Sin calendario ni presupuesto para atajar las agresiones a docentes
- La consejera Solana asegura que Educación “está trabajando” pero no concreta qué medidas se han puesto en marcha
Los últimos datos oficiales ponían de manifiesto el “desamparo” en el que se sienten muchos docentes ante las agresiones que sufren en el aula. Hasta febrero de este año, Educación ha registrado 89 agresiones a profesores y personal no docente, lo que suponía un incremento del 128% con respecto a los casos detectados el curso pasado. La nueva consejera de Educación, María Solana, ha mostrado este martes su preocupación por este asunto, aseguró que se están llevando a cabo medidas desde su departamento para atajarlo, y ha recordado que el Gobierno lleva trabajando con los sindicatos en un plan para reducir las agresiones desde hace meses. Pero no fue capaz de poner fecha a la implantación de dichas medidas ni puso cifra al coste que supondrá su puesta en marcha.
Solana comparecía a petición propia para explicar en el Parlamento el trabajo realizado por el grupo que se creó hace meses para estudiar “en profundidad las agresiones externas a docentes y personal no docente, un tema que viene suscitando gran preocupación en la comunidad educativa y en los grupos de esta Cámara”, admite la consejera.
Sin embargo, las únicas fechas que puede aportar son las correspondientes a las reuniones del citado grupo de trabajo: La primera se produjo el 13 de septiembre y, en total, se han celebrado 11 sesiones. El último día que se reunió el grupo, la parte sindical aportó un informe con propuestas que se aprobó por unanimidad. Fue el pasado 17 de enero. Pero Solana no ha detallado cuáles de esas sugerencias se han puesto en marcha, o cuáles se dejarán para el próximo curso.
“El departamento trabaja en las acciones propuestas, en las cuestiones que se preveía llevar a cabo en distintos tiempos, muchas de ellas sin ningún coste añadido, pero con una incidencia y repercusión importante en mejorar la convivencia y disminuir las agresiones externas a las que se ven sometidos, en demasiados casos, docentes y no docentes”, ha señalado la consejera.
El delegado de prevención
Entre otras iniciativas, Solana ha citado “acciones para la difusión del protocolo de actuación, sensibilización de equipos directivos, formación específica, información al alumnado y a las familias a través de direcciones y Apymas, y la coordinación del profesorado con los delegados de prevención”.
También se incluye, entre otras medidas, “la divulgación de la figura del delegado de prevención; la seguridad y protección al personal en centros de riesgo o dotar con mayores recursos materiales y humanos a los centros”, unos “compromisos”, ha reconocido Solana que “implican prever este tema en los Presupuestos”. Sin embargo, la consejera no ha referido que exista partida presupuestaria para financiarlos, y ni siquiera ha ofrecido a los grupos una cifra aproximada del coste que supondría la implantación de estas medidas.
La poca concreción de la consejera le ha valido las críticas de la oposición. Según UPN, “Educación no ha hecho la tarea”. Para el PSN, Solana “no está asumiendo la responsabilidad de dar ejemplo y liderar esta cuestión”, mientras que para el PP “es necesario llevar a cabo una ley de protección del profesorado”.
