Acceder a una vivienda “normalizada”, un punto de partida contra la exclusión
Acceder a una vivienda “normalizada y digna” puede servir, por así decirlo, como un gancho para la inclusión de aquellas familias “que han caído”, que vienen de un largo proceso de exclusión social o que se han visto afectadas por la crisis. Gilberto Padrón, director de la fundación Santa Lucía en Pamplona, una entidad impulsada por el movimiento de comunidades cristianas Adsis, explica de esta forma qué supone para estas familias acceder a un techo. Por él pagan un alquiler de un máximo de 150 euros y la fundación realiza con estas familias, que pueden utilizar ese inmueble durante un máximo de tres años, una labor de acompañamiento para trabajar en la convivencia con el vecindario o el cuidado de ese hogar. Es, básicamente, un nuevo punto de partida desde el que arrancar, de ahí que desde Santa Lucía apuesten por ubicar este tipo de viviendas en Navarra sobre todo en zonas como Pamplona y Comarca, así como en cabeceras de merindad, para tener un mejor acceso a los recursos sociales.
Atender estos casos, derivados desde los servicios sociales, es uno de los objetivos del Fondo Foral de Vivienda Social del Gobierno de Navarra, que se creó en 2014, con Yolanda Barcina al frente del Ejecutivo, y que ahora el gabinete Barkos se ha comprometido a impulsar. Porque el fondo, según denunciaron por ejemplo las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, llegó tarde y era escaso. En la actualidad, cuenta con 55 viviendas, 21 de las cuales se ceden a diversas entidades sociales para que desarrollen sus propios proyectos (Cáritas Cruz Roja, Asociación Síndrome de Down Navarra…).
La ONG París 365 es una de ellas. En su caso, son viviendas dirigidas a atender personas que no cuentan con hogar (o bien este es inseguro), ya sea por cuestiones económicas, “otras barreras sociales” o bien porque tienen dificultades para llevar una vida autónoma. Así, se les ofrece una vivienda por una cuestión de emergencia o para estancias más largas, de hasta dos años. Entre su propio parque de viviendas, París 365 cuenta con cuatro inmuebles cedidos (dos en alquiler, dos en precario) a través de este sistema del Gobierno Foral, aunque una de ellas está sin utilizar porque no se puede hacer frente a los costes de su rehabilitación, según lamentan desde la entidad. En 2015, han tenido 31 personas usuarias (20 hombres, 11 mujeres y siete menores de edad), de las que 18 han accedido al servicio gratuitamente.
Otras 34 casas del fondo, parte de ellas cedidas por el Ayuntamiento de Pamplona, son arrendadas por la mencionada fundación Santa Lucía. ¿Quién puede acceder a este servicio? La normativa que lo regula establece que se trate de personas empadronadas en Navarra que no pueden acceder a una vivienda libre o protegida y que han perdido su vivienda habitual por un desahucio o la dación en pago, que pueden perder esa casa porque no llegan a hacer frente a las mensualidades del alquiler o la hipoteca, que viven en un inmueble en malas condiciones de habitabilidad, o, por último, que se trate de personas al final de un proceso de incorporación social y que puedan ser autónomas salvo por esa falta de vivienda. Hay, por ejemplo, personas sin hogar o adolescentes que han estado en centros de tutela.
Se trata, como ya apuntó Ángel Larrea, uno de los representantes de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, de uno de los recursos necesarios para, por ejemplo, evitar que ante un proceso de desahucio haya quien se quede en la calle, por lo que desde la PAH se solicitó al Gobierno Foral que se comprometiera, y de forma efectiva, a ofrecer soluciones habitacionales. Y más teniendo en cuenta, como ya adelantó eldiarionorte Navarra, que durante el primer semestre de este año, según datos manejados desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral, se realizaron 256 desahucios, por lo que esa oferta de viviendas puede quedarse corta. En la actualidad, todas están ocupadas, según apuntan fuentes del Departamento de Políticas Sociales.
Más rehabilitaciones
En una reciente reunión entre el vicepresidente social, Miguel Laparra, y la PAH, se abordó, entre diferentes soluciones de vivienda, una medida concreta: la posibilidad de aumentar la rehabilitación de viviendas de la Diputación que pudieran destinarse a aumentar este fondo foral. Se trata de las mejoras pendientes en las llamadas casas de camineros, donde se alojaba a la plantilla que arreglaba caminos en la Comunidad Foral y que, tras su jubilación, quedaron deshabitadas.
En la actualidad, hay trece puntos diferentes de la geografía navarra en las que existen este tipo de viviendas (desde Allo a Zubiri, pasando por Estella, Navascués o Roncal) y, en conjunto, suman 155 casas. Ya durante la pasada legislatura, el gobierno de UPN impulsó la rehabilitación de 15 de ellas en el barrio pamplonés de San Jorge (que pasaron a ser gestionadas precisamente por la fundación Santa Lucía), y ahora también está previsto que se arreglen otras ocho, en este caso en el municipio de Sangüesa. El coste de estas rehabilitaciones, según los cálculos que maneja el departamento, oscila entre los 24.000 y los 35.000 euros. Del presupuesto disponible, de nuevo, dependerá una rehabilitación de viviendas que permitiría ampliar una oferta con un amplio margen de mejora.
