GTM ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el llamado caso “okupa tv” y ha enviado toda la documentación de que dispone, para demostrar que la televisión autonómica tiene su sede principal en unas instalaciones sin disponibilidad jurídica. Por ello, pide al TSJMU que se ordene cautelarmente la suspensión de la realización del contrato del canal autonómico, concedido al grupo Secuoya, “considerando que no es posible legalmente ejecutar el mismo en las actuales condiciones en las que la adjudicataria carece de título jurídico para ocupar ese inmueble”.
El Grupo Empresarial Televisión de Murcia ya expresó su preocupación “por la situación de riesgo de los trabajadores y del alcance institucional de tan irregular situación”, y ha añadido que “la sociedad murciana debe ser consciente de que la adjudicataria del concurso público de la televisión autonómica está ocupando como centro de producción permanente y principal, un inmueble que es el activo principal en un concurso de acreedores y que carece de la autorización del Juzgado de lo Mercantil número uno de Murcia”.
Según ha informado GTM, “el pasado 28 de mayo de 2015, la magistrada juez de dicho juzgado dictó un auto en el cual expresamente se rechaza la oferta de contrato que había realizado Secuoya, por no ser una opción que se ajuste al plan de liquidación aprobado”. “En estas circunstancias, GTM comunica al TSJ que la concesionaria nunca debió haber ocupado esas instalaciones, pues tuvo que esperar a la aprobación judicial a la oferta que el propio Juzgado de lo Mercantil numero uno ha acabado rechazando”, explica. A juicio del grupo empresarial murciano, se trata de “razones de peso” que, “sumadas a las ya expuestas en la solicitud inicial, refuerzan la solidez de la petición de que se dicten medidas cautelares para la suspensión de un concurso sobre el que cada día hay más dudas razonables”.
GTM también ha decidido enviar toda la documentación de que dispone sobre el caso “okupa tv” a los diferentes partidos que tienen asegurada su presencia en la Asamblea Regional, en concreto a PSOE, Podemos y C's, “habida cuenta de que el Partido Popular ya ha sido informado a través del Gobierno Regional”. “En los próximos días se trasladará la referida documentación sobre incumplimientos, irregularidades y demás puntos oscuros de un proceso en discusión desde el primer día a Miguel Sánchez (Ciudadanos), Rafael González Tovar (PSOE) y Oscar Urralburu (Podemos), con la finalidad de que estudien si es necesaria una comisión de investigación que vele por los intereses públicos”, ha concluido GTM.