El Gobierno de Navarra ha activado este lunes el procedimiento que permitirá a las víctimas de la violencia policial y de la extrema derecha ser reconocidas como tales. La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha firmado una Orden Foral que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) con la que se pone en marcha el procedimiento para solicitar la declaración de víctima por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. El plazo para presentar las solicitudes se iniciará a partir de la publicación de la Orden Foral en el BON y finalizará en cuatro años y seis meses.
La publicación de esta norma llega después de que el Parlamento de Navarra diera luz verde a una modificación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia policial o de grupos de extrema derecha, aprobada en 2019, por la que se equipara las indemnizaciones que recibirán las víctimas reconocidas por esta norma con las que perciben las víctimas del terrorismo, después de recibir el aval del Tribunal Constitucional a la ley tras los recursos presentados por PP y Vox.
Según explican desde el Ejecutivo foral, las solicitudes podrán ser promovidas y presentadas por aquellas personas que hayan visto vulnerados sus derechos humanos en las circunstancias y con las consecuencias siguientes: que las vulneraciones se hayan producido en un contexto de actuaciones de motivación política; que se hayan realizado en un contexto de actuaciones de motivación política en las que hubieran podido intervenir funcionarios públicos o particulares que actuaban en grupo o de forma aislada e incontrolada; que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya producido un perjuicio a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas. Tendrán también legitimación activa las personas o entidades que, sin estar comprendidas en el mencionado ámbito, hayan tenido conocimiento directo y riguroso de hechos que entren dentro de la aplicación de la mencionada ley.
La consejera Ana Ollo ha recordado al respecto que “deben asegurarse todos los mecanismos necesarios para resarcir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de aquellas personas que han sufrido vulneración de derechos humanos”. “Toda víctima tiene el derecho a ser reconocida y reparada, de manera individualizada, sin equiparaciones sobre las causas de su victimización, sin marginaciones ni exclusiones”, ha señalado.
Será la Comisión de Reconocimiento, formada por nueve expertos y presidida por el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, la que estudiará de manera individualizada cada solicitud para decidir quiénes adquieren la condición de víctima, y en ese caso, cuál será su indemnización.
El texto aprobado en el Parlamento modifica el artículo 12 de la ley y fija las indemnizaciones que tendrán derecho a percibir aquellas personas que sean reconocidas como víctimas de la violencia policial o de extrema derecha, así como sus familias. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado.
Además, el texto recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral. De esta forma, la familia de Mikel Zabalza, navarro que fue torturado y asesinado por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa) en 1985, podría complementar la indemnización que le ha sido reconocida por el Gobierno vasco fijada en 135.000 euros hasta los 250.000 que contempla la ley navarra.
Con esta modificación se corrige el texto de la ley original que vinculaba las indemnizaciones a la ley foral de víctimas del terrorismo del año 2010, lo que complicaba el acceso a las prestaciones de las víctimas de la violencia policial y de la extrema derecha por no estar mencionadas en la norma. “La ley necesitaba unas correcciones y es lo que se ha conseguido”, ha señalado la portavoz de Geroa Bai Uxue Barkos.
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