Un fondo buitre pone en peligro el alquiler social de 400 familias en Pamplona: “Me obligan a pagar el triple o a entregar las llaves”

La compra de 400 viviendas de alquiler social en los barrios de la Rochapea y San Jorge de Pamplona por parte del fondo de inversión Testa Residencial, propiedad de Blackstone, ha puesto en alerta y llenado de preocupación a las familias que viven en los inmuebles afectados, ante la posibilidad de que la subida del precio del alquiler les obligue a abandonar las casas en las que llevan viviendo entre cinco y ocho años en la mayoría de los casos, llegando hasta los 25 en algunos de ellos. Cuando entraron a vivir firmaron las familias firmaron en su mayoría un contrato de tres años prorrogables, pero desde la llegada del fondo Testa Residencial hace dos, el contrato se renueva año a año. La llegada de este fondo buitre coincidió con la pérdida de su condición de vivienda protegida de estos edificios -en su día en manos de los bancos- que durante 20 años estaban obligados a destinarlas a alquiler social. A partir de este año, sin embargo, se acaba la calificación y tienen libertad de mercado para vender o alquilar.

A aquellos vecinos que les toca renovar el contrato en marzo, el fondo buitre les notificó a través de un e-mail hace unas semanas que sus condiciones contractuales cambiaban, subiéndoles el precio del alquiler hasta los 750 euros más gastos, cuando hasta ahora estaban pagando una media de unos 200 euros, gracias a una ayuda del Gobierno de Navarra para complementar el alquiler, siempre y cuando no superara los 650 euros. Ante esta subida, muchas familias se ven obligadas a abandonar sus casas.

“Me quedo en la calle con dos hijos pequeños”

Es el caso de Ximena, que está en el paro y que vive en una vivienda de alquiler social en el barrio de San Jorge con su pareja y sus dos hijos menores de 10 y 11 años. Con el sueldo de su pareja, de unos 1.000 euros a duras penas pueden llegar a fin de mes pagando 200 euros de alquiler más los gastos de agua, luz, comida, etc. Ximena debe renovar su contrato el 1 de abril, y Testa Residencial ya le ha notificado por correo electrónico -“ni siquiera nos han enviado una carta”, denuncia- que a partir de esa fecha si quiere continuar viviendo ahí deberá pagar 730 euros al mes de alquiler más 696 euros de gastos a dividir entre 12 meses. De lo contrario el 31 de marzo “deberá proceder a la entrega de las llaves”. 

Entre lágrimas Ximena cuenta a este periódico que con un único sueldo de 1.000 euros no pueden permitirse pagar un alquiler de 730 euros. “Ahora pagamos 200 euros porque una parte -300 euros- nos la cubre el Gobierno de Navarra, pero ahora perderemos la ayuda”. El Gobierno de Navarra ofrece una ayuda al alquiler social a aquellas familias que lo necesiten cubriéndoles una parte del alquiler siempre y cuando éste no supere los 650 euros. En este caso, como la cifra supera incluso los 700 euros, todas estas familias no podrá acogerse a ella, por lo que pasan a pagar por el alquiler del mismo inmueble en el que viven más del triple de lo que hacían hasta ahora. “Tal y como está el mercado del alquiler ahora mismo y con lo que ganamos, no nos podemos ir a ningún lado. Mis hijos se quedarían en la calle”, relata emocionada Ximena.

Entre las familias afectadas también se encuentra la de Souad, una mujer de origen marroquí que llegó a Pamplona hace 8 años. Víctima de violencia de género y madre separada de dos hijas pequeñas accedió a una vivienda del alquiler social en uno de los bloques que ha comprado Testa Residencial, que al igual que a Ximena, ya le ha notificado que o paga 790 euros al mes o que entregue las llaves el 31 de marzo.

También hay pensionistas, que llevan viviendo algunos desde hace 25 años, como es el caso del padre de Susana. Cobra una pensión mínima de 600 euros, y aunque a él todavía no le han notificado la subida del alquiler porque aún le quedan unos meses para tener que renovar el contrato, teme viendo lo que le está pasando a sus vecinos, por el día que revise el correo electrónico y se encuentre uno de Testa Residencial. Con él vive su hija Susana, que a su vez tiene tres hijos menores. A ella le gustaría independizarse pero, entre que no encuentra un empleo estable y la amenaza de su nuevo casero, este fondo buitre, a día de hoy lo ve imposible. “Si me voy y a mi padre le suben el alquiler a 750 euros, tendría que irse a la calle. No le llegaría con la pensión para pagarlo”, lamenta.

El Gobierno de Navarra espera dar una solución inmediata a las familias 

La situación de las 400 familias afectadas no ha tardado en llegar a oídos del Gobierno de Navarra. El asunto, que fue desvelado a través de una pregunta formulada al concejal delegado de Vivienda, Juan José Echeverría, por parte del concejal de EH Bildu Endika Alonso en la comisión de urbanismo del ayuntamiento de Pamplona, llegó también al Parlamento de Navarra por parte de EH Bildu que trasladó la misma cuestión, pidiendo una solución al Gobierno para esas familias.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, manifestó que ya vienen trabajando hace semanas con el fondo inversor Testa Residencial por la compra de varios edificios de vivienda protegida y ha señalado que mantendrán una reunión el próximo martes en la que esperan alcanzar un acuerdo y “solventar esta cuestión”.

Chivite añadió que  “podría haber un acuerdo en torno a no superar ese límite de los 650 euros de alquiler”. “Todo parece apuntar a que se llegará a ese acuerdo y no tendríamos que hablar de familias desalojadas, ha comentado, para mostrarse ”optimista“.