No está siendo un inicio de curso tranquilo, ni mucho menos, para el Gobierno que preside Uxue Barkos. A pesar de los anuncios de actuaciones conjuntas de los miembros del cuatripartito para el estreno de ciclo político tras el verano (como la discutida ley de incompatibilidades de los altos cargos o la polémica ley de símbolos), lo cierto es que las intenciones no se han traducido en iniciativas consensuadas. Al contrario, la presión ejercida por Bildu y Podemos sobre el Gobierno contra alguna de sus iniciativas ha llevado al Ejecutivo a rectificar.
Estas dos formaciones políticas no están dispuestas a desviarse de sus objetivos marcados en el acuerdo programático y se lo han hecho saber a Uxue Barkos. Así que al Ejecutivo le ha tocado recular, por ejemplo, en la adjudicación de su flamante informe sobre la viabilidad de una banca pública. Y está pendiente de que el voto de Podemos no se una al de la oposición para reclamar este año el pago completo de la extra que dejaron de cobrar los funcionarios forales en 2012. Bildu y Podemos aprietan, pero no ahogan. Se ve claramente en el conflicto que mantienen los bomberos con el Gobierno.
Resulta extraño ver a los representantes sindicales de los bomberos, de mayoría abertzale, manifestándose contra una consejera que nombró Bildu. Se quejan por la falta de efectivos y critican que las iniciativas llevadas a cabo por la consejera María José Beaumont no son suficientes y llegan con retraso. Pero no llevan su presión más allá. Sus quejas, aunque muy reiteradas, no han llegado hasta el punto de pedir la dimisión de la consejera.
Fruto de estas evidentes tensiones entre los socios del cuatripartito, Barkos ha tenido que salir públicamente a dar la cara en varias ocasiones durante estas pasadas semanas. La nueva política de comunicación inaugurada por la portavoz María Solana, llena de contenidos económicos prometedores -como el incremento de las inversiones previstas por la industria navarra- y de iniciativas simbólicas muy del gusto del cuatripartito -como la retirada de la laureada franquista del Palacio foral- se ha visto ampliamente superada por el superior reflejo mediático que están teniendo las tensiones internas del cuatripartito. El vicepresidente Ayerdi habla de “ruido”.
“Ruido mediático”
Ayerdi reconoce abiertamente que ha decidido declarar desierta la adjudicación de un informe sobre la viabilidad de una banca pública en Navarra por el “ruido mediático”. El concurso para elaborar el estudio, con un presupuesto de 50.000 euros, dio como vencedor a la consultora AFI. Y parece que la vinculación de esta empresa, hace años, con la ahora extinta Caja Navarra ha sido la gota que ha colmado la paciencia de Podemos. La formación morada ya advirtió antes de que se convocara el concurso que, en su opinión, para estudiar la conveniencia o no de crear una banca pública en Navarra, era muy apropiado que intervinieran entidades “de carácter imparcial”, como la UPNA. También Bildu ha expresado la “importante desconfianza en el resultado de la adjudicación” del informe a AFI. Además, como cada vez que UPN encuentra una grieta en el cuatripartito, los regionalistas han metido la cuña también en este asunto: “Habrá que poner una nueva cláusula en los concursos que diga que el adjudicatario tendrá que contar con el beneplácito de Podemos”, ironiza Carlos García Adanero, “porque esto es un triunfo de Podemos. A cada uno lo suyo”.
Esta próxima semana se conocerá el desenlace de otro episodio más de disensión por el que atraviesan los socios del cuatripartito: la devolución de la parte que queda por reembolsar a los funcionarios de la paga extra que suprimió Barcina en 2012. El gobierno de Barkos abonó en enero de este año el 50% de la deuda a los funcionarios forales, y se comprometió a reintegrar la mitad restante al calor de los nuevos presupuestos, un 25% el año que viene y el otro 25% en 2018.
Podemos, no obstante, ha manifestado públicamente su no total conformidad con lo acordado por sus socios del cuatripartito en este asunto. Para la formación morada, lo correcto sería desembolsar en 2017 el 50% de la extra que se adeuda. Aunque esos 36 millones de euros impidan cumplir con el objetivo de gasto establecido para las comunidades autónomas. De nuevo, UPN aprovecha esta falta de uniformidad en el discurso del cuatripartito para intentar agrandar la brecha. En esta ocasión, ha tramitado en el Parlamento una proposición de ley para exigir al Gobierno la devolución de lo que se adeuda a los funcionarios en 2016. Es decir, UPN ha puesto negro sobre blanco, y con categoría de ley foral, la aspiración de Podemos. Aunque la ley reciba el voto en contra de Geroa Bai, Bildo e I-E, si Podemos opta por desmarcarse del discurso oficial, la ley puede resultar aprobada.
Paga extra ya
Si finalmente Podemos permite que una ley obligue al Gobierno a pagar la extra que debe a los funcionarios, será en contra del criterio de la consejera al frente de la Función Pública, María José Beaumont. Una consejera cuyo nombre propuso Bildu para formar parte del gabinete de Barkos. Y una consejera cuya gestión está siendo duramente contestada por muchos de los funcionarios a su servicio, especialmente los miembros de Policía Foral y Bomberos. A Beaumont le ha dimitido, de forma testimonial, la mayoría de los altos cargos de la Policía Foral. Pero también los más altos dirigentes del cuerpo de Bomberos, a quienes tuvo que sustituir de forma urgente.
A la consejera propuesta con Bildu le está tocando bailar constantemente con las más feas de la fiesta: las fallidas convocatorias de ofertas públicas de empleo que formuló UPN en periodo preelectoral, y con cuyos recursos lidia ahora Beaumont; la falta de presupuesto para incrementar las retribuciones de los funcionarios, como prometía Bildu en campaña; o el menor crecimiento de ingresos que impide cumplir la promesa electoral de abonar toda la extra adeudada a los funcionarios.
Sin embargo, y a pesar de gestionar varias de las materias más cuestionadas por el propio electorado abertzale, la presión que soporta la consejera que nombró Bildu está medida y limitada. Es cierto que ha tenido que aguantar a los bomberos manifestándose en la puerta de su despacho, pero nadie osa pedir su dimisión por las promesas incumplidas de Bildu.
El caso es que la tensión a la que Bildu y Podemos están sometiendo últimamente al Gobierno ha rebasado los límites del discurso interno del cuatripartito y ha llegado a originar varias manifestaciones públicas de la presidenta Barkos. La paga extra se abonará “cuando se pueda”, porque todo a la vez es imposible: OPEs, incrementos salariales para funcionarios y devolución de la paga extra.
La voz de Barkos intenta templar los ánimos desde el ámbito público. Habrá que esperar unas semanas para ver si también consigue apaciguar el ámbito interno del cuatripartito. El curso parlamentario va a estar lleno de ocasiones para demostrarlo.