El Gobierno de Navarra ha desmentido que organizara “ningún acto de homenaje que incluía a miembros de ETA” y ha remarcado que “no va a permitir que se distorsione ni manipule el sentido” del acto de homenaje a las víctimas de violencia por motivación política celebrado el sábado.
En este sentido, el Ejecutivo foral ha precisado que, en colaboración con el Parlamento de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, organizó en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 16/2015, un acto de reconocimiento y reparación “genérico y simbólico” a víctimas de violencia de motivación política.
Esta ley fija la naturaleza de este acto como “genérico y simbólico, contexto que reguló el acto organizado el sábado por Gobierno de Navarra, en colaboración con el Parlamento de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ya que contemplaba el plazo de un año para su organización mientras fijaba una Comisión encargada de estudiar en el plazo de cinco años, quienes podrían tener la condición oficial de víctimas de motivación política”, ha explicado el Ejecutivo foral en un comunicado.
La citada ley fue recurrida por el Abogado del Estado ante el Tribunal constitucional que admitió a trámite este recurso que contemplaba la suspensión de la misma en enero de 2016. Sin embargo, y en contra de la suspensión total, el 26 de abril de 2016 el pleno del Tribunal Constitucional levantó la suspensión de algunos artículos en concreto la disposición que regula el acto.
Posteriormente el 14 de septiembre de 2016, el Parlamento de Navarra, en el seno de la Comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales aprueba una moción presentada por Izquierda-Ezkerra y apoyada por UPN, Geroa Bai, EH-Bildu y Podemos, en la que insta al Gobierno a celebrar este acto en el plazo máximo de tres meses.
El acto organizado el sábado por las instituciones públicas navarras (del que se desmarcaron UPN y PP) “se inscribe pues en un contexto legal, avalado por el Tribunal Constitucional, como un acto de reparación y reconocimiento genérico y simbólico. En ningún momento del acto se hizo mención expresa a ninguna persona concreta”, ha precisado el Gobierno de Navarra.
“Pero además, la organización del acto se inscribe en el deber ético que toda sociedad democrática tiene a la hora de respetar el marco internacional de defensa de los Derechos Humanos, tal y como quedo de manifiesto en todo el acto que se cerró con una declaración institucional de Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y Federación Navarra de Municipios y Concejos en donde se expresaba el compromiso de las instituciones navarras en la defensa de los derechos humanos y el rechazo a todo tipo de violencia”, ha añadido.