El Gobierno de Navarra y el Estado ha “intensificado” los trabajos en las últimas semanas con el objetivo de cerrar la transferencia de Tráfico antes de que finalice el año. De concretarse, supondría adelantarse tres meses a la fecha que acordó EH Bildu con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el 31 de marzo de 2023, dentro del pacto de presupuestos. Todavía existen diferencias económicas entre las partes, que intentarán resolver en los próximos días para firmar la transferencia antes de que finalice el 2022.
Según ha manifestado esta semana el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, miembros de los dos ejecutivos se “han estado reuniendo” en los últimos días para tratar de solventar los últimos flecos del acuerdo. “La voluntad es que ”se pueda producir a lo largo de este mes de diciembre“ ha destacado.
Desde el Gobierno foral, su portavoz, Elma Saiz, ha subrayado la importancia de “detallar técnicamente” la ejecución de la transferencia, que “tiene un impacto económico y determinados desgloses técnicos”. En los últimos meses han surgido importantes discrepancias entre gobiernos en cuanto al coste económico de la transferencia, cantidad que una vez acordada, Navarra se descontará de la cantidad que aporta al Estado anualmente por las competencias no traspasadas en virtud del Convenio Económico.
La firma de la transferencia, una vez se produzca, no provocará el repliegue de la Guardia Civil de Navarra, que seguirá ejerciendo las competencias que le son exclusivas. Incluso en los próximos años seguirá operando en las carreteras de la comunidad foral, puesto que la Policía Foral no dispone todavía de los agentes suficientes necesarios para ejercer la competencia de manera efectiva en estos momentos. En total, tenía alrededor de 1.089 efectivos a finales del año pasado para todos sus cometidos, también orden público o seguridad ciudadana. Y le harían falta unos 120 más. Por ello, en el acuerdo se fijará un calendario para que el relevo sea efectivo en el plazo de “unos cinco años”, una vez el cuerpo foral se haya reforzado y los guardiaciviles que hayan querido cambiar el color de su uniforme mediante la pasarela legal que recoge la ley de Policías de Navarra estén ya traspasados.
Tráfico es una reivindicación histórica de Navarra y que han defendido todos los gobiernos forales en democracia. En la LORAFNA, el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas, se prevé la existencia de una Policía Foral con continuidad de las funciones que ya desarrollaba antes de esta normativa y que pueda ampliar sus facultades conforme a las disposiciones estatutarias.
En el año 2000, el presidente Miguel Sanz, de UPN, fue el primero que logró un “compromiso” con el Ejecutivo de José María Aznar para el traspaso de estas funciones a la Policía Foral. Posteriormente, Uxue Barkos (Geroa Bai) alcanzó un acuerdo con Pedro Sánchez en 2018, que se ha ratificado durante el Ejecutivo de María Chivite (PSN).
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