El precedente en La Rioja pone en jaque la decisión de Podemos de inhabilitar a Rosana Alonso
“Alegría” y “cautela” son los dos sentimientos que afloran en el grupo afín a Rosana Alonso después de que un juzgado de primera instancia de La Rioja haya echado por tierra la decisión de la dirección estatal de Podemos de impedir al portavoz parlamentario del partido en esta comunidad autónoma, Germán Cantabrana, participar en el proceso de primarias que la formación abrió para designar al cabeza de lista de la candidatura electoral del próximo 26 de mayo.
Aunque las causas por las que Cantabrana y Alonso han sido expulsados de sendos procesos no son exactamente iguales, la sentencia del Juzgado de Instrucción número 6 de Logroño ha supuesto un chute de adrenalina para quienes han apoyado a la diputada nacional después de que el Comité Electoral de la formación morada la apartara de la carrera interna alegando el incumplimiento del código ético al no intervenir en el conflicto abierto entre el diputado autonómico José Ramón Blanco y otras dos dirigentes del partido, Verónica Ordóñez y Lidia Alegría, así como una trabajadora, por un supuesto caso de acoso laboral.
Además de Alonso, a la que también despojaron de su cargo como secretaria general del partido en Cantabria, también fueron apartados por este mismo motivo el secretario de Organización, David González, y la secretaria de Feminismos y LGBT+, Belén Milán, dando paso al nombramiento de una gestora.
Frente a aquella decisión, Alonso presentó una demanda contra Podemos por vulneración de sus derechos fundamentales, al igual que hizo Cantabrana, al que la Justicia acaba de dar la razón. En el caso del portavoz parlamentario riojano, el partido de Pablo Iglesias justificó su inhabilitación por dos motivos: uno económico, al no abonar los excesos de su sueldo como cargo público y no transferir al partido la subvención que el grupo parlamentario recibe de la Cámara; y el otro similar al de Alonso, ya que contaba con un informe negativo del Comité de Seguridad y Salud de Podemos por el trato dado a trabajadoras del grupo parlamentario.
A contra reloj
La denuncia de Alonso contra Podemos provocó el pasado mes de noviembre la suspensión cautelar de las primarias en las que Ordóñez había quedado como única candidata hasta que un juez resuelva el litigio, el cual se celebrará el próximo 7 de marzo y en el que declararán como testigos Blanco y Ordóñez, así como varios miembros del Comité de Salud y Seguridad Laboral que elaboraron el informe que consideraba probado que Blanco había acosado laboralmente a tres compañeras.
En dicho informe se concluía también que la diputada nacional y entonces secretaria general y los dos miembros de su dirección anteriormente mencionados trataron de ocultar las denuncias por acoso laboral, con lo que no habrían cumplido el código ético de la formación.
Así, el juicio tendrá lugar a poco más de un mes para que se cierre el plazo para registrar las listas ante la Junta Electoral -22 de abril-, si es el que el partido concurre finalmente en solitario y no en confluencia con IU y Equo.
