estos tratamientos era de 3.000 euros, por lo que la asociación nacional de afectados por iDental (Adafi) calcula que estas clínicas han estafado en torno a 600.000 euros a nivel nacional.
Las malas prácticas de los odontólogos de estas clínicas, algunos de ellos en prácticas, han llevado a que algunos pacientes hayan perdido dientes sanos e implantes o incluso hayan tenido infecciones. De hecho, la alarma saltó con una afectada en Valencia que resultó infectada de hepatitis B al no haber sido tratada con material esterilizado, según informa el diario La Opinión.
El Pleno de la Asamblea Regional debatirá el próximo jueves una iniciativa de Ciudadanos para que la Comunidad Autónoma tome medidas “con el fin de que los afectados por el cierre de la clínica iDental puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad”.
Por su parte, el diputado socialista Emilio Ivars reclamó a la Consejería que “asuma el coste de los casos más urgentes del fraude de iDental”. Ivars propuso que se realice una evaluación previa a los pacientes, para hacer un informe que determine los casos que presentan más riesgos para la salud y tengan prioridad.
“Estamos ante un tema de máxima sensibilidad”, señala Ivars. “Hablamos de pacientes que habían iniciado sus tratamientos y abonado su importe y ahora se encuentran desprotegidos”, añade el diputado socialista.