Incumplimiento de salarios, mordidas y trabajo bajo amenaza: la mafia de las ETT en el campo murciano

La Región de Murcia ocupa “lamentablemente” el tercer puesto, tras Cataluña y Madrid, en número de contratos a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). La mayoría de estos contratos se concentran en el sector agrícola. Lo cuenta Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras en la Región. Para hacernos una idea de la salud del sector del campo en materia de derechos laborales en esta comunidad, Navarro explica que hay incluso ETT de otras provincias que se instalan en Murcia y Cartagena, donde pueden operar con mayor impunidad que en sus respectivos territorios. Es un “disparate”, cuenta en su despacho a este periódico.

Nos encontramos ante un sector en el que la norma suele ser el incumplimiento de contratos y cotizaciones y el pago incompleto e irregular de los salarios. Lo denuncia Parem, la Asociación para las Personas Refugiadas y Migrantes residentes en la Región de Murcia, que durante el estado de alarma por la COVID-19 se ha encargado de gestionar la contratación de 32 personas migrantes con distintas ETT. Begoña Iriarte es voluntaria y coordinadora de esta ONG. “Sabíamos que el campo no es la mejor opción laboral, pero sí que era la única salida para muchas personas”. Por ello, tras el real decreto aprobado durante el estado de alarma por el Gobierno central para favorecer el empleo de parados e inmigrantes en el campo, se pusieron manos a la obra.

Adriana Trafonsky es coordinadora de Recursos y Servicios en Parem y es una de las encargadas de hacer malabarismos para encontrar trabajo a las personas que acuden a ellas. Contratar directamente con la ETT, cuenta Trafonsky, es complicado. Hay que pasar por el filtro de los jefes de cuadrilla, que ya tienen a su gente normalmente. Les ahorran a las ETT, explica, el proceso de selección.

Además, “hemos constatado que hay intermediarios que se llevan comisiones inventadas; les hacen alquilar o comprar el material de trabajo y ni siquiera cuentan con cuartos de baño para hacer sus necesidades o una simple mesa con sombra para comer y descansar”. El pago de las nóminas se deja en manos de los jefes de cuadrilla, “que muchas veces los hacen a través de cheques que hay que ir a buscar muy lejos del lugar de trabajo”; les cobran “de manera ilegal” el transporte para acudir a la finca, hasta cinco euros diarios. O les descuentan de la nómina las horas de descanso. “Por ejemplo, si llueve y no pueden recoger fruta, o la hora de la comida”.

Para Natalia (nombre ficticio) fue un choque “brutal” no encontrar cuartos de baño en su trabajo. “Me resultó una ausencia de intimidad total, en especial para la mujer durante sus días de menstruación”. Hace cinco años que reside en España. Llegó de un país de América Latina para labrarse un mejor porvenir. “He trabajado de camarera y en el cuidado de personas dependientes” y nunca pensó en entrar en el sector agrícola hasta la crisis de la COVID-19. “Me quedé sin empleo y vi una oportunidad” en el real decreto del Gobierno.

“Nos hicieron firmar el contrato de forma digital y sin poder leerlo primero”, se queja la mujer al tiempo que relata: “Nos lo mandaron porque reclamamos al percatarnos de las primeras irregularidades”. Natalia y algunos de los chicos de Parem fueron fichados por una ETT valenciana con sede en Murcia.

“La suerte que tuvimos fue que la ONG estaba supervisando constantemente y nos acompañaron en todo el proceso”, pero no es lo habitual “y muchas personas en nuestra situación se ven totalmente desamparadas y perdidas, sin saber a quién recurrir”. De un contrato de un mes y una semana “solo habíamos cotizado 17 días, nos restaron en la nómina el transporte hasta el puesto de trabajo, 10 céntimos de peaje diario para la jefa de cuadrilla y 3,50 euros de alquiler de herramientas de trabajo”. Tras las gestiones de Parem y CCOO, “nos han devuelto todos los conceptos que nos habían descontado injustamente”.

Karim confirma la versión de su compañera. Ambos se encontraban todas las mañanas, a las cinco, en el punto donde el transporte recogía a su cuadrilla. Aunque la jornada empezaba antes porque había que preparar desayuno y comida. Hasta el agua tenían que llevarla y cargarla con ellos. “El trabajo era de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a domingo, muy duro”. A ninguno de los dos les importaba, “necesitamos el empleo, y el grupo con el que trabajábamos era bueno, todos nos ayudábamos; pero la ETT nos estaba robando”.

Este marroquí de 20 años llegó a los 17 a Murcia. Tras su paso por algún centro de menores de la Región, hace dos que deambula sin rumbo fijo. “He dormido mucho tiempo en la calle y se sobrevive, pues... como se puede”. Karim entra dentro del grupo de exmenores tutelados de entre 18 y 21 años a los que el Gobierno ha autorizado la concesión extraordinaria de permisos de trabajo y residencia a raíz de la COVID-19.

“Si trabajan dos meses, su siguiente tarjeta sería con permiso de trabajo”, explica Begoña Iriarte. Esa es la teoría, dice contrariada, “pero el problema es que con esas grandes noticias que abren posibilidades de trabajo y legalización luego nos encontramos muchas veces con un laberinto administrativo que lo dificulta”. Para empezar, explica, la empresa tiene que presentar un documento en el Servicio de Empleo “para que se le contabilicen los días trabajados, y no está ni referido en el BOE”. En su opinión, “se está utilizando gente vulnerable que se parte el lomo para explotarles con total impunidad”.

Natalia y Karim cobraban por hora, pero hay otros casos en los que los trabajadores lo hacen “a destajo”, por piezas recogidas. Las cuadrillas reparten la cantidad de cajas por los integrantes del grupo a partes iguales. “Es decir, si se hicieron 200 cajas entre 8 personas todos deberían cobrar 25 euros, pero la realidad es que algunos cobran 60 euros, otros 18, otros 20 y otros 75, por poner un ejemplo”, relata Adriana Trafonsky.

Como los contratos son temporales, “si trabajas hoy te pagan, y si no trabajas no te pagan; juegan al despiste y llega un punto en que el trabajador solo sabe que tiene que trabajar y nada más”, puntualiza su compañera.

Una mascarilla para todo el mes

En cuanto a los medios de protección ante la COVID-19, relatan, la ETT no les suministró gel desinfectante y solo les facilitó una mascarilla para todo el mes, “de las de un solo uso”. Y no habrían podido disponer de más medios de protección “si no hubiera sido porque Begoña y Adriana venían algunas mañanas hasta el autobús para repartirlas entre el grupo”.

En esta Región va a haber problemas “si no se toman cartas en el asunto”, considera Santiago Navarro. Más aún con el coronavirus acechando. “Se están incumpliendo las medidas de higiene en muchas empresas y podemos cruzar los dedos porque ha habido pocos contagios para las pocas medidas que se han puesto en marcha”, se queja.

Murcia no puede destacar “como esa comunidad donde nos saltamos la ley en materia de contratación, las negociaciones colectivas se paralizan y no se paga el salario mínimo interprofesional”, reflexiona el secretario general de CCOO, quien puntualiza que hay “empresas dignas” y sectores que sí cumplen y nombra, por ejemplo, al de manipulado de cítricos, “que se han sentado y negociado un convenio para que cobren por encima del salario mínimo”. Para Navarro es inexplicable que no se sancione a “empresas que llevan muchos años con estas prácticas, que tienen encomendado su futuro a pagar menos y contratar a través de ETT, y que además ejercen presiones para que los trabajadores no se organicen sindicalmente”.

Unas prácticas que no son desconocidas ni para el Gobierno ni para la inspección, critica Navarro, quien reclama una mesa sectorial que aborde esta problemática. Como si hubieran escuchado sus palabras, el Gobierno regional trabaja para fijar la fecha de la primera Mesa Sectorial sobre Empresas de Trabajo Temporal. “Algo que llevan pidiendo patronal y sindicatos durante varios años”, explican fuentes de la Consejería de Empleo. El próximo martes está prevista la Mesa de Seguridad y Salud Laboral “donde se calendarizará la reunión para abordar esta cuestión”.