Una advertencia policial sobre el correcto uso de la mascarilla, un control de tráfico rutinario, una de tantas paradas en la calle durante el estado de alarma, acudir a comisaría a interponer una denuncia o, incluso, a entregar una cartera que ha sido hallada son situaciones que suponen o han supuesto un estrés añadido para personas migrantes. El motivo: una citación a acudir a dependencias de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Navarra tras la identificación realizada por los agentes. Según han denunciado este viernes los colectivos Papeles y Derechos Denontzat, Médicos del Mundo y SOS Racismo, se tratan estas de “citaciones trampa” y han incrementado durante la crisis sanitaria por el mayor control policial para velar por la normativa COVID. Algunas de ellas, aseguran, se producen a raíz de una parada por motivos “racistas” e incluyen “amenazas” de detención “sin amparo legal” y derivan en actuaciones “aleatorias” que van desde la retirada del pasaporte, entrega de comunicaciones de salida obligatoria, incoación de expediente de expulsión y hasta citaciones periódicas ante la Brigada de Extranjería.
La situación ha sido alertada por varios miembros de estos colectivos frente al Palacio de Navarra, con pancartas en mano y precisamente frente a dos coches patrulla de la Policía Foral y Nacional. En un comunicado que ha sido respaldado por una treintena de organizaciones, aseguran que en ocasiones estos controles de identidad se llevan a cabo por un “perfil étnico”. Por ello, han exigido el cese de los mismos a las administraciones estatal, foral y locales al considerar este hecho como “un acto ilegal por estar basado en criterios discriminatorios”. Además, han advertido que contribuyen a “la perpetuación del racismo estructural basado en la criminalización y el hostigamiento de las personas racializadas”. Según han asegurado, estas citaciones trampa también se han producido tras acercarse una persona migrante a interponer una denuncia por algún posible delito, dándose en casos de violencia género. Las consecuencias de esto último dicen ser “especialmente graves” al colocarles en una situación de absoluta desprotección y disuadirles de acudir a dependencias policiales para alertar de cualquier infracción penal. Esto último, han recordado, contraviene al artículo 1 de la Ley 4/2014 del Estatuto de la víctima del delito, que viene a proteger a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o residencia legal.
Estas organizaciones sostienen además que estas “citaciones trampa” no tienen ningún tipo de amparo legal y contienen amenazas de detención de no acudir a dependencias policiales. Han señalado que en algunos casos se realiza “sin hacer ninguna referencia a la normativa que posibilita esa detención” y, en otros, se alude a la Ley de Extranjería de la siguiente manera: ‘Se le advierte de que, en caso de incumplir este requerimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61.d) de la LO 4/2000, 234 Y 242 del RD 557/2011, se podrá proceder a su detención y posterior traslado a estas dependencias’. Según han recordado, un ejemplo reciente fue el caso del Ayuntamiento de Ribaforada, que engañó a un vecino senegalés para expulsarlo de España. El Consistorio, dirigido entonces por el socialista Jesús María Rodríguez, que ahora es director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, fue denunciado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por el tratamiento de la información personal de Modou Khadim, quien estando en situación irregular fue citado por el Ayuntamiento para detenerle y expulsarle del país.
En este punto, consideran que la actual normativa no contempla la detención al margen de un procedimiento sancionador. Señalan en este sentido lo recogido en el artículo 17 de la Constitución, que establece que ‘nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley’. No obstante, la norma vigente sí incluye la detención a personas extranjeras como medida cautelar para asegurar su expulsión si se encuentran en situación administrativa irregular, pero insisten en que esta medida es posible después de incoarse un procedimiento sancionador y “nunca antes”. En este sentido, apuntan que la potestad sancionadora de la administración “debe llevarse a cabo mediante un proceso regulado” y que “garantice los derechos” de las personas. Y las citaciones, que han calificado de “irregulares”, contienen dicha advertencia de detención de forma explícita.
Asimismo, estos colectivos sospechan que esta herramienta utilizada como puerta a la expulsión tiene su origen en un “cambio de criterio” por parte de la Brigada de Extranjería después de diversas sentencias judiciales que declaraban nula la detención de extranjeros por el mero hecho de ser identificados en la calle. En lo que va de año, estas organizaciones han detectado siete citaciones de este tipo en la comunidad foral. Aunque advierten que son “la punta del iceberg”, las han derivado al Defensor del Pueblo de Navarra. A su vez, éste da traslado de los casos a su homólogo estatal que, por último, los remite al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.
De hecho, el Defensor del Pueblo de Navarra ya se manifestó en diversas ocasiones respecto a la incoación de expedientes sancionadores que derivan en expulsión a personas víctimas de algún delito que acuden a formular una denuncia. Así, la institución ya calificó como “cuestionable” que “el funcionario policial que recibe la denuncia y deba concentrar su atención en auxiliar a la víctima del delito, pueda realizar, al menos en el mismo acto de denuncia o como consecuencia del mismo, indagaciones que permitan adverar si dicha víctima se encuentra o no en situación regular en España, dado que, el resultado de dicha actuación puede conllevar consecuencias indeseables y, por lo tanto, no compatibles con la Ley del Estatuto de la Víctima”.