La planta de purines de Ultzama emborrona la imagen de UPN como gestor de fondos públicos

La vía judicial y la investigación política transcurren paralelas en el caso de la planta de purines de Ultzama, aunque previsiblemente puedan adoptar trayectorias divergentes: mientras que fiscalía ha pedido al juez el archivo de la causa penal, las conclusiones que se extraen del trabajo la comisión de investigación apuntan hacia una nefasta gestión por parte del Ayuntamiento de UPN. El Gobierno foral presentó una querella, recientemente ampliada, contra las dos empresas gestoras del proyecto, Levenger y Bioenergía Ultzama, contra el presidente de esta entidad, el empresario checo Jiri Bezdicek, y contra dos ediles de UPN que pertenecieron a su Consejo de Administración, Francisco Javier Tornaría y Francisco María Iribarren. El Ejecutivo entiende que se han cometido, entre otros, delitos de fraude, prevaricación municipal para lograr subvenciones y falsedad documental. La fiscalía, por su parte, se ha pronunciado en dos ocasiones pidiendo el archivo de la causa, al considerar que no hay evidencias de que se hayan cometido dichos delitos, y que incluso, se haberse cometido, estarían prescritos.

Mientras la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Pamplona estudia si admite la querella del Gobierno, la comisión de investigación parlamentaria lleva a cabo un intenso trabajo de toma de declaración a una lista de implicados en la construcción y gestión de la ruinosa planta de purines.

La planta fue instalación para el tratamiento de los residuos de las explotaciones ganaderas ubicada en Iraizotz, inaugurada en diciembre de 2010 y que quebró cuatro años después, a pesar de haber recibido doble subvención pública que superó los tres millones de euros. Fue gestionada por el Ayuntamiento de Ultzama gobernado por UPN y fue cerrada por EH Bildu cuando sucedió a los regionalistas en dicho consistorio.

De manera que el combate político se libra entre dos bandos formados por UPN y, al otro lado del ring, en el papel de acusación popular, los cuatro grupos que apoyan al Gobierno. Comandados por EH Bildu, defienden que el asunto Ultzama es un flagrante caso de corrupción protagonizado por UPN. Los regionalistas, por su parte, basan su defensa en negar la mayor y mantienen que “no hay caso Ultzama” y que todo el ‘ruido’ está siendo provocado por la estrategia política de EH Bildu.

Datos escabrosos

Sin entrar a determinar si hubo o no responsabilidad penal en los hechos, el objetivo de la comisión de investigación se centra en averiguar si la construcción de la planta fue necesaria; si el sistema de doble facturación detectado por la Cámara de Comptos, el máximo órgano consultor de la Comunidad foral, fue la fórmula que se buscó para conseguir dobles ayudas públicas por parte del Gobierno; cómo es posible que una instalación recién construida y con subvenciones públicas terminase siendo ruinosa en menos de cuatro años; y quién es el responsable de todos estos hechos.

Han comparecido ante la comisión de investigación numerosos cargos públicos o que lo fueron durante el funcionamiento de la planta de purines. Los actuales consejeros de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural, el anterior consejero de Agricultura regionalista, la propia alcaldesa actual de Ultzama o los ediles regionalistas contra quienes se ha querellado el Gobierno, que se acogieron a su derecho a no declarar.

El último técnico en explicar su visión de los hechos a la comisión de investigación ha sido el administrador concursal de la planta, cuya declaración da fe de la situación ruinosa de las instalaciones a los cuatro años de haberse inaugurado: “La planta estaba en mal estado, en un deficiente estado de conservación, con una tecnología que no funciona y constantemente tiene averías”.

Otras declaraciones anteriores han puesto de manifiesto más aspectos escabrosos sobre la gestión de la planta, como que el software de la maquinaria para el tratamiento de los purines estaba en checo; que una de las empresas del entramado de la supuesta doble facturación, Levenger, fue la encargada de facilitar una maquinaria de procedencia inusual y cuyos materiales presentaron una calidad tan deficitaria que el deterioro fue demasiado rápido; que un informe en poder del Ayuntamiento reflejase que “el estado general de las instalaciones era de abandono, llenas de suciedad, con materiales de todo tipo depositados por todas partes, desorganización y corrosión generalizada de elementos metálicos”, o que “sólo funcionaba uno de los motores de generación de electricidad y calor, y no lo hacía a pleno rendimiento”.

Golpes de efecto de UPN

UPN ha defendido a capa y espada la actuación de sus ediles en este asunto. El parlamentario regionalista Sergio Sayas, que se está empleando a fondo en el papel de letrado de la defensa, ha utilizado varios golpes de efecto con los que pretende llevar el debate al terreno de lo político y no al de las irregularidades o al de la nefasta gestión que revelan muchas de las declaraciones de los comparecenientes. Sayas denunció, por ejemplo, que entre la documentación remitida por el Ayuntamiento de Ultzama (ahora en manos de EH Bildu) a la comisión de investigación, figuraban fotografías personales de dos de sus concejales. “Y ya sabemos todos lo que ha ocurrido en esta tierra”, deslizó su compañero de filas Juan Luis Sánchez de Muniáin en referencia velada a la actividad terrorista de ETA. Burofax al Consistorio de por medio, los concejales exigieron saber qué información suya figura en la base de datos municipal y quién incluyó sus fotografías en el expediente municipal sobre la planta de purines.

Todas las comparecencias de cargos regionalistas que estuvieron implicados directa o indirectamente en la puesta en marcha de la planta de purines han dejado ante la comisión de investigación un mensaje similar: todo se hizo de acuerdo a la legalidad vigente, no existen irregularidades, no hubo trato de favor, el proyecto era necesario pero su gestión no fue exitosa… En definitiva, no hay caso Ultzama. Un argumento al que UPN se aferra como a un clavo ardiendo al señalar que la fiscalía ha pedido en dos ocasiones el archivo de la causa. El problema para los regionalistas es que, aunque finalmente el Juzgado de Instrucción decidiera el archivo de la causa penal, la comisión de investigación abierta al público ha sacado a la luz una gestión nefasta de unas instalaciones construidas gracias a las dobles subvenciones públicas. Haya o no delito en lo ocurrido, la imagen de UPN como gestor de fondos públicos ha quedado seriamente dañada a raíz de los purines de Ultzama.